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¿Debería pagar el fútbol sus dispositivos policiales?.
Sáb 22 Ene 2022, 20:29
El sindicato Jupol, mayoritario en el Consejo de la Policía, ha solicitado este martes que las entidades que organizan las competiciones de fútbol asuman los costes de los dispositivos de seguridad, poniendo de ejemplo el caso del derbi de la Copa del Rey entre Betis y Sevilla de este fin de semana, un partido que movilizó a 600 agentes en dos días seguidos tras ser aplazado por el lanzamiento de una barra de plástico que golpeó a un jugador.
JUPOL se queja de que el derbi sevillano, declarado de alto riesgo días antes de celebrarse, fue paralizado el sábado por la noche por el árbitro tras el lanzamiento de la barra que golpeó a un jugador del Sevilla, finalizándose el domingo sin público en el estadio del Betis. Ayer la Policía comunicó la detención de un hombre de 29 años por estos hechos.
El sindicato lamenta la "falta de previsión" en la comunicación oficial de que el partido suspendido el sábado se reanudaría el domingo a las 16.00 horas, lo que obligó a montar otro dispositivo policial compensado luego –según JUPOL– con horas libres.
"Dos jornadas de dispositivo de alto riesgo, con un despliegue de más de 400 agentes el primer día y 200 policías el segundo día, por los que los funcionarios de la Policía Nacional no percibirán cantidad económica alguna", asegura.
ANTIDISTURBIOS CADA FIN DE SEMANA
En un comunicado, JUPOL recuerda que esta misma petición la realizó en la pasada Eurocopa de fútbol y que existen "entes privados" que sí costean el servicio de seguridad proporcionado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Citan el caso del El Tribunal superior de lo contencioso-administrativo de Bremen, que sentó jurisprudencia obligando a la liga alemana a pagar los gastos policiales originados en los partidos más importantes, y la Ley 10/2015, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en el País Vasco, que establece en su artículo 111 punto 2 que los clubes pagarán 31 euros por funcionario y hora por los servicios prestados por la Ertzaintza.
La organización sindical ha indicado que la normativa reguladora de los espectáculos públicos y el deporte establece que la seguridad de los eventos deportivos en el interior y en la zona de acceso de los estadios la realizarán empresas de seguridad privada contratada por el organizador.
Sin embargo, esto no se aplica en España, donde se movilizan a los 'antidisturbios' de la Unidad de Intervención Policial para mantener la seguridad tanto en el perímetro del terreno de juego como en el apartado reservado para aficiones ultras. En este caso, JUPOL entiende que el coste de la seguridad debería ser asumido por La Liga.
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JUPOL se queja de que el derbi sevillano, declarado de alto riesgo días antes de celebrarse, fue paralizado el sábado por la noche por el árbitro tras el lanzamiento de la barra que golpeó a un jugador del Sevilla, finalizándose el domingo sin público en el estadio del Betis. Ayer la Policía comunicó la detención de un hombre de 29 años por estos hechos.
El sindicato lamenta la "falta de previsión" en la comunicación oficial de que el partido suspendido el sábado se reanudaría el domingo a las 16.00 horas, lo que obligó a montar otro dispositivo policial compensado luego –según JUPOL– con horas libres.
"Dos jornadas de dispositivo de alto riesgo, con un despliegue de más de 400 agentes el primer día y 200 policías el segundo día, por los que los funcionarios de la Policía Nacional no percibirán cantidad económica alguna", asegura.
ANTIDISTURBIOS CADA FIN DE SEMANA
En un comunicado, JUPOL recuerda que esta misma petición la realizó en la pasada Eurocopa de fútbol y que existen "entes privados" que sí costean el servicio de seguridad proporcionado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Citan el caso del El Tribunal superior de lo contencioso-administrativo de Bremen, que sentó jurisprudencia obligando a la liga alemana a pagar los gastos policiales originados en los partidos más importantes, y la Ley 10/2015, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en el País Vasco, que establece en su artículo 111 punto 2 que los clubes pagarán 31 euros por funcionario y hora por los servicios prestados por la Ertzaintza.
La organización sindical ha indicado que la normativa reguladora de los espectáculos públicos y el deporte establece que la seguridad de los eventos deportivos en el interior y en la zona de acceso de los estadios la realizarán empresas de seguridad privada contratada por el organizador.
Sin embargo, esto no se aplica en España, donde se movilizan a los 'antidisturbios' de la Unidad de Intervención Policial para mantener la seguridad tanto en el perímetro del terreno de juego como en el apartado reservado para aficiones ultras. En este caso, JUPOL entiende que el coste de la seguridad debería ser asumido por La Liga.
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Re: ¿Debería pagar el fútbol sus dispositivos policiales?.
Sáb 22 Ene 2022, 20:40
Eventos deportivos y espectáculos públicos: normativa reguladora.
El orden y la tranquilidad debieran ser la normalidad. El orden y la tranquilidad son necesarios para el buen desarrollo de las actividades; por ese motivo hay que tratar de mantenerlos. Sin embargo, en materia de orden y tranquilidad es donde se produce el mayor número de alteraciones; por lo tanto, hay una necesidad, cual es evitar esas alteraciones.
Una propuesta de solución para un primer nivel será disponer de “condiciones seguras” (básicas), mediante el cumplimiento de los requisitos obligatorios existentes.
La obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como el más importante de todos los derechos fundamentales, incluido en el artículo 15 de la Constitución Española, debe plantearse no sólo de forma que los ciudadanos alcancen la protección a través de las Administraciones Públicas, sino que se ha de procurar la adopción de medidas destinadas a la prevención y control de riesgos en su origen, así como a la actuación inicial en las situaciones de emergencia que pudieran presentarse.
Por lo que respecta al desarrollo legislativo en esta materia, cabe diferenciar entre la normativa aprobada por las Comunidades Autónomas y el Estado central, y dentro de esta última, entre la normativa común y la normativa específica.
Normativa de seguridad con incidencia en la protección de la seguridad ciudadana:
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
En cuanto a la legislación autonómica que incide o puede incidir sobre la materia, es muy variada, y cabe hacer mención Leyes del Deporte de algunas Comunidades Autónomas y la legislación aprobada en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, que suelen contener normas sobre prevención de la violencia.
Normativa reguladora de espectáculos públicos.
Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Legislación autonómica de referencia (competencia autonómica).
Normativa reguladora de eventos deportivos, dictada para la regulación de la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos. Aparece conformada por las siguientes disposiciones:
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Real Decreto 748/2008, de 9 de mayo, por el que se regula la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Orden de 31 de julio de 1997 por la que se regula el funcionamiento del Registro Central de Sanciones impuestas por infracciones contra la seguridad pública en materia de espectáculos deportivos.
Orden de 22 de diciembre de 1998 por la que se regulan las Unidades de Control Organizativo para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos.
Legislación autonómica de referencia (competencia autonómica).
Legislación sobre planes de autoprotección, emergencias y prevención de riesgos laborales. El marco legal asociado a la planificación de emergencias se vincula a dos aspectos fundamentales: la Prevención de Riesgos Laborales y la Protección Civil [1].
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
Real Decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales [2].
Legislación autonómica de referencia (competencia autonómica).
[1] Debe garantizarse por tanto la seguridad de los trabajadores, del público que pueda encontrarse en las instalaciones y en sus proximidades, además de proteger los bienes, instalaciones y el medio ambiente.
[2] Donde se establece la obligatoriedad de planificar las posibles situaciones de emergencia en el centro de trabajo.
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El orden y la tranquilidad debieran ser la normalidad. El orden y la tranquilidad son necesarios para el buen desarrollo de las actividades; por ese motivo hay que tratar de mantenerlos. Sin embargo, en materia de orden y tranquilidad es donde se produce el mayor número de alteraciones; por lo tanto, hay una necesidad, cual es evitar esas alteraciones.
Una propuesta de solución para un primer nivel será disponer de “condiciones seguras” (básicas), mediante el cumplimiento de los requisitos obligatorios existentes.
La obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como el más importante de todos los derechos fundamentales, incluido en el artículo 15 de la Constitución Española, debe plantearse no sólo de forma que los ciudadanos alcancen la protección a través de las Administraciones Públicas, sino que se ha de procurar la adopción de medidas destinadas a la prevención y control de riesgos en su origen, así como a la actuación inicial en las situaciones de emergencia que pudieran presentarse.
Por lo que respecta al desarrollo legislativo en esta materia, cabe diferenciar entre la normativa aprobada por las Comunidades Autónomas y el Estado central, y dentro de esta última, entre la normativa común y la normativa específica.
Normativa de seguridad con incidencia en la protección de la seguridad ciudadana:
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
En cuanto a la legislación autonómica que incide o puede incidir sobre la materia, es muy variada, y cabe hacer mención Leyes del Deporte de algunas Comunidades Autónomas y la legislación aprobada en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, que suelen contener normas sobre prevención de la violencia.
Normativa reguladora de espectáculos públicos.
Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Legislación autonómica de referencia (competencia autonómica).
Normativa reguladora de eventos deportivos, dictada para la regulación de la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos. Aparece conformada por las siguientes disposiciones:
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Real Decreto 748/2008, de 9 de mayo, por el que se regula la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Orden de 31 de julio de 1997 por la que se regula el funcionamiento del Registro Central de Sanciones impuestas por infracciones contra la seguridad pública en materia de espectáculos deportivos.
Orden de 22 de diciembre de 1998 por la que se regulan las Unidades de Control Organizativo para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos.
Legislación autonómica de referencia (competencia autonómica).
Legislación sobre planes de autoprotección, emergencias y prevención de riesgos laborales. El marco legal asociado a la planificación de emergencias se vincula a dos aspectos fundamentales: la Prevención de Riesgos Laborales y la Protección Civil [1].
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
Real Decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales [2].
Legislación autonómica de referencia (competencia autonómica).
[1] Debe garantizarse por tanto la seguridad de los trabajadores, del público que pueda encontrarse en las instalaciones y en sus proximidades, además de proteger los bienes, instalaciones y el medio ambiente.
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Re: ¿Debería pagar el fútbol sus dispositivos policiales?.
Dom 23 Ene 2022, 01:04
Espectacular información Rafa , muchísimas gracias, un post excelente y muy original resolviendo dudas al respecto, asi se hace compi
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Re: ¿Debería pagar el fútbol sus dispositivos policiales?.
Dom 23 Ene 2022, 13:32
Directores de seguridad en los campos de fútbol (1ª, 2ªA, 2ªB y 3ª)
Actualizamos este post a 23.10.2020, pues hace unos días recibíamos un correo electrónico de otro Director de Seguridad, en el que nos venia a plantear algunas dudas acerca de “un informe de la USCP (informe 2012/22 de fecha 20/04/2012, que, aunque no es vinculante, sí es aclaratorio (…). Este informe concluye que cualquier club puede crear un departamento de seguridad (facultativo), pero que a excepción de los que estén obligados a hacerlo (art 96 RSP), no todos los clubs están obligados a tenerlo, y que, interpretada la ley contra el racismo, la violencia… etc., los clubs, solo están obligados a designar a un Director de Seguridad, que podrá ser contratado a través de una empresa de seguridad, pudiendo desarrollar estas funciones un Jefe de Seguridad de la misma si está habilitado como tal.”
La primera premisa es que ese informe de la UCSP (2012) ya está superado por la propia vigencia de la Ley 5/2014, de seguridad privada, especialmente en cuanto a que “3.- Los Directores de Seguridad podrán ser contratados directamente por el Club, o a través de una empresa de seguridad legalmente habilitada” y algunas cuestiones más.
El Director de Seguridad en la normativa de seguridad privada.
El artículo 36.2 de la ley 5/2014, de seguridad privada establece:
“Los usuarios de seguridad privada situarán al frente de la seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial a un Director de Seguridad cuando así lo exija la normativa de desarrollo de esta ley por la dimensión de su servicio de seguridad; cuando se acuerde por decisión gubernativa, en atención a las medidas de seguridad y al grado de concentración de riesgo, o cuando lo prevea una disposición especial.”
Disposiciones especiales resultan las aplicables al deporte profesional. En determinadas actividades deportivas es obligatoria la existencia de Director de Seguridad, en aplicación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y del Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Art. 14 Ley 19/2007. Coordinación de Seguridad.
(…).
En las competiciones o encuentros deportivos que proponga la Comisión Estatal Contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte los organizadores designarán un representante de seguridad quien, en el ejercicio de sus tareas durante el desarrollo del acontecimiento deportivo, se atendrá a las instrucciones del Coordinador de seguridad. Este representante deberá ser jefe [sic] o director de seguridad, según disponga la normativa de seguridad privada.
Y su reglamento de desarrollo:
Artículo 27 R.D. 203/2010. Director de Seguridad.
De conformidad con lo dispuesto en (…) la Ley (…) de Seguridad Privada, así en su Reglamento (…), en los recintos donde se celebren competiciones de categoría profesional de fútbol y en aquellos otros que reglamentariamente se determinen, el Consejo de Administración o la Junta Directiva designarán un Director de Seguridad que, en el ejercicio de las funciones que le son propias, estará sometido a la autoridad del Coordinador de Seguridad y seguirá sus instrucciones en cuanto afecte a la seguridad del acontecimiento deportivo.
¿Qué es fútbol profesional?
Es necesario subrayar que el artículo 1.2 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte establece que el ámbito objetivo de aplicación de dicha Ley está determinado por las “competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal” que se organicen por entidades deportivas en el marco de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, o aquellas otras organizadas o autorizadas por las federaciones deportivas españolas.
Las Ligas son “asociaciones de clubes que se constituirán, exclusiva y obligatoriamente, cuando existan competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, según lo establecido en el artículo 41 de la presente Ley”, según define el art. 12.2 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre.
La misma ley, en su artículo 30.1 define las federaciones deportivas españolas como “entidades privadas, con personalidad jurídica propia, cuyo ámbito de actuación se extiende al conjunto del territorio del Estado, en el desarrollo de las competencias que le son propias, integradas por federaciones deportivas de ámbito autonómico, clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, Ligas profesionales, si las hubiese, y otros colectivos interesados que promueven, practican o contribuyen al desarrollo del deporte”.
Lo que permite excluir del ámbito de aplicación de la Ley 19/2007 aquellas competiciones organizadas por federaciones deportivas cuyo ámbito territorial sea inferior al estatal.
Finalmente, es preciso señalar que, en el caso concreto del fútbol, el propio Ministerio del Interior, en sus últimos anuarios estadísticos publicados ( 2017 y 2018), reconoce lo siguiente:
“Finalmente, es preciso señalar que, en el caso concreto del fútbol, las «competiciones deportivas ofciales de ámbito estatal» a las que resultaría de aplicación la Ley 19/2007, de 11 de julio, incluyen las de Primera División, Segunda División «A», Segunda División «B» y Tercera División.”
¿Por qué no hay un Director de Seguridad dirigiendo un Departamento de Seguridad en todos y cada uno de los clubes de fútbol de Primera División, Segunda División «A», Segunda División «B» y Tercera División? ¿Por qué ese Director de Seguridad no está integrado en la plantilla del organizador (club o S.A.D. según el art. 38.5 de la LSP)?
Funciones del Director de Seguridad derivadas de los artículos 13 y 27 a 34 del R.D. 203/2010:
Revisión de instalaciones del recinto.
Someterse a las instrucciones del Coordinador de Seguridad (CNP).
Impedir a los asistentes la introducción o tenencia en el recinto de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que impliquen una incitación a la violencia, al racismo, la xenofobia o a la intolerancia;
Impedir la introducción de bebidas alcohólicas, y bebidas o alimentos de cualquier clase cuya introducción y tenencia esté prohibida conforme al artículo 25 del R.D. 203/2010.
Impedir el acceso de armas u objetos susceptibles de ser utilizados como tales, bengalas y fuegos de artificio, o presenten síntomas de hallarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas.
Prohibir el acceso de las personas que hubieran sido sancionadas con dicha prohibición y cuya identificación les haya sido previamente facilitada por las autoridades gubernativas o por el Coordinador de Seguridad, así como, en su caso, la expulsión del recinto.
Separación de aficiones de equipos contendientes.
Proporcionar una adecuada preparación profesional al personal fijo y contratado (simulacros y emergencias).
Etc.
Funciones del Director de Seguridad derivadas del artículo 36 de la Ley 5/2014:
La organización, dirección, inspección y administración de los servicios y recursos de seguridad privada disponibles.
La identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que puedan afectar a la vida e integridad de las personas y al patrimonio.
La planificación, organización y control de las actuaciones precisas para la implantación de las medidas conducentes a prevenir, proteger y reducir la manifestación de riesgos de cualquier naturaleza con medios y medidas precisas, mediante la elaboración y desarrollo de los planes de seguridad aplicables.
El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada.
La validación provisional, hasta la comprobación, en su caso, por parte de la Administración, de las medidas de seguridad en lo referente a su adecuación a la normativa de seguridad privada.
La comprobación de que los sistemas de seguridad privada instalados y las empresas de seguridad privada contratadas, cumplen con las exigencias de homologación de los organismos competentes.
La comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las circunstancias o informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos delictivos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
La interlocución y enlace con la Administración, especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto de la función de seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial que les tenga contratados, en relación con el cumplimiento normativo sobre gestión de todo tipo de riesgos.
Las comprobaciones de los aspectos necesarios sobre el personal que, por el ejercicio de las funciones encomendadas, precise acceder a áreas o informaciones, para garantizar la protección efectiva de su entidad, empresa o grupo empresarial.
Integración en plantilla del Director de Seguridad. Creación del Departamento de Seguridad.
Además, el art. 38.5 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada obliga a que “los directores de seguridad (…) de las entidades obligadas a disponer de esta figura, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, desempeñarán sus funciones integrados en las plantillas de dichas empresas”.
Por lo tanto, entendemos que la UCSP debería, en primer lugar, exigir la existencia de esos Directores en todos los clubes de 1ª, 2ª y 3ª División, como el propio Ministerio recoge en sus Anuarios estadísticos ya citados, y las precitadas normativas.
En segundo lugar, no podemos entender que la UCSP contemple siquiera que los Directores de Seguridad puedan ser puestos a disposición del club por las empresas de seguridad. El concepto de integración en plantilla supone, a nuestro juicio, una relación laboral o mercantil directa entre el club y el Director de Seguridad. Otras figuras podrían suponer incluso una posible cesión ilegal de trabajadores al amparo de la normativa laboral.
Por último, parece que el art. 112 del R.D. 2364/1994 dejaría al albur de la Subdelegación del Gobierno correspondiente el obligar al club a constituir el Departamento de Seguridad, no resultando por tanto de aplicación el art. 96 del mismo R.D. Por ello, con la normativa vigente, la constitución de tal Departamento quedaría como facultativo o voluntario por parte del Club.
El Borrador de R.D. por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada sí lo apunta como obligatorio para los clubes de la Liga Nacional de Fútbol, no obstante. Si es que llega a aprobarse algún día…
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Actualizamos este post a 23.10.2020, pues hace unos días recibíamos un correo electrónico de otro Director de Seguridad, en el que nos venia a plantear algunas dudas acerca de “un informe de la USCP (informe 2012/22 de fecha 20/04/2012, que, aunque no es vinculante, sí es aclaratorio (…). Este informe concluye que cualquier club puede crear un departamento de seguridad (facultativo), pero que a excepción de los que estén obligados a hacerlo (art 96 RSP), no todos los clubs están obligados a tenerlo, y que, interpretada la ley contra el racismo, la violencia… etc., los clubs, solo están obligados a designar a un Director de Seguridad, que podrá ser contratado a través de una empresa de seguridad, pudiendo desarrollar estas funciones un Jefe de Seguridad de la misma si está habilitado como tal.”
La primera premisa es que ese informe de la UCSP (2012) ya está superado por la propia vigencia de la Ley 5/2014, de seguridad privada, especialmente en cuanto a que “3.- Los Directores de Seguridad podrán ser contratados directamente por el Club, o a través de una empresa de seguridad legalmente habilitada” y algunas cuestiones más.
El Director de Seguridad en la normativa de seguridad privada.
El artículo 36.2 de la ley 5/2014, de seguridad privada establece:
“Los usuarios de seguridad privada situarán al frente de la seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial a un Director de Seguridad cuando así lo exija la normativa de desarrollo de esta ley por la dimensión de su servicio de seguridad; cuando se acuerde por decisión gubernativa, en atención a las medidas de seguridad y al grado de concentración de riesgo, o cuando lo prevea una disposición especial.”
Disposiciones especiales resultan las aplicables al deporte profesional. En determinadas actividades deportivas es obligatoria la existencia de Director de Seguridad, en aplicación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y del Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Art. 14 Ley 19/2007. Coordinación de Seguridad.
(…).
En las competiciones o encuentros deportivos que proponga la Comisión Estatal Contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte los organizadores designarán un representante de seguridad quien, en el ejercicio de sus tareas durante el desarrollo del acontecimiento deportivo, se atendrá a las instrucciones del Coordinador de seguridad. Este representante deberá ser jefe [sic] o director de seguridad, según disponga la normativa de seguridad privada.
Y su reglamento de desarrollo:
Artículo 27 R.D. 203/2010. Director de Seguridad.
De conformidad con lo dispuesto en (…) la Ley (…) de Seguridad Privada, así en su Reglamento (…), en los recintos donde se celebren competiciones de categoría profesional de fútbol y en aquellos otros que reglamentariamente se determinen, el Consejo de Administración o la Junta Directiva designarán un Director de Seguridad que, en el ejercicio de las funciones que le son propias, estará sometido a la autoridad del Coordinador de Seguridad y seguirá sus instrucciones en cuanto afecte a la seguridad del acontecimiento deportivo.
¿Qué es fútbol profesional?
Es necesario subrayar que el artículo 1.2 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte establece que el ámbito objetivo de aplicación de dicha Ley está determinado por las “competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal” que se organicen por entidades deportivas en el marco de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, o aquellas otras organizadas o autorizadas por las federaciones deportivas españolas.
Las Ligas son “asociaciones de clubes que se constituirán, exclusiva y obligatoriamente, cuando existan competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, según lo establecido en el artículo 41 de la presente Ley”, según define el art. 12.2 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre.
La misma ley, en su artículo 30.1 define las federaciones deportivas españolas como “entidades privadas, con personalidad jurídica propia, cuyo ámbito de actuación se extiende al conjunto del territorio del Estado, en el desarrollo de las competencias que le son propias, integradas por federaciones deportivas de ámbito autonómico, clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, Ligas profesionales, si las hubiese, y otros colectivos interesados que promueven, practican o contribuyen al desarrollo del deporte”.
Lo que permite excluir del ámbito de aplicación de la Ley 19/2007 aquellas competiciones organizadas por federaciones deportivas cuyo ámbito territorial sea inferior al estatal.
Finalmente, es preciso señalar que, en el caso concreto del fútbol, el propio Ministerio del Interior, en sus últimos anuarios estadísticos publicados ( 2017 y 2018), reconoce lo siguiente:
“Finalmente, es preciso señalar que, en el caso concreto del fútbol, las «competiciones deportivas ofciales de ámbito estatal» a las que resultaría de aplicación la Ley 19/2007, de 11 de julio, incluyen las de Primera División, Segunda División «A», Segunda División «B» y Tercera División.”
¿Por qué no hay un Director de Seguridad dirigiendo un Departamento de Seguridad en todos y cada uno de los clubes de fútbol de Primera División, Segunda División «A», Segunda División «B» y Tercera División? ¿Por qué ese Director de Seguridad no está integrado en la plantilla del organizador (club o S.A.D. según el art. 38.5 de la LSP)?
Funciones del Director de Seguridad derivadas de los artículos 13 y 27 a 34 del R.D. 203/2010:
Revisión de instalaciones del recinto.
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Impedir a los asistentes la introducción o tenencia en el recinto de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que impliquen una incitación a la violencia, al racismo, la xenofobia o a la intolerancia;
Impedir la introducción de bebidas alcohólicas, y bebidas o alimentos de cualquier clase cuya introducción y tenencia esté prohibida conforme al artículo 25 del R.D. 203/2010.
Impedir el acceso de armas u objetos susceptibles de ser utilizados como tales, bengalas y fuegos de artificio, o presenten síntomas de hallarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas.
Prohibir el acceso de las personas que hubieran sido sancionadas con dicha prohibición y cuya identificación les haya sido previamente facilitada por las autoridades gubernativas o por el Coordinador de Seguridad, así como, en su caso, la expulsión del recinto.
Separación de aficiones de equipos contendientes.
Proporcionar una adecuada preparación profesional al personal fijo y contratado (simulacros y emergencias).
Etc.
Funciones del Director de Seguridad derivadas del artículo 36 de la Ley 5/2014:
La organización, dirección, inspección y administración de los servicios y recursos de seguridad privada disponibles.
La identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que puedan afectar a la vida e integridad de las personas y al patrimonio.
La planificación, organización y control de las actuaciones precisas para la implantación de las medidas conducentes a prevenir, proteger y reducir la manifestación de riesgos de cualquier naturaleza con medios y medidas precisas, mediante la elaboración y desarrollo de los planes de seguridad aplicables.
El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada.
La validación provisional, hasta la comprobación, en su caso, por parte de la Administración, de las medidas de seguridad en lo referente a su adecuación a la normativa de seguridad privada.
La comprobación de que los sistemas de seguridad privada instalados y las empresas de seguridad privada contratadas, cumplen con las exigencias de homologación de los organismos competentes.
La comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las circunstancias o informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos delictivos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
La interlocución y enlace con la Administración, especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto de la función de seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial que les tenga contratados, en relación con el cumplimiento normativo sobre gestión de todo tipo de riesgos.
Las comprobaciones de los aspectos necesarios sobre el personal que, por el ejercicio de las funciones encomendadas, precise acceder a áreas o informaciones, para garantizar la protección efectiva de su entidad, empresa o grupo empresarial.
Integración en plantilla del Director de Seguridad. Creación del Departamento de Seguridad.
Además, el art. 38.5 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada obliga a que “los directores de seguridad (…) de las entidades obligadas a disponer de esta figura, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, desempeñarán sus funciones integrados en las plantillas de dichas empresas”.
Por lo tanto, entendemos que la UCSP debería, en primer lugar, exigir la existencia de esos Directores en todos los clubes de 1ª, 2ª y 3ª División, como el propio Ministerio recoge en sus Anuarios estadísticos ya citados, y las precitadas normativas.
En segundo lugar, no podemos entender que la UCSP contemple siquiera que los Directores de Seguridad puedan ser puestos a disposición del club por las empresas de seguridad. El concepto de integración en plantilla supone, a nuestro juicio, una relación laboral o mercantil directa entre el club y el Director de Seguridad. Otras figuras podrían suponer incluso una posible cesión ilegal de trabajadores al amparo de la normativa laboral.
Por último, parece que el art. 112 del R.D. 2364/1994 dejaría al albur de la Subdelegación del Gobierno correspondiente el obligar al club a constituir el Departamento de Seguridad, no resultando por tanto de aplicación el art. 96 del mismo R.D. Por ello, con la normativa vigente, la constitución de tal Departamento quedaría como facultativo o voluntario por parte del Club.
El Borrador de R.D. por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada sí lo apunta como obligatorio para los clubes de la Liga Nacional de Fútbol, no obstante. Si es que llega a aprobarse algún día…
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Saludos.
Grano a grano, se levanta la montaña.
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