Oficinas de empleo sin vigilancia

El contrato con la empresa adjudicataria ha expirado, la nueva licitación «contempla la ampliación del número de oficinas con servicio de seguridad en la provincia, de 7 a 16, de más de 30 que hay en Cádiz, pero no ha sido posible tramitarla antes de la conclusión del actual contrato por estar a la espera de informes preceptivos».

La Delegación de Prevención ha exigido a la Junta que instaure nuevamente el servicio. Según el colectivo, la supresión afecta precisamente a las oficinas de localidades que mayor tasa de desempleo tienen, y que contaban con este servicio por ser, precisamente, las más conflictivas.

En 2015 «ya denunciamos las agresiones físicas y verbales que tienen que soportar diariamente» los funcionarios e interinos de la Junta destinados en las oficinas del SAE, debido «a la crispación que sufren los cientos de desempleados» a los que se atiende «y a la falta de vigilancia en la mayoría de ellas».

Por ello, «inexplicablemente» en lugar de incrementar el número de oficinas con vigilantes, el SAE «pone en riesgo la seguridad de sus propios trabajadores al retirar la vigilancia de las pocas oficinas que la tenían».

Esta supresión se suma «a las carencias de medidas de seguridad laboral constatadas por la Inspección de Trabajo» y que supuso la interposición de un requerimiento hace ya tres meses ante la Dirección Provincial del SAE para que subsanara incumplimientos como insuficiencia de personal, la no realización de las evaluaciones de riesgos laborales de los distintos centros en Cádiz y la no elaboración de la planificación preventiva, «incumpliendo en los dos últimos casos el artículo 16.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales».

Incumplimientos

El escrito de la Delegación de Prevención, al que ha tenido acceso EL MUNDO, se dirige a la Dirección Provincial del SAE y exige la reinstauración del servicio de vigilancia privada «y el grado de subsanación de los incumplimientos constatados por la Inspección de Trabajo».

El SAE «no cuenta con un protocolo de actuación ante situaciones violentas sobre su personal, y son los propios trabajadores los que tienen que costearse su defensa jurídica en casos de agresiones que lleguen a los tribunales».

Que no haya seguridad privada además «supone un riesgo laboral para los trabajadores de las oficinas del SAE, que han afrontado y sufrido agresiones, tanto físicas como verbales. Episodios violentos que han venido incrementándose en los últimos años debido a la falta del personal funcionario suficiente en las oficinas, que impide una prestación adecuada de este esencial servicio público».

Fuente: El Mundo


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