Vecinos de Chiva obligados a pagar seguridad privada pedirán ayuda al Defensor del Pueblo.

El alcalde, de compromís, alega que es por una sentencia y busca una salida al problema.

23/01/2019.Valencia.
Cerca de 300 vecinos de los barrios de Santo Domingo y San Miguel en Calicanto, Chiva, se han puesto en pie de guerra después de 25 años viéndose obligados a pagar seguridad privada en lugar de que la Policía Local y la Guardia Civil sea la encargada de vigilar sus barrios. Todo empezó con una orden administrativa en el año 1994 que permitía a la Asociación de Propietarios Cumbres de Calicanto contratar a una empresa de seguridad privada. Amparándose en dicha orden, la asociación obliga a que todos los vecinos afectados, que pertenecen a diferentes municipios, paguen religiosamente las cuotas bajo amenaza de denuncia.
Carmen López es una de las vecinas que está recogiendo firmas para enviar una carta al Defensor del Pueblo explicando su situación y pidiendo ayuda. "Llevamos años luchando, estamos en la vía judicial, pero nadie nos da respuesta", lamenta. Es más, apunta directamente a la dejadez del alcalde de Chiva, Emilio Morales, de Compromís.
Al parecer, los vecinos lograron que el pleno del ayuntamiento votara a favor de una moción el pasado 28 de marzo. La resolución decía que se promovería "con la mayor diligencia posible el oportuno expediente administrativo, y cuantas iniciativas y actuaciones sean precisas en orden a la cancelación del servicio de vigilancia privada obligatorio que existe sobre las calles públicas de la urbanización Cumbres de Calicanto, en la fase Santo Domingo y San Miguel".
Sin embargo, y pese a la moción, desde el Consistorio todavía no se ha revertido dicha orden. Los vecinos están tan enfadados que acuden a los plenos con chalecos amarillos para protestar y dejar patente su malestar con el alcalde.
Morales, preguntado por Valencia Plaza a este respecto, asegura que es consciente del malestar. "Existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que no les da la razón. No pueden pretender que me salte una sentencia sin estar cubierto legalmente. Por ello, hemos enviado a la Delegación de Gobierno y a la Federación de Municipios y Provincias un escrito preguntando si tenemos competencias en este asunto y cómo podemos actuar", explica el alcalde, quien asevera que comprende el malestar, pero que actuará conforme a los que le digan las instancias superiores.
En referencia a la sentencia del TSJCV, los vecinos la recurrieron al Tribunal Supremo, que tras dos años y medios de silencio decidió no admitir a trámite el recurso de casación presentado por el abogado. Ahora, el letrado de estos vecinos ha recurrido el fallo al Tribunal Constitucional y los afectados están a la espera de una respuesta.

"Opacidad"

López asegura que seguirán en su lucha. La representante de los vecinos también habla de la "opacidad" que existe alrededor de la asociación que les obliga a pagar. Según explica, los propios estatutos dicen que la presidencia solo la puede ostentar alguien que posea una propiedad a su nombre. Sin embargo, asegura que tras ir a los registros de todos los municipios colindantes ha averiguado que la presidenta, Rosario Peña, no tiene nada a su nombre. Y a eso habría que sumar que dicha asociación es lo que se conoce como sociedad civil particular, pero la de Calicanto ni tan siquiera aparece en el registro de sociedades.
Los vecinos están hartos de recibir denuncias cada vez que dejan de pagar una cuota de seguridad. A eso suman que, según esta vecina, depende de dónde caiga el procedimiento "sales o no sales bien del mismo" porque las sentencias son contradictorias. Si tu caso cae en Torrent, por ejemplo, lo ganas, pero como caiga en Requena date por fastidiado porque lo pierdes seguro", afirma. López agrega que "no es justo que la Justicia diga blanco en un partido judicial y negro en el de al lado. Da la sensación de que algunos jueces ni se leen lo que les envían los abogados".
Ahora, y mientras Delegación de Gobierno y la FMP contestan al alcalde, los vecinos continuarán recogiendo firmas que apoyen el escrito que tienen preparado para el Defensor del Pueblo.

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