"Detectives. RIP" denuncia el afán del poder por controlar

Alfredo Valenzuela, Sevilla, EFE El detective privado Juan Carlos Arias ha denunciado en el libro "Detectives. RIP" lo que considera que puede ser el final de su profesión en España por las exigencias que, según ha dicho Efe, establece la nueva Ley de Seguridad Privada para el ejercicio de su profesión.

Además de rechazar el pago de un seguro para afrontar posibles sanciones administrativas derivadas de las infracciones en que puedan incurrir durante sus investigaciones y tener que suscribir un seguro de responsabilidad civil, Arias considera letal para su profesión la obligación de informar con carácter previo al Ministerio del Interior de cada uno de los casos que investiguen.

El detective, que ha confiado en que esta exigencia se pueda atenuar en el desarrollo reglamentario de la ley, ha asegurado que la medida acarreará una "espantada de clientes", ya que los detectives habrán de informar a Interior dando el detalle de sus clientes y de las personas que estos les encargan investigar.

Una exigencia que, según Arias, entra en contradicción con la de mantener el secreto sobre sus casos, que también prevé la nueva norma.

Arias se ha preguntado "por qué los que mandan persiguen a los detectives cuando los contratan por detrás", en alusión a casos en los que las investigaciones privadas han tenido consecuencias políticas.

Según Arias, "la vuelta de tuerca" que supone la Ley de Seguridad Privada sobre la norma de 1992 que regulaba la actividad del detective privado, se debe a los escándalos que supusieron la denominada "Operación Pitiusa", en la que fueron detenidos casi setenta detectives, y la de la agencia catalana "Método 3".

Los detectives españoles tienen una formación universitaria y profesional muy superior a la existente en la mayor parte del mundo, según dice en el prólogo de "Detectives. RIP" el periodista Fernando Rueda, mientras que Arias ha asegurado que en los países del entorno español no hay norma alguna que exija al detective privado informar previamente de los casos en los que se va a ocupar, ni de la identidad de sus clientes.

Fernando Rueda, que asegura que escándalos como los de la "Operación Pitiusa" y "Método 3" "ensombrecen la labor callada y exitosa de centenares de detectives", sostiene que si a estos profesionales se les dotara de más competencias su trabajo se sumaría al de los policías porque se trata de "sumar y no restar".

Como ejemplo de medidas que considera contraproducentes, Rueda pone el que no se les deje "consultar el archivo de mujeres maltratadas antes de aceptar el encargo de un hombre para buscar a su esposa".

Rueda coincide con Arias en un interrogante: "¿Por qué los políticos contratan continuamente a detectives para obtener información de comportamientos irregulares de sus oponentes, cuando luego a la hora de hacer leyes se distancian de su trabajo?"

Los afanes controladores sobre los detectives privados existen desde el periodo de la dictadura, cuando el antiguo Ministerio de Gobernación renovaba anualmente las licencias de todos ellos, según ha recordado Arias, quien ha asegurado que los primeros años de la transición fueron en los que esta profesión se desenvolvió con mayor flexibilidad.

Juan Carlos Arias, que ejerce la profesión desde hace 32 años, incluye en "Detectives. RIP" la narración de varios casos en los que ha intervenido, aunque cambiando nombres de personas y ciudades.

Esas narraciones a manera de ejemplos van desde un "pucherazo" en las elecciones para renovar la directiva de una asociación de la prensa provincial hasta el "Caso Bahía II", sobre el saqueo de la empresa caza-tesoros norteamericana Odyssey de pecios en aguas españolas.
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