Protección de Datos investiga a Interior por facilitar la identidad de presos a vigilantes privados

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Nueva investigación a Instituciones Penitenciarias por no custodiar diligentemente información 'sensible'. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo encargado de velar por la confidencialidad de la información que instituciones públicas y empresas poseen de los ciudadanos, ha iniciado un procedimiento contra el departamento de Jorge Fernández Díaz, el segundo en el último año, al detectar la entrega de listados con los nombres de reclusos del Complejo Penitenciario de Picassent (Valencia) a personal no autorizado. En concreto, a los vigilantes privados que colaboran en la seguridad del recinto. El expediente estudiará la supuesta infracción del artículo 12.2 de la Ley de Protección de datos que regula el acceso a los datos personales por parte de terceros. Las pesquisas son fruto de la denuncia realizada por el sindicato Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), muy crítico con la implantación de la seguridad privada en los cárceles españolas promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy en la presente Legislatura.

La supuesta infracción se ha producido en el Centro de Inserción Social (CIS) del complejo penitenciario valenciano, del que cada mañana salen decenas de reclusos que disfrutan del tercer grado o régimen de semilibertad para acudir a trabajar y regresar sólo para pernoctar. Según la denuncia, el control de la entrada y salida de estos internos debe ser realizada por los funcionarios de prisiones y los guardias civiles que se encargan de la seguridad del recinto, pero nunca por los vigilantes privados que acompañan a estos últimos en labores de vigilancia del perímetro exterior. Sin embargo, la dirección del centro presuntamente ha entregado a estos trabajadores contratados por Interior listados con los nombres de todos y cada uno de los reclusos que entran y salen de la cárcel cada día. "No son funcionarios y, por tanto, no pueden manejar ningún tipo de información confidencial sobre los internos", destacan a este diario fuentes de ACAIP.

Tras conocer este hecho, el sindicato hizo una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos para saber si Instituciones Penitenciarias estaba vulnerando la ley. El organismo no sólo le confirmó que así era, sino que ha iniciado de oficio el "procedimiento de declaración de infracción" contra Instituciones Penitenciarias, según han confirmado a este diario fuentes de la propia agencia. El objetivo del mismo es determinar si Prisiones vulneró el artículo 12.2 de la ley, que obliga al poseedor de datos personales, en este caso Interior, a obtener el consentimiento expreso del titular de los mismos antes de cederlos a terceras personas o empresas. Es decir, sí debería haber pedido autorización a los presos que figuran en el listado para facilitar su identidad a los guardias de seguridad privada que trabajan en el centro. La posible infracción ha sido catalogada en principio como "leve", según recoge el escrito de apertura del expediente.

La infracción de la videovigilandia

Esta es la segunda infracción del Ministerio del Interior a la Ley de Protección de Datos que es investigada en los últimos meses. La anterior, iniciada en septiembre de 2014, concluyó el pasado mes de abril con un 'tirón de orejas', ya que la Agencia consideró que Instituciones Penitenciarias había vulnerado el artículo 5.1 de la Ley de Protección de datos que obliga a colocar en la zonas videovigiladas de los centros penitenciarios españoles distintivos informativos ubicados "en lugar suficientemente visible" y a tener a disposición de las personas que pudieran resultar grabadas impresos con la información relacionada con sus derechos en este sentido. Los hechos fueron calificados entonces de infracción "leve", según la resolución adelantada por Vozpópuli entonces. Aquella intervención vino motivada también por una denuncia de ACAIP, que había presentado varios escritos a finales de 2013 en los que aseguraba que las cámaras de videovigilancia del Centro Penitenciario Madrid III-Valdemoro (Madrid) estaban siendo utilizadas no sólo para vigilar a los reclusos, sino también como "sistema de control de la actividad laboral de los funcionarios que efectúan las rondas de vigilancia nocturnas".

El pasado mes de abril, la Agencia de Protección de Datos ya consideró a Interior autor de una infracción leve por las irregularidades detectadas en el sistema de videovigilancia de las cárceles

Instituciones Penitenciarias reconoció entonces que no existían carteles informativos sobre la existencia de las cámaras de videovigilancia, pero intentó justificar dicha irregularidad en "la naturaleza y finalidad de dicho sistema de contribuir a garantizar la seguridad del centro y la custodia de detenidos, presos y penados". En dicha respuesta, se admitía que las imágenes se grababan en un disco duro y que las mismas se conservaban "unos días". "El tiempo promedio de almacenamiento de las grabaciones es de unos 9 días, que pueden aumentar o disminuir dependiente de la resolución de las imágenes grabadas", detallaba. Eso sí, Interior negaba que las cámaras se utilizaran para controlar el trabajo de los funcionarios porque "existen otros mecanismo de control" e insistía en que su único fin era garantizar la seguridad de los funcionarios ante un hipotético incidente con reclusos.

La Agencia terminó dando la razón a los funcionarios de prisiones, pero sólo en parte ya que, si bien reconocía irregularidades, las tildó de "leve". De hecho la Agencia se limitó a obligar a Interior a colocar el distintivo de 'zona videovigilada' "tanto en espacios abiertos como cerrados" de las cárceles, y aunque no consideró necesario que lo instalase debajo de cada cámara, sí creyó imprescindible hacerlo "como mínimo en los accesos a las zonas vigiladas sean estos exteriores o interiores de modo que no se produzca el acceso de las personas sujetas a la videovigilancia sin la oportunidad de conocer la existencia de las videocámaras". Para dejar constancia de que había subsanado las deficiencias, la AEPD exigió a Interior que le remitiera fotografías de los carteles instalados "indicándose en qué sitio se ha colocado cada uno, así como de la disponibilidad y modalidad de los impresos informativos". Instituciones Penitenciarias aseguró entonces haber adquirido ya los carteles informativos y estar a punto de remitirlo a todas la cárceles para su instalación.


UNA POLÉMICA (Y CARA) PRIVATIZACIÓN DE LAS CÁRCELES
La apertura del expediente por infracción de la Ley de Protección de Datos da un nuevo argumento a los que desde el principio se han opuesto al proceso de privatización de la vigilancia perimetral de las cárceles promovido por el Ejecutivo de Rajoy. Un proyecto que se planteó como salida profesional a los escoltas que dejaban de trabajar en el País Vasco y Navarra tras el fin de la violencia de ETA, pero que finalmente sólo parece haber beneficiado a las empresas de seguridad. Hasta el momento, el denominado "servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios" ha costado a los españoles cerca de 48 millones de euros.

De este dinero, 7,3 millones fueron desembolsados en el 'proyecto piloto' que se puso en marcha en mayo de 2013 en 21 cárceles. Entonces se dio trabajo a 254 vigilantes y, aunque estaba previsto que durase nueve meses, finalmente se prolongó ocho meses más con el consiguiente coste añadido. A dicha cantidad se sumaron los 33,3 millones que se invirtieron en la segunda fase iniciada el 1 de octubre de 2014 y que abarca a las 67 prisiones dependientes del Ministerio del Interior. En ella se hicieron 550 nuevas contrataciones y está prevista que dure un año, prorrogable otros doce meses.


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Vaya chapuza, seguramente vuelva a quedar esto como la anterior, en un "itrón de orejas" como dice la noticia.

Un saludo.

Todo queda en tapar la porquería que ellos han creado, así que no se esperen nada bueno de lo bien que lo han hecho, de aquí en adelante todo ya no sería de color de rosas como creían.


Un saludo.