La Policía investiga si Podemos contrató a la escolta de Montero sin empresa de seguridad como obliga la ley.

okdiario.com
María Jamardo.
22/11/2019.

La Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad denuncia el caso ante la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía.

La Unidad Central de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid investiga si Podemos contrató a la escolta de Irene Montero sin mediar para ello una empresa de seguridad habilitada, tal y como obliga la ley vigente.

La trabajadora que demanda a la formación política por el trato “discriminatorio” de Montero afirma que los hechos se remontan al 25 de febrero de 2016, fecha en la que Podemos la contrató -según el escrito número 917/2019 del Juzgado de lo Social número 3 de Madrid- como “escolta personal en exclusiva” de Pablo Iglesias “tanto de la agenda oficial como de la personal”. Tras un año y medio de “viajes, pernoctas” y todo “tipo de desplazamientos” con el líder de la formación morada, la empleada pasó al servicio de Irene Montero, el 26 de septiembre de 2017.

Sin embargo, la ley vigente establece que la actividad de protección de personas, a título particular, “podrá ser desarrollada únicamente por escoltas privados integrados en empresas de seguridad”. Esto es, a través de especialistas proporcionados por empresas “inscritas para el ejercicio de dicha actividad” y que cuenten con la “autorización específica” del Ministerio del Interior para la contratación de servicios de protección.

Y para ello es necesario que se tramite la correspondiente solicitud ante la Unidad Central de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de Policía de Madrid -dirigida al Director General- indicando expresamente la empresa de seguridad a la que se pretende encargar dicho servicio.

La Policía investiga ahora de oficio si dichos trámites y requisitos se cumplieron en el caso de la escolta contratada por Podemos y que trabajó para Pablo Iglesias, Irene Montero y Gloria Elizo hasta su despido, sin previo aviso, el pasado mes de junio de 2019.

Asociación Española de Escoltas.
El expediente abierto a Podemos se produce tras una denuncia de la Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad (ASES) ante la Dirección General de la Policía Nacional, al hilo de las informaciones publicadas esta semana en exclusiva por OKDIARIO.

“La contratación directa de este tipo de servicio incumple de forma muy grave la Ley de Seguridad Privada 5/2014” advierte ASES quien considera “de especial gravedad” que “este tipo de comportamiento” se dé “por parte de miembros del legislativo”.

La legislación “prohíbe la contratación de personas no habilitadas por el Ministerio del Interior para estas funciones”, estando previstas en estos casos “sanciones de hasta 600.000 euros” entre otras consecuencias.

Por este motivo la Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad anuncia que tiene previsto instar “a la Fiscalía” para que actúe en el caso de “la escolta de la diputada Dona Irene Montero”.

ASES “va a a hacer el adecuado seguimiento a este caso para garantizar la respuesta administrativa” y judicial correspondiente a unos hechos que considera muy perjudiciales para la reputación del sector y los profesionales que prestan servicios, de forma legal, en el mismo.

A ver.
Si Irene Montero en calidad de diputada es considerada autoridad tiene derecho a ser escoltada por policia.

Otra cosa es que contratará dichos servicios antes de ser diputada y se pasará por el forro como casi siempre hacen los podemitas por su ignorancia y odio a todo lo que representa la ley y el orden que contratará una escolta directamente algo que es ilegal pero es que ademas la escolta ocurriría en claro delito de intrusismo laboral por trabajar directamente para su cliente y por lo tanto no estaría habilitada para  ello por más típ de escolta que tenga que parece que algunos inventan las leyes ellos a su conveniencia.

Y se pasaron la ley por el forro pero bien, y sabiéndolo....
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Lo que no entiendo es que la gente siga dejándose contratar con categorías diferentes a la suya y con según qué condiciones. Si firmas un contrato así asumes esas condiciones, por mucho que denúncies después, ahora à asumir tus actos.
Y después ¿es que en este país ni los partidos políticos cumplen la ley? así nos va.
Espero que les caiga un buen paquete a TODOS.....

Yo en el escrito veo muchos fallos y deduzco lo siguiente:

Que si esta contratada como empleada de logistica por mucha tip de escolta que tenga no puede hacer de escolta , ni por que no esta contratada como tal a través de una empresa de seguridad privada y encima según el escrito no disponer de tip. en ese momento según indica el articulo.
Ademas el articulo también se refiere al jefe de seguridad de podemos cuando todos sabemos que eso no puede existir, como mucho seria un director de seguridad que es quien realmente puede trabajar contratado por una empresa privada y no un jefe de seguridad que solo puede trabajar englobado en una empresa de seguridad, son dos funciones aunque pudieran parecer parecidas son bastante diferentes.

Y para acabar simplemente comentar lo que ya dije en otro comentario , Podemos es culpable si, la Montero es culpable si, pero tambien es culpable la teorica escolta por desconocimiento o picardia querer trabajar por su cuenta como escolta sin estar englobada en una empresa de seguridad.

Es curioso el silencio "progresista" que hay sobre este tema.

RafaVs escribió:Es curioso el silencio "progresista" que hay sobre este tema.

Sobre este tema y sobre todos los que no les interesa, la izquierda o mas bien la extrema izquierda se ha apoderado de las instituciones y medios de comunicacion y el golpe de estado silencioso hace años que se esta gestando.

Y las asociaciones para la defensa de estos menesteres, ande andarán.

A PABLO IGLESIAS E IRENE MONTERO
LES ESTÁN PONIENDO LA CARA MUY COLORADA

periodistadigital.com
Manuel Trujillo.
27/11/2019.

La formación morada diseñó un "modelo mixto" por el que los chóferes actuaban como escoltas sin estar integrados en ninguna empresa de seguridad autorizada,
como exige la ley.

El jefe de seguridad de Podemos en 2016, Sergio Illanes, advirtió a la directiva de Unidas Podemos de que la situación laboral de su escolta era ilegal a través de un mail que hizo público OkDiario. En el documento, Illanes explica que dos de los escoltas contratados por el partido morado (una de ellas la de Irene Montero) están en situación de «clara ilegalidad» al haber sido contratados en el área de Logística y Transporte y desempeñar labores para las que no están titulados ni preparados. Illanes afirma que esta situación coloca a estos trabajadores en una situación de «vulnerabilidad» de la que hace responsables a sus contratantes según informalia, con los que, según el escrito, había tratado de ponerse en contacto en varias ocasiones sin obtener respuesta.

La polémica de la escolta de Irene Montero no sólo ha destapado el trato “discriminatorio” de la líder de la formación morada con la trabajadora convertida en recadera, sino la situación “claramente ilegal” en la que Podemos la contrató tanto a ella como a varios de sus compañeros. Podemos diseñó un “modelo mixto” para dar de alta a los escoltas como chóferes -adscritos al Área Logística y de Transporte- y ahorrarse 30.000 euros anuales por cada uno de ellos.

Así se desprende de un informe interno confeccionado en 2016 por el entonces jefe de Seguridad de Podemos, Sergio Illanes, donde se detallaba vía mail, a la cúpula del partido, el modelo de financiación del departamento y las diferentes áreas que lo integran, según recoge la excepcional periodista María Jamardo en OkDiario.

El documento publicado por el diario de Eduardo Inda explica cómo los trabajadores contratados en Logística Transporte eran «los chóferes» que hacían «las funciones de conducción” pero dejando la puerta abierta a que pudiesen “formarse como Escoltas”. En dicho caso, el partido les pagaría los cursos necesarios para obtener la titulación oficial -de la que carecían cuando fueron contratados- de manera que pudiesen quedar habilitados y realizar, por el mismo sueldo, una doble función.

   «Si invertimos en formar a nuestro personal de Logística Transporte», en materia de seguridad privada, «ahorraremos a los presupuestos del partido, aproximadamente unos 30.000 euros anuales por trabajador», decía Illanes.

Para ello, se utilizaba lo que él mismo denominó un «modelo mixto» laboral que, además, permitía a Podemos»combinar» en el día a día a los policías oficiales asignados por el Ministerio del Interior con «los ‘Escoltas del partido’». Eso sí, estos últimos sólo podrían actuar como personal de seguridad acompañando a los primeros.

Más allá «del ahorro», argumentaba Illanes, «la importancia de la profesionalización de los compañeros de Logística Transporte, pasa por evitar problemas legales en las funciones que se desempeñan a diario» y que obligaba a la formación a contratarlos a través de una empresa especialista autorizada por Interior.

Podemos no cumplió el requisito. Tal es así que el propio Illanes advirtió a Montero y a otros dirigentes de Podemos, en reiteradas ocasiones, de que la situación de «clara ilegalidad» laboral en la que incurrían en la contratación de los escoltas era susceptible de sanciones que podían alcanzar los 600.000 euros.

A sueldo del partido.
El hecho de que en el mismo informe del Departamento de Seguridad de Podemos se reconozca que los salarios de los chóferes-escoltas saldrían «del partido» muestra, una vez más, que Podemos incumplió los requisitos legales en materia de seguridad privada.

La ley vigente establece que la actividad de protección de personas, a título particular, “podrá ser desarrollada únicamente por escoltas privados integrados en empresas de seguridad”. Esto es, a través de especialistas proporcionados por empresas “inscritas para el ejercicio de dicha actividad” y que cuenten con la “autorización específica” del Ministerio del Interior para la contratación de servicios de protección.

Pues si que es progresista este modelo laboral.

Podemos censura el caso de la escolta explotada por Montero
en el foro de debate de militantes

okdiario.com
Raquel Tejero.
27/11/2019.

Podemos no quiere que la noticia sobre la escolta que denunció a Irene Montero por convertirla en recadera trascienda y se discuta entre sus simpatizantes. Su aparato de censura ha actuado con contundencia en Plaza Podemos –el foro oficial de la militancia- para no dejar ni rastro de la información exclusiva de OKDIARIO, ni de las noticias del resto de medios de comunicación que la han recogido durante los últimos días.

Plaza Podemos es el foro donde los militantes de Podemos comparten sus opiniones acerca de todo lo que tiene que ver con el partido y la política en general. La información de OKDIARIO desvelando la demanda contra Podemos de una escolta de Irene Montero a la que convirtió en recadera, no aparece en ninguno de los ‘post’.

Así queda reflejado por uno de los usuarios que difunde las noticias sobre el asunto en un foro alternativo llamado ‘Gulag Podemos’: "Una escolta de Pablo Iglesias la demanda por obligarle a hacer de recadera, mecánica y chófer de la familia. ¡Ojo! ARTÍCULO CENSURADO EN PLAZA PODEMOS. ¿Dónde queda el feminismo de Irene? ¿En los discursos sólo?".

Me gustaría saber la categoría profesional que tenía reflejada en la nómina la/los "escoltas/choferes"......

Y estos son los que van a mandar en el país , que el señor nos pille confesados .

Llevan tres días en el mundillo del politiqueo y no paran de liarla cuando lleven veinte años estos dejan a la altura del betún a los de los ERE , de Andalucía .

okdiario.com
Luz Sela.
02/12/2019.

Podemos admite en su portal de Transparencia que ningún escolta estaba contratado en Seguridad.

Podemos revela en su portal de Transparencia que ninguno de sus empleados estaba contratado en el área de Seguridad, a excepción del responsable de la misma, como se detalla en el epígrafe ‘Personal Contratado’, actualizado a fecha de 31 de junio de 2017.

Por aquel entonces, y según esta información aportada por el propio partido, la ex trabajadora que ahora demanda a Podemos por el trato "discriminatorio" de Irene Montero, como reveló en exclusiva OKDIARIO, no formaría parte de ese departamento pese a estar ya contratada -desde febrero de 2016- como escolta exclusiva de Pablo Iglesias y, más tarde, de Montero.

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En los datos accesibles y que, según la formación, habrían de componer el retrato fiel de la situación de la contratación en el partido, únicamente figura VH.MB como Director de Seguridad. Como reveló este periódico, la demandante fue contratada como personal del Área de Logística del Partido, en el grupo de "ayudantes no titulados". La circunstancia fue advertida en 2016 por el entonces jefe de Seguridad, Sergio Illanes, quien, en un correo remitido a la dirección -entre otros destinatarios a Montero y a Pablo Echenique- avisaba de que "dado que las funciones que viene a desempeñar son las de escolta", el hecho de que en los contratos figurase una categoría profesional diferente generaba un "problema legal" grave.

Illanes alertaba de que la omisión de Podemos dejaba a los afectados -dos contratados, entre ellos la demandante- en "una situación de clara ilegalidad, sobre la que son responsables tanto ellos -de forma injusta- como el partido".

Como reveló también este periódico, la información de OKDIARIO ha puesto en alerta a la Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad (ASES) que han puesto el caso en conocimiento de las autoridades policiales.

La Dirección General de la Policía investiga ahora de oficio si Podemos cumplió con los trámites y requisitos que exige la Ley para contratar a personal de Seguridad.

En un escrito, la asociación advierte de que "la contratación directa de este tipo de servicio incumple de forma muy grave la Ley de Seguridad Privada 5/2014″, al tiempo que considera "de especial gravedad” que “este tipo de comportamiento” se dé “por parte de miembros del legislativo”.

La legislación prohíbe la contratación de personas no habilitadas por el Ministerio del Interior para estas funciones, estando previstas en estos casos sanciones de hasta 600.000 euros.

okdiario.com
05/12/2019.

El ‘escoltagate’ dinamita Podemos.

Las informaciones publicadas por OKDIARIO en relación con el trato indigno dispensado por Irene Montero a una escolta contratada de forma irregular han provocado una tormenta de imprevisibles consecuencias en el seno de la formación de izquierdas radical.

Mónica Carmona Segura, una de las máximas responsables jurídicas del partido y despedida junto al delegado de Protección de Datos, José Manuel Calvente, por advertir de las graves irregularidades que se estaban produciendo en Podemos, ha denunciado en una carta enviada al Consejo Ciudadano Estatal el "grave acto de represalia y posibles coacciones" de las que han sido objeto por investigar las supuestas ilegalidades en materia de Protección de Datos y de Cumplimiento Normativo Penal. Carmona cita "irregularidades financieras, laborales y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido", advirtiendo que la extrema gravedad de las mismas "podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional"

Además, advierte a los miembros del Consejo Ciudadano que si “finalmente resultara la existencia de delitos", se podría considerar que los acuerdos adoptados por el Consejo de Coordinación, liderado por Montero, obedecen a un "intento de ocultación de pruebas y un delito de encubrimiento".

Democracia y transparencia son palabras incompatibles con la dirección de Podemos, que decidió cortar la cabeza de los máximos responsables jurídicos del partido por investigar las irregularidades destapadas por OKDIARIO en relación con el trato vejatorio dado por Irene Montero a una escolta a la que ordenó realizar tareas de recadera. El hecho de que la contratación de esa trabajadora se llevara a cabo de forma irregular llevó a los abogados de Podemos a investigar lo sucedido, motivo por el cual han sido despedidos de la misma manera que lo fue la escolta.

Así se las gastan quienes, en un ejercicio mayúsculo de hipocresía, se arrogan la defensa de los derechos de la mujer y de los trabajadores. Así se las gastan quienes se comportan de espaldas a la dignidad, la decencia y, según sus propios abogados, la ley. El "escoltagate" le ha estallado a Podemos.

"Toman antes al mentiroso que al que coxquea."

La Celestina XVII.

okdiario.com
María Jamardo.
16/12/2019.

Podemos manipuló documentos oficiales para ocultar la explotación laboral de sus escoltas.

OKDIARIO ha accedido a dos documentos de Podemos que demuestran cómo la formación contrató ilegalmente a sus escoltas, los adscribió al Área de Transporte y Logística como chóferes y lo hizo a sabiendas de que algunos de ellos carecían de la titulación obligatoria para el puesto. Con la intención de ocultar dichas irregularidades laborales, el partido liderado por Pablo Iglesias e Irene Montero manipuló un documento oficial -el análisis de riesgos penales- en contra del criterio del equipo jurídico.

El responsable de cumplimiento normativo de Podemos en 2017, Raúl Carballedo, confeccionó un informe, al que ha tenido acceso en exclusiva este diario, en el que se detallaba el organigrama de la formación y los puestos y funciones desarrollados por cada uno de sus miembros.

En una primera versión del mismo, Carballedo describe la estructura del partido haciendo mención expresa a la existencia de un departamento de seguridad con “escoltas” e identificando con nombres y apellidos a cada uno de ellos. Además de indicar cuáles de ellos disponían de la acreditación necesaria del Ministerio del Interior y cuáles estaban en proceso de obtenerla.

Tras la advertencia del Área Legal de Podemos sobre la gravedad de reconocer que los trabajadores contratados para conducir los vehículos de los entonces portavoces, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, desempeñaban funciones propias de un puesto para el que no habían sido incorporados –“acompañamiento, defensa y seguridad de personas"– Carballedo eliminaba, en una segunda versión del documento, dicha referencia.

Departamento de Seguridad.
El informe de Podemos sobre el departamento de Seguridad del partido afirma que además de encargarse de la gestión y coordinación del equipo de logística-transporte, recepción y el voluntariado de respeto, era el área concebida para “la seguridad del partido y sus principales portavoces”.

Y asignaba a su Director de Seguridad, Sergio Illanes, la misión de organizar “los diferentes equipos, la dirección, inspección y administración de los servicios” prestados y contratados; la “implantación de los planes de seguridad, control de funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada”; “comunicación e interlocuciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, tanto a nivel operativo como vía contacto telefónico; y, la “creación de los presupuestos del departamento”, incluida la búsqueda de “formación activa para el equipo de Logística-Seguridad”.

El propio Illanes advirtió a la cúpula de Podemos de la situación irregular de sus chóferes-escoltas, entre los que se encontraba la trabajadora a la que Irene Montero convirtió en recadera y que ahora demanda a la formación morada por despido improcedente y “trato discriminatorio”. Le preocupaban las elevadas sanciones administrativas a las que se enfrentaría el partido de no regularizar la situación laboral de dichos profesionales y las consecuencias penales -incluido un posible delito de intrusismo– a las que se enfrentaban tanto la formación como los propios trabajadores afectados.

No en vano, en último término, a él correspondía la coordinación del equipo humano y la coordinación territorial de los denominados “voluntarios de respeto”, afiliados y simpatizantes del partido encargados de colaborar en la seguridad de los eventos multitudinarios de la formación como, por ejemplo, los dos mítines de Vistalegre.

Contratación ilegal.
Podemos contrató a la escolta a la que Irene Montero convirtió en recadera -y que ahora demanda al partido por su trato “discriminatorio”– sin mediar para ello una empresa de seguridad autorizada por el Ministerio del Interior, tal y como obliga la ley.

Así se desprende del documento laboral suscrito entre la escolta y Podemos, al que OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva, y que la propia trabajadora incorporó como prueba ante el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid,

La formación morada incumplió los requisitos legales para la actividad de protección de personas a título particular que "únicamente" puede "ser desarrollada por escoltas privados integrados en empresas de seguridad”.

Esto es, Podemos incurrió en una "clara ilegalidad" -tal y como avisó en 2016 el entonces jefe de seguridad del partido a la propia Montero, vía mail- al contratar a la trabajadora sin recurrir a una empresa correctamente autorizada por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía Nacional, "para el ejercicio de dicha actividad".

moncloa.com
Minerva Marcos.
22/12/2019.

Un sindicato denuncia a Podemos por intrusismo laboral en el caso de la escolta.

El caso de la escolta–no escolta de Podemos sigue levantando ampollas. Alternativa Sindical, representantes de los trabajadores de vigilancia privada, ha presentado una denuncia ante la Unidad de Seguridad Privada de la Policía contra la formación morada por considerar que se ha producido un “intrusismo laboral” al contratar a una chófer para ejercer funciones de seguridad. Un trabajo que precisa de una preparación adecuada para hacerlo conforme a la legalidad vigente.

El portavoz de Alternativa Sindical, Alberto García, afirma que su sindicato tuvo conocimiento de esta situación a través del exjefe de seguridad del partido de Pablo Iglesias, Sergio Illanes. Según sostienen, el extrabajador informó de que “la estrategia de la formación política era dar de alta a los escoltas como chóferes, es decir, estos empleados estarían adscritos al Área Logística y de Transporte” y no tendrían dentro de sus competencias aquellas relacionadas con la seguridad de miembros de Podemos.

García asegura que el partido ha llevado a cabo un “intrusismo laboral” y, además, “una grave irregularidad porque no tienen la autorización por parte del Ministerio de Interior para hacer labores de vigilancia”. Es por ello que el sindicato no solo ha efectuado una denuncia a Podemos por esta situación, sino que también ha demandado a la empresa de seguridad del partido porque “no tenía habilitación” para permitir estas anomalías, algunas de ellas todavía bajo investigación.

Alternativa Sindical insiste en que “la Ley de Seguridad Privada no permite a empresas no autorizadas la subcontratación de Personal de Seguridad Privada”. El portavoz del sindicato ha confirmado a este periódico que Illanes, que hasta hace poco estuvo a cargo de las funciones de seguridad, estaría dispuesto a ratificar ante el juez los motivos formulados en la denuncia.

Además de la demanda de este sindicato, la Asociación Española de Escoltas (ASES), también se ha puesto manos a la obra y a solicitado a la Fiscalía que investigue si estos hechos podrían incurrir en un delito de intrusismo. Según el artículo 403 del Código Penal, Podemos podría enfrentarse a multas de 12 a 24 meses si finalmente se le declarara culpable.

SILENCIO EN PODEMOS Y PSOE.

En Unidas Podemos han preferido mantenerse discretos y no comentar nada de esta situación. El partido vive actualmente un momento delicado en plenas negociaciones con el PSOE para formar un gobierno de coalición. Un escándalo de este tipo podría afectar a las conversaciones, que hasta el momento fluyen con normalidad.

No obstante, este tema no ha enturbiado los avances hacia la gobernabilidad. Los socialistas se han mantenido al margen en esta cuestión y han preferido no hacer leña del árbol caído, sobre todo, para no debilitar las relaciones con su posible socio durante cuatro años. Ambos partidos han preferido hacer oídos sordos a las polémicas que han surgido tanto en una fila como en otra.

Así mismo, la formación morada también ha guardado las formas con los de Pedro Sánchez y no ha querido presionarle después de conocerse la sentencia de los ERE, que condenaba por corrupción a varios exaltos dirigentes del gobierno andaluz socialista, entre ellos a dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ambas formaciones están asumiendo un perfil bajo para evitar los ataques directos entre ellos, algo que no hicieron en las negociaciones de verano y que desembocó en unas nuevas elecciones.

Tranquilos, los Marqueses de Galapagar ya están empezando a escribir la carta de dimisión por todas sus irregularidades. Y según fuentes fidedignas van a mandarla al mismo sitio que mandaron la de los Reyes Magos.

A los marqueses no los sacamos de su poltrona ni estirando con bueyes

okdiario.com
María Jamardo.
02/01/2020.

Montero a la desesperada:
ofrece 50.000 € a la escolta-recadera para no ir a juicio como ministra.

La número dos de la formación liderada de Pablo Iglesias pone precio a las reclamaciones de la trabajadora.

Quiere que renuncie a la demanda y firme un documento de confidencialidad.

Llegar a un acuerdo extrajudicial, cueste lo que cueste. Podemos trata de comprar con 50.000 euros el silencio de la escolta a la que Irene Montero convirtió en recadera y que demandó a la formación por "trato discriminatorio" para evitar que su número dos tenga que ir a juicio como ministra.

Montero está citada como testigo el próximo día 20 de enero a las 9.00 de la mañana en el juzgado de lo social número 3 de Madrid por el caso del despido improcedente de su escolta, a la que convirtió en chófer de familiares y amigos y mecánica de sus vehículos particulares. El magistrado titular fijó la vista laboral ante la imposibilidad de que las partes llegasen a un punto de encuentro en el acto de conciliación que se celebró el 20 de noviembre, en el Juzgado de refuerzo.

Ya había fracasado un primer intento el 26 de agosto, en la sede del Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC). Un trámite obligatorio en el ámbito laboral antes de que se celebre juicio.

Pero la número dos de la formación liderada por Pablo Iglesias, socio de Gobierno de Pedro Sánchez, no quiere que nada enturbie su llegada a la futura cartera que ocupará en el Ejecutivo de coalición que, previsiblemente, saldrá conformado tras la segunda votación de la investidura fijada el 7 de enero.

Si nada lo impide antes, Montero tendrá que explicar ya como ministra, ante el magistrado titular de lo social número 3 de Madrid, por qué la escolta fue contratada directamente por Podemos -en contra de los requisitos que exige la ley- y responder de su "trato discriminatorio". Por ello, las instrucciones a los abogados son claras: llegar a un acuerdo para que la trabajadora renuncie a la vía judicial y firme un documento de confidencialidad.

En discusión, un total de 30.570,92 euros por “horas extraordinarias no abonadas” y otros 2.100,65 euros en concepto de “horas nocturnas”, el importe que la escolta de Irene Montero reclama a Podemos por los servicios prestados fuera de su horario laboral y que no ha cobrado hasta la fecha.

Por mucho que paguen y lleguen a un acuerdo, esto es solo el tema laboral.
Lo demas sigue su curso...
No hay nada como ser comunista y tirar de billetes para tapar tus mierdas....

Al final, tod@s felices.

okdiario.com
María Jamardo.
15/01/2020.

Podemos compra el silencio de la escolta-recadera de Montero para que la ministra no vaya a juicio.

La escolta de Podemos convertida en recadera por la ya ministra de Igualdad Irene Montero retira su demanda laboral tras llegar a un acuerdo extrajudicial con la formación morada. Según publica El Confidencial, el pacto se habría alcanzado este martes, después de la toma de posesión de Pablo Iglesias como vicepresidente y la propia Montero como ministra.

Llegar a un pacto de silencio «cueste lo que cueste» era la consigna bajo la que Podemos negociaba, desde el pasado mes de diciembre, el silencio de la escolta a la que Irene Montero convirtió en recadera y que demandó a la formación por «trato discriminatorio». La actual titular de la cartera de Igualdad trataba de evitar, y lo ha conseguido, tener que ir a juicio como ministra, tal y como avanzó OKDIARIO. La cifra sobre la mesa, 50.000 euros.

Montero estaba citada como testigo el próximo día 20 de enero a las 9.00 de la mañana en el juzgado de lo social número 3 de Madrid por el caso del despido improcedente de su escolta, a la que convirtió en chófer de familiares y amigos y mecánica de sus vehículos particulares. La vista que ahora ha quedado anulada – y ya ha sido retirada de la web de citaciones oficial- se fijó ante la imposibilidad de que las partes llegasen a un punto de encuentro en el acto de conciliación que se celebró el 20 de noviembre, ante el magistrado del Juzgado de refuerzo.

Ya había fracasado un primer intento el 26 de agosto, en la sede del Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC). Un trámite obligatorio en el ámbito laboral antes de que se celebre juicio.

Pero Montero no quería que el ‘escoltagate’ destapado por OKDIARIO enturbiase su llegada a la cartera que ya ocupa en el Ejecutivo socialcomunista de coalición conformado tras la segunda votación de la investidura de Sánchez, el pasado 7 de enero. Por ello, las instrucciones a los abogados fueron claras: llegar a un acuerdo para que la trabajadora renunciase a la vía judicial y firmase un documento de confidencialidad sobre lo ocurrido.

Un total de 30.570,92 euros por “horas extraordinarias no abonadas” y otros 2.100,65 euros en concepto de “horas nocturnas” eran los importes que la escolta de Irene Montero reclamaba a Podemos por los servicios prestados fuera de su horario laboral y que no había cobrado hasta la fecha.

okdiario.com
María Jamardo.
16/01/2020.

Montero exigió al PCE que desactivara el ‘Escoltagate’: la abogada de la guardaespaldas es cargo del partido.

La escolta de Podemos convertida en recadera por la ya ministra de Igualdad, Irene Montero, ha retirado su demanda laboral por despido improcedente y «trato discriminatorio» tras llegar a un acuerdo extrajudicial con la formación. Fuentes próximas a Podemos apuntan a OKDIARIO que el pacto se habría alcanzado gracias a la intermediación del secretario general del Partido Comunista (PCE), Enrique Santiago, a quien Montero exigió desactivar el ‘Escoltagate’. No en vano, Santiago es jefe político de la abogada de la escolta, Anabel Segado, a su vez secretaria de Movimiento Obrero y de Vivienda del PCE.

Tal y como ella misma recoge en su perfil oficial en redes sociales, Segado es abogada en el despacho ActivaT y cargo del PCE que lidera Enrique Santiago, quien estuvo presente en la firma del acuerdo de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para conformar Gobierno. Una circunstancia que Montero habría utilizado supuestamente para descolgar el teléfono y pedir a Santiago que la letrada aceptase el pacto extrajudicial en la demanda que la escolta interpuso contra Podemos. El PCE ha logrado sentar a dos de sus militantes en el nuevo Consejo de Ministros: Yolanda Díaz y Alberto Garzón.

Llegar a un pacto «cueste lo que cueste» era la consigna bajo la que Podemos negociaba, desde el pasado mes de diciembre, la confidencialidad de la escolta a la que Irene Montero convirtió en recadera y que demandó a la formación por «trato discriminatorio». La actual titular de la cartera de Igualdad trataba de evitar, y lo ha conseguido, tener que ir a juicio como ministra, tal y como avanzó OKDIARIO. La cifra sobre la mesa, 50.000 euros.