Avispa lleva al Defensor del Pueblo la situación del centro de Sograndio tras un nuevo intento de fuga

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha denunciado ante el Defensor del Pueblo la "situación de tensión tensión, el clima de enfrentamiento y los problemas de convivencia" que, en su opinión, la gestión del gobierno autonómico ha provocado en el Centro de Menores de Sograndio.

Esta denuncia coincide con el intento de fuga, este mismo miércoles, de otros dos internos, que fueron reducidos por los vigilantes cuando intentaban escapar por el tejado de la instalación. El colectivo ya ha denunciado en varios casos la gestión del servicio de seguridad del lugar por parte de la empresa adjudicataria, Alcor, así como la gestión que de este asunto se realiza en la Administración autonómica, titular del centro.
Según explica la asociación en la carta enviada al Defensor del Pueblo, durante los últimos meses, el número de fugas ha experimentado un aumento espectacular, al "no adoptarse las medidas de seguridad de obligado cumplimiento, tanto las indicadas en los protocolos internos de actuación como en el pliego de prescripciones técnicas, también de obligado cumplimiento en las instalaciones del centro". Según Avispa, "estos hechos, han provocado un clima de enfrentamiento, siempre evitable si se adoptasen e hiciesen cumplir la normativa interna y resto de estipulaciones legales para centros de estas características".
"Enfrentamiento entre trabajadores, personal e internos, alcanzando la cifra de más de siete vigilantes de seguridad a los cuales se les ha procedido a entregar la baja médica por los motivos expuestos", añade la asociación.
Comenta también el escrito que "los Castigos a los internos residentes son, cuanto menos arbitrarios y desproporcionados, ordenados por la propia Dirección del Centro en base a criterios personales y no objetivos o pedagógicos".

"A lo anteriormente indicado, sumamos que el Centro no cuenta con un Plan de Emergencias actualizado; tampoco plan de autoprotección; así como Operativa de Seguridad que sería el documento fundamental para que el personal de seguridad y vigilancia sepa cómo actuar en cada situación en concreto, reflejándose en el los procedimientos a realizar y los medios, tanto técnicos como pasivos con los que se cuenta para ser utilizados en el caso de emergencia o situación de riesgo, tanto para las personas como para las propias instalaciones", denuncia.

De esta situación responsabiliza a Guillermo Martínez Suarez, consejero de Presidencia; José Luis Villaverde Amieva, director general de Justicia e Interior; Vicente Ramos Manuel, director del Centro; y Belén Rodríguez Duarte, jefa de Servicios Delegada de Alcor Seguridad en Asturias. A todos ellos les acusa de negligencia, falta de rigor en la toma de decisiones, dejadez e irregularidades en la política de reinserción de los internos.

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