Los aeropuertos llevarán al extremo el control de sus empleados por seguridad.

diariovasco.com
MELCHOR SÁIZ-PARDO.
03.08.2019

El nuevo Programa de Seguridad de Aviación Civil aumenta la vigilancia de los trabajadores para incrementar la protección contra el terrorismo.

Los 48 aeropuertos públicos españoles van a llevar al extremo el control y la supervisión de los miles de trabajadores que cada día acceden a sus instalaciones por diferentes motivos. Esta es la medida estrella de la reforma del nuevo Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil aprobado este mes de julio por la Secretaria General de Transporte del Ministerio de Fomento y que acaba de entrar en vigor. Los expertos en protección aérea y especialistas de los ministerios de Interior y Defensa, a la vista de las modificaciones en el programa, consideran que es imprescindible aumentar al límite la vigilancia del personal laboral en la lucha contra el terrorismo o el narcotráfico en los aeródromos.

La principal novedad de la nueva normativa es la creación de la figura de la «comprobación de antecedentes reforzada» para todas y cada una de las personas, «incluidos los miembros de las tripulaciones», que «para desarrollar su actividad tengan que acceder a las zonas de seguridad restringidas» (ZRS) de los aeropuertos. Hasta ahora, este personal estaba sometido a un «procedimiento de evaluación de idoneidad» que incluía lo que se denominaba una «comprobación de antecedentes normal» con la inclusión del registro de antecedentes penales de los cinco últimos años en los países en que hubiera residido el candidato o la comprobación de su identidad. Ahora, esta «comprobación normal» se limitará exclusivamente a trabajadores que entren al aeropuerto, pero a las zonas a las que podría acceder cualquier persona sin tarjeta de embarque, o sea todas aquellas antes de los controles de seguridad.

Los millares de trabajadores que deban acceder a ZRS (como mecánicos, repartidores, reponedores, vigilantes, personal de tierra de las compañías, asistencias, camareros, dependientes...) van a ser sometidos a esa «comprobación reforzada» de su historial de vida. Por supuesto que se verificarán los registros de antecedentes penales de los países en lo que ha vivido el candidato. Pero es que la Administración tendrá además la obligación de declarar «no idóneo» para trabajar en los aeropuertos españoles a quien tenga una sola condena firme de un listado de 47 delitos, muchos de ellos ajenos al narcotráfico o al terrorismo.

Tener, por ejemplo, antecedentes de corrupción (como tráfico de influencias o cohecho) hará imposible de por vida acceder a un puesto de trabajo en las zonas de seguridad restringidas. Los expertos entienden que haberse dejado sobornar en el pasado puede ser un factor de riesgo para alguien que podría acceder a áreas críticas de los aeródromos.

Informes de inteligencia.
Otra novedad importante es que esta «comprobación reforzada», a la que también deberán de someterse los supervisores y jefes de las personas que accedan a las ZRS, aunque ellos nunca vayan a entrar en áreas restringidas, incluirá informes de los servicios secretos. «Se incluirá (en los expedientes de los candidatos) la información de inteligencia y de cualquier otro tipo de que dispongan las autoridades nacionales competentes, que estas consideren pertinente al objeto de determinar la idoneidad de la persona, y que puedan suponer un riesgo para la seguridad de la aviación civil», apunta el texto recién aprobado.

Y no habrá ni siquiera cursos previos sin pasar el examen «reforzado», según la nueva normativa. «Por su importancia para la seguridad aérea, la comprobación de antecedentes reforzada deberá completarse antes de que la persona reciba formación inicial en materia de seguridad que implique el acceso a información restringida por su carácter sensible para la seguridad», avisa el texto. En particular, la nueva ley prohíbe taxativamente que ninguna persona «sea autorizada a efectuar inspecciones, controles de acceso u otros controles de seguridad en una zona restringida de seguridad» sin que la Administración tenga en su poder los informes favorables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Estos controles extremos, aclara el propio programa, no se aplicarán a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o de los servicios secretos. El Gobierno entiende que estos colectivos ya tienen suficientes mecanismos de supervisión internos.

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Bueno puede ser interesante y además creo que es necesario que haya un control más férreo sobre el personal que trabaja en estas infraestructuras dónde la seguridad de miles de personas depende de unos pocos

Lo mejor de la noticia es que al no poder acceder gente que haya aceptado sobornos o prebendas la mayoría de los políticos no podrán solicitar dichos puestos .