El juzgado archiva la causa de tráfico de influencias contra Alcor.

Era de una de las investigaciones abiertas a raíz de la operación Muro.
01/02/2019

El juzgado de Monforte que dirige la investigación sobre posibles irregularidades en Alcor Seguridad acaba de anunciar el archivo de la investigación abierta en su día contra los responsables de esta empresa por tráfico de influencias. El juez no cree que haya pruebas para sostener esa acusación. Ese es uno de los casos desgajados de la causa principal de la denominada operación Muro, la investigación judicial abierta hace algo más de cuatro años que trata de determinar si los gestores de esta empresa de seguridad privada con sede en Monforte cometieron ilegalidades como delito fiscal o blanqueo de capitales.
La investigación por tráfico de influencias estaba en marcha desde finales del 2016, cuando el titular del juzgado número dos de Monforte decidió dejar en la causa principal de la operación Muro solo las diligencias para determinar si los responsables de la empresa cometieron delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social. De las escuchas telefónicas practicadas por la Policía Nacional, el juez instructor deducía que los investigados podían haber cometido otros cinco delitos: contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de dinero, falsedad documental, revelación de secretos y tráfico de influencias.
En el de falsedad documental los acusados quedaron libres de culpa hace unas semanas. La resolución que se acaba de conocer los exonera también del de tráfico de influencias, una acusación que se sustentaba en una conversación telefónica grabada por la Policía Nacional en la que el gerente de Alcor Seguridad, Carlos Somoza, se refería a la adjudicación en Canarias de un contrato financiado con fondos públicos. En la declaración que prestó como investigado en el juzgado de Monforte el 22 de febrero del 2017, Somoza explicó que la conversación se produjo cuando la adjudicación de ese contrato público había sido ya concedida. En la puerta del juzgado, el gerente de Alcor decía confiar que el asunto ni siquiera llegase a juicio. Y finalmente así ha sido.

Lo que queda pendiente.
En cualquier caso, esta última decisión judicial aclara en parte el futuro procesal de Carlos Somoza y del resto de los directivos que figuran como investigados en los sumarios de la operación Muro, pero no lo despeja del todo.
En los juzgados siguen todavía vivas la mayoría de estas causas. La más grave por la entidad del delito que se investiga tampoco suena ya tan amenazante para los investigados. Se trata de la que originariamente trataba de determinar si en Alcor Seguridad se cometieron delitos contra Hacienda y contra la Seguridad Social. En febrero del año pasado, el juez ya descartó que haya base para acusar de delito contra Hacienda, porque la administración tributaria confirmó que había fraude, pero fue incapaz de determinar si su importe supera los 120.000 euros, que es la cantidad que en esta figura legal separa el delito de la simple infracción administrativa. En cualquier caso, en estos momentos se mantiene en pie la investigación para comprobar si hubo delito contra la Seguridad Social. Este caso es el que está más avanzado de todos los relacionados con la investigación sobre Alcor y se encuentra en la fase en la que el juez tiene que decidir si abre auto de juicio.

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