La Xunta mantiene la puerta abierta para que los vigilantes de seguridad de centros de menores sean de firmas "low cost" como Alcor.

galiciapress.es
Manuel Vilas López.
16/01/2020.

Alguien miente sobre el concurso de seguridad para centros de menores y otras sedes de Política Social. El principal sindicato del sector denuncia que la Xunta incumple la Ley de Contratos, porque dá más importancia al precio de lo que permite la legislación. Consultado por Galiciapress, el Gobierno rebate a FTSP-USO.

La central alertó del "exceso de puntuación al precio más bajo, que se sitúa en 90 puntos sobre 100 mientras la Ley solo permite la asignación de 49 puntos sobre 100 para así primar la calidad del servicio prestado sobre la valoración económica".

RESPUESTA DE LA XUNTA.
La Xunta responde argumentando que el criterio del precio está vinculado al de la calidad. "Varias resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales amparan las licitaciones llevadas a cabo por la Consellería ya que el criterio del precio redunda en una mejor calidad del servicio", razonan desde San Caetano.

Según esta interpretación de la Xunta, la puntuación del precio sí tiene que ver con la calidad del servicio, por lo que sí cumple con la la Ley de Contratos del Sector Público, según la cuál el 51% de los criterios de adjudicación deben estar relacionados con la calidad.

La calidad del servicio de seguridad es una cuestión especialmente importante en este concurso, pues hablamos de menores, a veces, con problemas. La adjudicación determinará qué vigilantes de seguridad controlarán entre otros los Centro de Menores Avelino Montero (Pontevedra), Centro Residencial Juvenil LUGO I ( Lugo), Residencia Juvenil Altamar (Vigo), Centro de Menores FERROL I (Ferrol). En juego está una licitación de unos 4 millones de euros.

Hace años que FTP USO está denunciando que varias administraciones siguen sacando concursos que premian a las empresas qué más ahorran en costes, en detrimento de la calidad. Empresas que a menudo, aprovechando al reforma laboral del PP, se descolgaron del convenio sectorial para aplicar uno propio más duro, arrancando el beneplácito de sus trabajadores.

En particular, esta central y otras tienen en el punto de mira a la gallega Alcor Seguridad "empresa investigada por presuntos delitos de fraude fiscal, contra los trabajadores etc., causas diligenciadas por el Juzgado número 2 de Monforte de Lemos ".

Alcor seguridad  es la "actual adjudicataria" del servicio de seguridad que salen de nuevo a concurso. La central aspira a que la Política Social modifique las cláusulas del servicio, dándole más transparencia, para evitar que los centros de menores estén vigilados por firmas que este y otros sindicatos consideran "low cost" o "empresas pirata".  Algo que ya logró en otros casos, por ejemplo, en el Parlamento de Galicia o en los centros menores de Asturias. Sin embargo, por la respuesta de la Consellería a Galiciapress, parece que la Administración no está por la labor.

Pues ya tiene trabajo CCOO .

J. J. escribió:Pues ya tiene trabajo CCOO .

Buen chiste...

galiciapress.es
Europa Press.
29/01/2020.

Los sindicatos aprueban la "rectificación" de Política Social en la Ley de Contratos del Sector Público.

Unión Sindical Obrera (USO) considera acertado que la Consellería de Política Social haya "rectificado" y "subsanado las irregularidades e incumplimientos" de la Ley de Contratos del Sector Público para conseguir la concesión de la seguridad de los centros dependientes de esta Consellería.

Así lo ha trasladado el sindicato este miércoles a través de un comunicado, en el que ha explicado que la anterior licitación del concurso de seguridad contemplaba "un exceso de puntuación" a la empresa en la que prevaleciese la oferta más barata. Este asignaba hasta 90 puntos sobre 100, mientras que la Ley "solo permite dar 49 puntos sobre 100".

Por este motivo, USO remitió un escrito a la Consellería para corregir "los errores insubsanables" que llevaron a la anulación de la licitación. Ahora, en el nuevo concurso, la oferta económica puntúa hasta 40 puntos, frente a los 60 asignados a la técnica.

De otra forma, se "favorecería a las empresas piratas del sector de la Seguridad privada, que abaratarían sus precios en las ofertas a costa de los derechos laborales y condiciones salariales de sus trabajadores", argumenta la organización sindical.

Con este nuevo concurso, se cubrirá la seguridad de instalaciones de 18 centros en toda la Comunidad, como el Centro de Menores Avelino Montero (Pontevedra), Centro Residencial Juvenil LUG I (Lugo), Residencia Juvenil Altamar (Vigo) o el Centro de Menores de Ferrol I (Ferrol), entre otros.

En total, el presupuesto de la licitación es de casi cuatro millones de euros y USO ha felicitado a la Consellería por "cambiar sustancialmente el rumbo hacia una contratación pública un poco más responsable".