El PSOE propone una baterias de medidas para el sector de la seguridad privada tras el caso Marsegur

Aprobada la PNL del PSOE para defender los derechos de los trabajadores de la seguridad privada

16 noviembre 2017

La diputada nacional Esther Peña ha defendido este miércoles, en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, una proposición no de ley (PNL) para evitar la precariedad laboral en el sector de la seguridad privada como consecuencia de las condiciones en las que se realiza la adjudicación de las contrataciones por parte de las administraciones públicas.

Una iniciativa que ha salido adelante gracias a 18 votos a favor -9, del PSOE, 7, de Unidos Podemos, 1, de PNV y 1, de ERC- frente a los 14 en contra del PP y las tres abstenciones correspondientes a Ciudadanos.
Para Peña, “es lamentable que el PP vote en contra de mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores de Capitania y de la Farmacia del Aire”. Con esta PNL, el Congreso insta al Gobierno a recuperar la prevalencia del convenio sectorial ante los de empresa como práctica ordinaria, mediante la derogación de la reforma laboral aprobada en 2012.

Asimismo, como ha explicado Peña en su intervención, se plantea la adopción de medidas para garantizar el respeto al convenio colectivo sectorial de aplicación haciendo condición necesaria que se rescindan los contratos a las empresas de vigilancia que incumplan la normativa laboral y no respeten unas condiciones dignas de empleo y sueldo para sus trabajadores e impulsar una contratación pública socialmente responsable mediante la creación de órganos de seguimiento en los que participen las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
La diputada ha denunciado que “esta explotación que sufre el sector es responsabilidad del Gobierno del PP por la forma en que oferta contratos públicos, que condena a los trabajadores a tener peores salarios y peores condiciones laborales”.

En definitiva, la PNL fija como objetivo acabar con la situación de precariedad laboral, por ejemplo, del servicio de seguridad privada que el Ministerio de Defensa contrató con Marsegur -ahora Novo Segur- para sus instalaciones en el conjunto del país. Caso que afecta a más de 600 trabajadores, unos 12 en la provincia burgalesa.

Asimismo, ha tachado de “escándalo” que estos empleados hayan pasado de cobrar en enero de este año 1.091 euros mensuales a percibir 726 en mayo por el mismo trabajo.

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