servicio de vigilancia en las carceles, ( Hilo para hablar exclusivamente del servicio en las carceles )

Los sindicatos ven «inminente» que se implante vigilancia privada en la cárcel

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El Gobierno central tiene luz verde desde la última semana del pasado mes de junio para la contratación de seguridad privada en 46 centros penitenciarios del país, entre ellos el de Segovia. Son los que quedan por asumir el nuevo modelo después de que el año pasado ya se pusiera en marcha la experiencia a modo de proyecto piloto en 21 prisiones españolas. Los resultados parecen haber convencido a los responsables del Ministerio del Interior, que poco a poco han dado pasos para extender el sistema al resto de cárceles del país. Era, pues, una medida que se venía barruntando desde hace tiempo, aunque no terminaba de fraguar.

Desde el primer momento en que el Ejecutivo esbozó sus planes, los sindicatos han coincidido en sospechar propósitos de privatización de la vigilancia que vienen realizando los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por su parte, Interior siempre ha negado esas intenciones. Su máximo responsable, Jorge Fernández Díaz, se ha encargado de subrayar que esa seguridad privada prestará labores «auxiliares o de apoyo», ya que la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen siendo los garantes y responsables de la protección de los centros penitenciarios del país.

Lo cierto es que el Gobierno ha tratado de amoldar ese proyecto incipiente a las necesidades reales de personal. La Administración General se ha encontrado en la aplicación de la iniciativa con un panorama marcado por la reducción de plazas en la oferta pública de empleo y, por consiguiente, con un déficit cada vez mayor de plantillas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para compensar esa carencia, el Ministerio reenfocó la contratación privada con la mirada puesta en «optimizar» los recursos humanos disponibles en las cárceles y garantizar un «uso eficiente de los fondos públicos», tal y como argumentaron sus representantes.

Control del perímetro

Ese renovado objetivo concretó algo más las atribuciones de los vigilantes privados en el ámbito de actuación penitenciario y el reparto de cometidos de unos y otros. Para empezar, Fernández Díaz quiso disipar dudas y apuntalar el mensaje de que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil supervisarán y dirigirán las tareas asignadas a la seguridad privada. Esas labores se circunscribirán al perímetro de las prisiones, lo que supone, por citar algunos ejemplos, el control de los vallados y muros exteriores, la comprobación de los accesos reservados a familiares o de las cámaras de seguridad. Así se comunicó en una respuesta parlamentaria.

Entre sus tareas estarían la supervisión de accesos y el control de vallados y muros exteriores
Con esta redistribución de tareas –aseguraron fuentes ministeriales–, los agentes de los Cuerpos públicos se concentrarán en otras responsabilidades que les son exclusivas dentro de su deber de salvaguarda de la seguridad ciudadana, como pueden ser los traslados de internos o su custodia fuera de las cárceles.

Sin embargo, los argumentos oficiales no convencen a las centrales sindicales. Los representantes de las plantillas desconfían de los planes del Gobierno. Es más, ven «inminente» la llegada de guardias privados a la cárcel segoviana de Perogordo, según las impresiones recabadas de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Sus portavoces creen que la expansión de aquel proyecto piloto, que en Castilla y León se implantó en León, Salamanca y Palencia, será una realidad a no mucho tardar en Perogordo, teniendo en cuenta de que el pasado mes de junio ya se cerró la concesión. Así, los funcionarios esperan la llegada de la vigilancia privada «en cualquier momento», reitera la delegación provincial de Acaip.

Sin publicidad

La agrupación se queja de «la falta de transparencia» con la que se tramita el proceso. Lo que sí se sabe es que la estructuración del contrato se reparte en cuatro lotes, divididos por áreas geográficas en función del proyecto piloto. Una de ellas la conforman Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja y Galicia. Además, se ha hecho mediante un «procedimiento negociado sin publicidad», lo que para Acaip es «una forma de facilitar la distribución del negocio fácil entre las grandes empresas del sector».

La sensación de que la implantación es inminente también la alimenta la autorización que dio el Consejo de Ministros, el pasado mayo, a la contratación de vigilantes privados para prestar apoyo a la Policía y la Guardia Civil en la seguridad de los 67 centros penitenciarios del país dependientes de Interior. El coste del contrato en su conjunto supera los 33,3 millones de euros e implica 202 puestos de trabajo y 800 vigilantes.

Los indispensables

Por su parte, los portavoces policiales de sindicato unificado SUPtambién sospechan de que la implantación del nuevo modelo está al caer. El secretario provincial, Tomás Torrego, reitera que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los máximos y únicos responsables de la vigilancia y prevé que la «privatización» traiga consigo la reducción de plantilla.

La Comisaría solicitó el número de funcionarios indispensables para avalar el servicio en la cárcel. El contingente de efectivos destinados supone aproximadamente un 15% de una plantilla de algo más de doscientos policías de que dispone el Cuerpo Nacional en Segovia, señaló hace unos meses el SUP. Es una dotación que, a tenor de los cálculos que hizo el Ministerio para justificar la asignación de efectivos al control perimetral, está algo por debajo de la media de entre 40 y 50 agentes.

Coste de cada vigilante

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) discrepa de la contratación de vigilancia privada en las cárceles y considera que detrás hay un interés por «privatizar» el sector. Los más de 33 millones de euros autorizados por el Gobierno hubieran paliado la reducción del personal que trabaja en las cárceles españolas. Desde 2008, esas plantillas se han visto disminuidas en 1.225 trabajadores, señala Acaip. La calculadora de la agrupación resuelve que el coste que acarreará cada vigilante asciende a unos 3.000 euros al mes.

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muchas gracias por la info compañero

saludos

patrullerovlc escribió:buenos dias ayer termine el curso de dependencias y centros de internamiento y nos dieron las adjudicatorias finales de las prisiones os lo dejo a todos los compañeros.
lote 1-Andalucia,Canarias,Ceuta y Melilla lo llevara Securitas
lote 2-Asturias,Cantabría,Castilla y León,Galicia y La Rioja lo llevara Ombuds
lote 3-Castilla la Mancha,Extremadura y Madrid lo llevara Prosegur
lote 4-Aragón,Baleares,Comunidad Valenciana,Murcia y Navarra lo llevara seguriberica

Esto mismo ya lo expuse yo en otro post ya que parecía que iba a ser definitivo, y aunque los servicios mas importantes puedan estar adjudicados a estas cuatro empresas se rumorea que ha habido novedades de ultima hora y no se limita solamente a estas, entran algunas mas, incluyendo cambios en la adjudicación de alguna comunidad autónoma.

Creo que pueden haber hasta Utes, osea empresas que se junten con otras para llevar las cárceles, ami me da casi igual quien las lleve porque para que te toque una plaza ahí después de las pocas vacantes que habrá no me hace ser muy optimista.

un saludo

ALMERIA: Prosegur y Vinsa presentan ofertas idénticas para hacerse con la vigilancia de los centros culturales

Dos empresas presentaron ofertas idénticas para hacerse con el contrato de “servicios de vigilancia y seguridad privada, y de auxiliares de servicio, para las instalaciones municipales dependientes de las Delegaciones de Áreas de Cultura y Educación; Juventud, Deportes y Fiestas Mayores” del Ayuntamiento de Almería, según se recoge en un informe municipal al que ha tenido acceso Noticias de Almería.




El documento firmado por el técnico correspondiente dice textualmente que “resulta curioso” que las Memorias de los licitadores UTE Prosegur España SL - ESC Servicios Generales y V2 Complementos Auxiliares SA – Vigilancia Integrada SA “son exactamente idénticas, tanto en guión, como en su exposición y desarrollo”. Es más, el funcionario destaca un detalle que lo confirma de un modo más evidente, como es que “hasta cometen el mismo error”. Pero ese error es especialmente importante “a la hora de aceptar la documentación”, ya que ambas entidades indican que “el edificio del Museo Teatro Apolo, que no es un museo, se encuentra en obras, sin uso y se limita a una taquilla, circunstancia que no es cierta en absoluto, ya que dicho edificio no está en obras, y se encuentra en uso para la reaización de espectáculos, en atención a la Programación Cultural y de Ocio del Excmo. Ayuntamiento de Almería”.




El informe concluye que “atendiendo a este detalle, es evidente que ambas entidades no han realizado visita a la referida instalación, y tampoco han solicitado información alguna al respecto de la misma” y que “los licitadores tienen la obligación de conocer el estado de las instalaciones antes de redactar su oferta”. También es llamativo que pese a esa “identidad” de los proyectos, el precio ofertado por Prosegur es de 815.553,25 euros, mientras que V2 lo ofrece por 810.823,95 euros; respecto a la bolsa de horas ofertada por la primera suma 4.098,50 euros y por la segunda de 2.753,50 euros. Ambas mercantiles son las que lograron una puntuación menor entre las seis que en total se presentaron, hasta el punto de que la primera -Grupo Control y Dimoba- obtuvo 89,99 puntos, y V2 45,59 puntos y Prosegur 45,55 puntos.




Es decir, ninguna de las dos empresas que presentaron ofertas “idénticas” ganaron el concurso municipal, que es una circunstancia similar a la que ocurrió con el proyecto del Mesón Gitano que en estos momentos está en los tribunales mediante la denuncia de UPyD y del Colegio de Arquitectos. Como en ese caso, quien detectó la igualdad de las dos ofertas fueron los técnicos municipales, y estos lo reflejaron en sus informes, y del mismo modo, las afectadas no lograron hacerse con el contrato.

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Los vigilantes privados ya controlan en solitario el acceso a media docena de prisiones de España

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La primera fase del proceso de privatización de parte de la seguridad de las prisiones ha permitido que los vigilantes asuman responsabilidades que hasta el momento no habían contraído. Entre ellas, la de controlar la sala de monitores o la valla de acceso al perímetro carcelario.


Sobre esta última tarea, el Gobierno ha negado en varias ocasiones que vaya a ser desempeñada exclusivamente por los vigilantes. Sin embargo, según ha podido saber Seguridad y Tribunales, en al menos media docena de prisiones los profesionales privados han asumido el control en solitario, sin el apoyo de los funcionarios. Fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) aseguran que durante los dos o tres primeros meses desde que comenzó el plan de privatización, hace algo más de un año, los primeros vigilantes estuvieron apoyados por los miembros del instituto armado y por los funcionarios de prisiones. Los tres cuerpos de profesionales convivían en las garitas de entrada a los recintos carcelarios. En los seis centros citados, los guardias civiles abandonaron primero esta tarea, que quedó en manos de vigilantes y funcionarios de prisiones. Luego fueron estos últimos los que fueron reubicados, decisión que dejó solos a los agentes privados.




Cárceles modernas La media docena de instalaciones en las que el Ministerio del Interior deja la responsabilidad a los vigilantes son centros penitenciarios modernos, que cuentan con una primera barrera de entrada al aparcamiento del recinto, cosa que en las construcciones más antiguas no existe. De hecho, es en ese primer obstáculo donde el Gobierno permite a los vigilantes el control en exclusiva. Fuentes de AUGC, sin embargo, no consideran adecuado que los vigilantes controlen en solitario estas primeras barreras. Aseguran que, al hacerlo, los agentes privados registran datos personales de los visitantes, como el nombre y el documento de identidad del conductor del vehículo, la matrícula o la mercancía que introduce, ya que en muchos casos por ahí pasan los camiones que llevan género de distinto tipo, no solo visitantes.




Desde la asociación entienden que no es bueno que esos datos estén en manos privadas, ya que los vigilantes un día están en una empresa y al día siguiente en otra o incluso en el paro, dada además la elevada tasa de desempleo que existe y la facilidad para prescindir de un trabajador que permite la reforma laboral. Alertan de que esto podría facilitar el tráfico de esos datos personales que han estado en posesión de los vigilantes. Por otro lado, las fuentes consultadas aseguran que tampoco es sano que los agentes privados estén presentes, aunque sea acompañados por guardias civiles, en las salas de control de cámaras, ya que esto les permite conocer la disposición de cada dispositivo, las zonas oscuras –que no se graban– e incluso qué aparatos funcionan y cuáles no. Se trata de una información demasiado valiosa para estar en manos de alguien que podría estar en la calle al día siguiente, afirman desde AUGC.




FUENTE: lainformacion.com

“Es una desvergüenza que en plena crisis se permitan el lujo de gastar 33 millones de euros implantando un servicio innecesario a todas luces porque ya lleva muchos años cubierto por guardias civiles”. Así lo señala en GACETA.ES Ramón Rodríguez Prendes, secretario general de la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), respecto a la privatización de la seguridad exterior de las cárceles.
Esta medida se extenderá a las 67 prisiones de competencia estatal y conlleva la integración de 800 vigilantes de seguridad. El coste del contrato asciende a 33.387.743 euros distribuidos en las anualidades 2014 y 2015, según ha informado el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria escrita.
Frente a ello Rodríguez destaca que cuando los guardias civiles solicitan un aumento de sus retribuciones o la recuperación de las nóminas perdidas en 2007, sin embargo, les hacen mención a la difícil situación económica que atraviesa el país. Además, advierte de que “cada vigilante de seguridad va a salir por 41.000 euros al año, una cifra muy superior a lo que gana un guardia civil”.
Estas competencias eran exclusivamente de la Benemérita hasta que en los últimos meses se ha venido instaurando un proyecto piloto en 21 centros y a los agentes se han sumado entre cuatro y 10 vigilantes. Desde entonces, el control de accesos y la vigilancia de cámaras lo desempeña la seguridad privada.

“No pueden ejercer más funciones porque la propia Ley de seguridad privada no se las permite. No obstante, extraoficialmente nos han dicho que se encargarán también del traslado de los reclusos a juzgados, hospitales, a otros centros penitenciarios, por lo que tendrán que hacer una modificación de la ley”, informa Ramón Rodríguez. Por su parte, los guardias civiles ejercen otras labores que no pueden hacer los vigilantes como, por ejemplo, el cacheo de alguna visita de los internos y el control de las mismas.

Los agentes sienten que se les está relegando de sus funciones y temen que una vez que se implante este servicio se acometan reestructuraciones de plantilla. “La Dirección General del Cuerpo ha dicho que hasta 2016 no pasará nada con nosotros, pero no aclara en qué situación quedaremos después”, denuncia Rodríguez Prendes. “Tememos que se produzca el traslado de buena parte de los 2.000 agentes que desempeñan estas funciones a otros puestos”, añade.

Frente a este “dispendio” recuerda que el gremio no tendrá ningún tipo de subida salarial para 2015, ni se va a producir oferta pública de empleo en condiciones porque no hay partida presupuestaria. El sindicato recuerda que en los últimos siete años la plantilla de la guardia civil ha descendido aproximadamente en 7.000 agentes. Interior tampoco prevé modernizar el parque móvil de la Guardia Civil, en el que más del 30% son vehículos que superan los 200.000 km o los diez años, por falta de partida presupuestaria,  pero para esto si se haya habilitado una partida presupuestaria.

“Quizás el interés personal ha facilitado esta actuación”, señala Ramón Rodríguez y dice que “desde el Ministerio del Interior ya se ha hecho efectiva la concesión de esta vigilancia privada a diferentes empresas de seguridad, entre ellas OMBUDS, también concesionaria de la vigilancia de centros militares sanitarios adscritos al Ministerio del señor Morenés y Segur Ibérica, a la que perteneció Morenés hasta que fue nombrado ministro”. Según se desprende de Informa, el ministro desempeñó la presidencia de esta mercantil desde noviembre de 2011 hasta enero de 2012.

Por último, UniónGC también resalta que el colectivo no quiere “menospreciar la labor de los vigilantes de seguridad, que es en el sector privado en donde deberían realizar su actividad”, sino que “alertar de que este tipo de intromisiones en el sector público claramente están dirigidas por intereses económicos concretos que olvidan la gran crisis que estamos pasando o a sabiendas de la misma pasan por encima de ella para su propio enriquecimiento”.

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Precisamente , se quiere privatizar , porque un VS cobra menos que un GC y los turnos que harán (Y sus derechos) son muy inferiores a los de cualquier funcionario. Lo que cubre un VS necesitan cubrirlo entre 3 GC. Además . que ha estos GC no se les va a despedir , se les va a recolocar en otros sitios donde hagan falta mas agentes (Trafico, aduanas , redadas , seguridad ciudadana, etc. ) en cambio para los VS significan , mas puestos de trabajo.

Yo estuve en una comisaria general de los Mosssos y pasaba lo mismo. Con los VS la generalitat , se ahorraba un paston. Pero como ahora no pueden ni pagar a las empresas , pues vuelven haber mossos . Cobrando 1800 euros , realizando las mismas funciones que hacia el VS , pero con mas fiestas , puentes , permisos , días personales , etc. Por lo que para cubrir un VS hacen falta 3 mossos.

Que lo ideal seria , que el sector privado tuviera los mismos derechos que los funcionarios , esta claro. Que eso no va a pasar nunca , también esta claro . Que los sindicatos de funcionarios luchan (De forma un tanto hipócrita) por sus poltronas , también esta claro.

Saludos , paz y amor.

Por su parte, los guardias civiles ejercen otras labores que no pueden hacer los vigilantes como, por ejemplo, el cacheo de alguna visita de los internos y el control de las mismas.

Esto si que es gordo viniendo de un guardia civil, ahora será que no se enteran ni estos, pensaba que solo no se enteraban los periodistas pero veo que también hay guardia civiles y policías que no se enteran de la película, que le vamos a hacer.
A ver señores guardia civiles , que el cacheo se esta haciendo a diario de una forma exaustiva en aeropuertos por ponerle un ejemplo y además la ley de seguridad privada asi lo avala.
un saludo

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El Sindicato de Prisiones de UGT ha alertado del proceso privatizador de la seguridad en los centros penitenciarios que hoy da un nuevo paso en la Prisión de Logroño con el cambio de titularidad en la empresa encargada de la vigilancia privada exterior.

Hoy se ha hecho efectivo el cambio de tiitularidad de la empresa encargada de la vigilancia privada exterior en la Prisión de Logroño. Según informa UGT, se retira la empresa Ombus, propiedad de Mayor Oreja y pasa a manos de Seguritas. En esta segunda fase se incrementa el número de vigilantes privados. - de 23 efectivos se pasa a 29- con el objetivo de sustituir progresivamente la vigilancia llevada a cabo hasta ahora de manera conjunta con la Guardia Civil. Además, se incorpora el derecho de estos vigilantes a llevar consigo armas de fuego.

El proceso privatizador comenzó en La Rioja en mayo de 2013 cuando se adjudicó a la empresa privada Ombus labores de vigilancia exterior de los recintos penitenciaros. Labor hasta entonces dentro de las funciones designadas a la Guardia Civil. Posteriormente el proceso privatizador se hizo extensible al resto de centros penitenciarios y ahora, de nuevo, es pionero, en esta segunda fase de sustitución de la guardia civil por vigilantes privados armados.

Desde el Sindicato de prisiones de UGT de La Rioja ha afirmado que "defendemos el trabajo desempeñado por la Guardia Civil -servidores públicos cualificados- y entendemos que esta sustitución no beneficia más que a los intereses privados de las empresas de seguridad, por lo que revindicamos un servicio público de calidad desempeñado por empleados públicos cualificados e imparciales. No olvidemos que el servicio público tiene como objetivo y único fin estar al servicio del ciudadano, no de intereses particulares".

"El centro de prisiones de Logroño es el centro piloto del proceso privatizador que está realizando el Ministerio del Interior y que posteriormente ampliará al resto de prisiones. Es por ello, que en la Comunidad Autónoma de La Rioja seremos los primeros en sufrir las consecuencias que este proceso acarrea", han resaltado.

Fuente: UGT

Estos después se sientan en la mesa negociadora a negociar nuestro convenio, si es que ellos solitos se delatan

saludos

El pasado 30 de Septiembre se realizo una asamblea a la que asistieron los delegados de CC.OO. del sector de Seguridad Privada, en ella, entre otros asuntos, se debatio el preacuerdo alcanzado por la mesa negociadora del convenio colectivo.

Tras escuchar a las distintas secciones y proceder a una votación, se alcanza el acuerdo, por amplia mayoria, de rechazar la firma del preacuerdo y expresar nuestro desacuerdo a la Federación Estatal.

Se adjunta documento entregado por la Sección Sindical de CC.OO. en Segur Ibérica

La pelea de sindicatos e intereses no cesa

Los agentes se han quejado de que el teniente haya accedido a que utilicen esa dependencia
El pasado 1 de octubre vigilantes de seguridad empezaron a ocupar puestos de vigilancia del perímetro exterior y control de las cámaras en la cárcel de Alcalá Meco, Madrid. En el penal, existe un malestar generalizado entre los miembros de la Guardia Civil porque les han quitado su vestuario.
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El problema se ha originado, según ha podido saber El Confidencial Digital, debido a que una habitación, que usaban para cambiarse los miembros de la Benemérita, ha sido cedida a los vigilantes de seguridad.

Estos agentes denuncian que la cesión se ha producido además con el consentimiento del teniente, que no se ha opuesto a la decisión de que se utilice esa dependencia.

Trabajadores de la prisión explican que la relación entre guardias civiles y agentes de seguridad es buena. No ha habido ningún problema entre ellos, sino que existe un gran compañerismo en estos primeros días de trabajo conjunto. El problema, apuntan, lo tienen los guardias con su superior.

La polémica ya ha llegado a las asociaciones del cuerpo. El Portavoz de Unión de Guardias Civiles (UnionGC) ha informado a ECD que no se quedarán de brazos cruzados y que “presentarán una queja ante la Dirección General”. También ha añadido que no le extraña esta adjudicación del vestuario, ya que “la tendencia es echar poco a poco a los guardias civiles”.

Para encontrar los orígenes de esta controversia hay que remontarse el verano del año 2012 cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, inició un plan para dar empleo en prisiones españolas a ex escoltas del País Vasco y Navarra. Las ocupaciones de estos profesionales son de vigilancia, pero el mando sigue a cargo de agentes de la Guardia Civil.
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sabia que pasaría algo asi, es normal , unos que se empeñan en meter con calzador la seguridad privada en las cárceles y otros que no quieren ni a tiros, es lo que hay, sabia que los primeros meses los compañeros de aquellas cárceles donde había guardia civil y donde los funcionarios se han hecho fuertes, lo pasaran mal, diferente será en algunas cárceles nuevas cuyo servicio se empezara de nuevo y donde todos serán nuevos desde un principio.
saludos

Pués aquí en Badajoz se comenta que los policias nacionales que llevan las carceles se han quejado incluso por escrito de los vigilantes de seguridad. A su entender no saben trabajar en las carceles al menos en esta. Así que no sé que pasará al final. Un saludo a tod@s. ¿ sérán rumores o será verdad?.

Yo creo , que los vigilantes estamos capacitados , ya que nos ponen la funcion que remedio pero hay que tener mano dura con los presos que sino nos torean

Una aportación...en el centro penitenciario de Palma de Mallorca aparte de SEGUR IBERICA, también está adjudicada la empresa COVIAR.

Saludos a tod@s!