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Un empresario estuvo secuestrado por cinco horas
Los ladrones lo abordaron en su casa de Yerba Buena, lo llevaron hasta un departamento de barrio Norte y luego lo dejaron en una finca El dueño de una empresa de seguridad privada y un empleado suyo vivieron una pesadilla el jueves. Los dejaron en un cañaveral, atados y con la cabeza cubierta.
Fueron casi cinco horas durante las que vivió un calvario. El propietario de una empresa de seguridad privada fue sorprendido el jueves a la tarde por asaltantes, quienes lo habrían reducido junto a un empleado, lo habrían mantenido secuestrado, lo habrían llevado hasta un departamento para que les entregara dinero, y luego lo habrían dejado atado y con la cabeza cubierta en una finca ubicada cerca de San Pablo, informaron fuentes judiciales y policiales.

El violento ataque habría comenzado a las 17. Tanto en la Justicia como en la Policía mantuvieron en reserva el nombre de la víctima, aunque se conoció que los ladrones fueron primero hasta una casa que el empresario tiene en El Corte, Yerba Buena.

Allí habrían reducido a un empleado que estaba custodiando la vivienda. Unos minutos más tarde habría llegado el dueño, y también habría sido reducido. De acuerdo al testimonio que las víctimas habrían brindado, uno de los asaltantes vestía un uniforme de la Policía.

Una fuente judicial consignó que las víctimas habrían sido golpeadas por los ladrones. De la casa habrían tomado dinero y armas de fuego. El empresario, luego, habría sido subido a un auto de su propiedad, y de allí lo habrían llevado hasta el departamento en el que reside en forma permanente, en barrio Norte de la capital.

Los delincuentes que habrían trasladado al dueño de la empresa de seguridad privada hasta el departamento, habrían utilizado la vestimenta de los guardias de esa firma, de acuerdo con lo relatado por fuentes policiales y judiciales.Una vez en el edificio, habrían ingresado por el subsuelo y habrían tomado un ascensor que da directo al departamento. El botín habría estado compuesto, entre otras cosas, por dólares, pesos argentinos y joyas. El monto que se habría sustraído no trascendió.

En una finca
El empresario habría sido llevado luego a una finca cañera. Allí habría estado aguardando otro grupo de asaltantes, quienes habrían tenido cautivo al empleado de la víctima.
Antes de marcharse, los ladrones habrían atado de pies y manos a las dos personas, y les habrían cubierto la cabeza para que no pudieran ver nada. En las cercanías habrían dejado una camioneta y un auto del empresario, que habrían utilizado durante el atraco.
Fuentes tribunalicias contaron que las víctimas habrían conseguido desatarse alrededor de las 22, y que habrían caminado en medio de los cañaverales hasta que habrían encontrado personas a las cuales pedir ayuda.
Mientras tanto, los familiares del empresario ya habrían dado aviso a la Policía, alertados por la ausencia del hombre y la falta de respuesta a los llamados telefónicos.
La fiscala de Feria, María de las Mercedes Carrizo, dispuso que la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos de la Policía se aboque a la investigación.
Hasta anoche no había pistas firmes de los asaltantes, aunque los investigadores creen que los ladrones conocían en detalle el movimiento y los bienes de la víctima, por lo que habrían realizado un trabajo de inteligencia previo.
Peritos de Criminalística analizarán los vehículos y los rastros que fueron hallados en los lugares en los que sucedieron los hechos, para tratar de encontrar algún dato que permita identificar a algunos sospechosos.

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Medio: La Nación (España)
Fecha: 12 de enero

España quiere cambiar el rol del trabajador de la seguridad
Los vigilantes privados tendrían la potestad de detener, identificar y cachear
“Los vigilantes no somos ni una cosa ni otra. Yo salgo corriendo atrás de alguien que robó en la tienda, pero no me quiero meter en los líos de la calle”, explica Pedro, un agente de seguridad privada de una tienda del centro de Madrid. Vio en las noticias que si se aprueba el proyecto de ley de seguridad privada, su jefe puede mandarlo a patrullar a la calle. Y le da bastante miedo.
El borrador que presentó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, este mes amplía aún más el terreno de acción de los vigilantes privados, que podrán hacer ronda en las calles comerciales y tendrán potestad para detener, identificar y cachear a quien cometa algún delito flagrante dentro de su área de protección delimitada. Los primeros escépticos son los propios vigilantes que, con una formación más básica que los policías, sienten que la ley no los protege como a ellos.
“El ministerio tiene que garantizar que el servicio que se delega lo pueda ejercer la seguridad privada y para eso tiene que formarnos mejor”, dice José Rafael Centeno, director del sector de seguridad de la Unión General de Trabajadores (UGT). “Se atacó mucho a los vigilantes y no nos lo merecemos. Si hemos valido para escolta en el País Vasco y en Navarra durante 30 años, somos válidos para cualquier otra función, pero tenemos que recibir la formación necesaria”, agrega.La instrucción es, efectivamente, uno de los aspectos que perfila la nueva ley, aunque no deja claro cómo acabará cuajando esta intención de mejorar las competencias de los vigilantes. El borrador deja la puerta abierta a concretarla con programas de formación profesional o universitarios, pero los afectados temen que el gobierno les otorgue responsabilidades de policía sin las herramientas para hacerlo.
“Aún tenemos mucho camino que recorrer en el trato con la ciudadanía. No es lo mismo cachear a alguien en un espacio privado que en plena calle”, advierte Nelo Maldonado, asesor de seguridad privada de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y profesor en academias de vigilantes. “Incluso con la formación de algunos funcionarios de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado, donde se invirtió un tiempo mucho más largo, se siguen dando casos de abuso en algunas ocasiones”, indica el abogado penalista Jaime Sanz de Bremond.
La profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona Roser Martínez alerta que la reforma legislativa relaja la formación que se exige a los vigilantes armados -el 78% del total de un sector con 82.150 trabajadores-. “Ahora están obligados a hacer dos prácticas de tiro al año, mientras que el último borrador de la ley [del 10 de diciembre] sólo dice que el mantenimiento de la actitud en el uso de armas se hará con la participación de instructores de tiro habilitados. No especifica ni qué actitud deben tener los preparadores ni el número de prácticas ni el número de tiros”, explica la experta.
Martínez también destaca que la reforma permitirá que los vigilantes no depositen el arma en la empresa en algunas ocasiones. Los permisos de arma son otorgados a las empresas, no a sus trabajadores, por lo que los vigilantes están obligados a dejarla en manos de la compañía cada vez que acaban el servicio. Con la nueva ley podrán dejarla en la caja fuerte de un hotel, por ejemplo, en el caso de que estén realizando una protección privada de varios días para evitar que tengan que desplazarse hasta la sede de su empresa.
El sector perdió un 20% de su volumen de negocio desde 2008 y la Asociación Profesional de Compañías de Servicios de Seguridad (Aproser), la asociación que engloba a las 12 compañías más grandes que facturan el 70% de los ingresos del sector, no cree que la reforma de la ley reflote sus balances.

El perfil de los vigilantes privados
El de Pedro, un nombre falso porque no quiere que la empresa para la que trabaja conozca su identidad, es uno de los dos perfiles más habituales en los cursos de habilitación para seguridad privada: desempleado de larga duración, mayor de 40 años y con una profesión de un sector en declive, como la construcción. De hecho, él es mecánico, pero después de varios años en el paro acabó optando por esta alternativa. Encontró un trabajo estable aunque, según cuenta, no pasa de mileurista.
El otro perfil habitual entre los candidatos lo constituyen jóvenes de entre 18 y 21 años que ven la vigilancia como una carrera, y que aspiran a ascender a puestos más complejos como el control de sistemas operativos o la prevención de incendios. Juan Carlos Rodríguez, coordinador de estudios de Abalar, una academia que forma a unos 700 estudiantes al año, asegura que, por el contrario, los que aspiran a entrar en la policía nacional son, en general, mucho más vocacionales que los que intentan convertirse en seguridad privada. La formación es mucho más exhaustiva. “La idea de que son policías frustrados es falsa”, asegura. Sí pasa al revés, que estudiantes de policía nacional se sacan el título de vigilante para poder mantenerse mientras estudian.

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Medio: El Confidencial (España)
Fecha: 13 de enero

La nueva Ley de Seguridad Privada desata un ‘boom’ de los cursos para ser vigilante
La reforma de la Ley de Seguridad Privada que está a punto de culminar el Gobierno ha disparado la demanda de cursos de formación para conseguir el título de vigilante de seguridad, un requisito imprescindible para poder trabajar en este sector. La nueva norma ampliará las facultades actuales de los vigilantes privados, facilitando que las compañías de seguridad asuman servicios que hasta ahora sólo podían ejercer los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad. El sector espera multiplicar sus cifras de negocio en los próximos años. Y con las tasas de paro en niveles récord, muchos desempleados han visto en este cambio normativo la oportunidad para conseguir un sueldo.
Centenares de academias homologadas por el Ministerio del Interior imparten el curso de vigilante de seguridad en todo el territorio nacional. El coste de la formación oscila habitualmente entre los 300 y los 500 euros. Incluye los manuales, las clases presenciales, simulacros y el entrenamiento físico. Por lo general, el periodo de formación dura entre seis y ocho semanas. La asistencia a las clases es obligatoria.

Sueldos de 900 euros
Los alumnos que completan la formación con éxito consiguen un certificado, pero la gran mayoría intenta luego hacer el examen del Ministerio del Interior necesario para conseguir el título de vigilante. Para ser auxiliar de servicios de seguridad no hace falta ningún requisito, pero las funciones que se pueden asumir con ese rango son escasas. Lucir la placa oficial de vigilante también está mejor remunerado. Mientras que un auxiliar de seguridad suele cobrar entre 900 y 1.100 euros netos mensuales, la nómina limpia de un vigilante se mueve habitualmente alrededor de los 1.300. Otra cosa es que a las empresas les interese contratar a profesionales más caros.
La reforma legal va a abrir nuevas oportunidades de empleo en un sector que también ha sufrido la crisis económica, y las academias de formación ya lo están notando. “Estamos percibiendo mucho interés en hacer los cursos porque se va a convertir en un nuevo nicho de trabajo ahora que está todo tan complicado”, aseguran en una academia situada en la calle de Álvaro de Bazán de Getafe, en Madrid, que acaba de empezar a dar clases en turnos de mañana y tarde.
Lo mismo nota otra academia de formación situada en la plaza de Castilla de la capital. “Creemos que hasta mayo o abril no entrará en vigor la nueva norma, pero ya se ha producido un interés porque va a crear más oportunidades de trabajo y la gente lo sabe”, afirman en este otro centro. “Cuando se presente una situación de conflictividad, a los vigilantes se les va a tener mucho más en cuenta, no va a ser como ahora. Y se ampliará también su abanico de competencias”, aseguran.

La reforma legal eleva sus capacidades
En efecto, la nueva Ley de Seguridad Privada, que sustituirá a la normativa en vigor aprobada en 1992, no sólo mejora la consideración de los vigilantes en el ordenamiento jurídico, sino que además extiende sus capacidades de control. Hasta ahora, sólo podían cachear y detener en el interior de edificaciones, inmuebles o centros comerciales. También se les permitía trabajar en urbanizaciones privadas y polígonos industriales. Pero con el texto impulsado por el Partido Popular podrán comenzar a realizar esas funciones de vigilancia en cualquier espacio público, incluso en el centro de las ciudades. Además, la ley los habilita para proteger el perímetro de las prisiones, un cometido que hasta hace poco realizaba la Guardia Civil en exclusiva.
Las empresas de seguridad se frotan las manos con la nueva regulación. De hecho, la patronal del sector ha tenido mucho que ver con el texto que acaba de llegar al Senado y que dentro de unos meses entrará en vigor. Recoge prácticamente todas sus reivindicaciones. En la actualidad hay 1.500 compañías de seguridad inscritas en el registro del Ministerio del Interior. Aunque la crisis ha mermado sustancialmente sus contratos, emplean a casi 90.000 personas, una plantilla superior a las que tienen la Policía Nacional y la Guardia Civil por separado. Y la nueva Ley de Seguridad Privada sienta las bases para el crecimiento sin límites de su actividad en el corto plazo. Por acotar la dimensión de su negocio, en 2012 facturaron más de 3.200 millones de euros.

Requisitos asequibles para acceder al mercado
“Estamos teniendo mucha demanda porque dentro de poco va a salir la nueva ley”, afirman en otra academia de formación homologada por Interior, situada en la avenida de Barcelona del municipio de Museros, en Valencia. “Está claro que va a apostarse más por la vigilancia privada y menos por la Policía Local, porque los ayuntamientos están endeudados. Es un trabajo que está en auge”, sostienen en este centro, que también va a iniciar en breve dos promociones en turnos de mañana y tarde. En este centro, como en la gran mayoría, tienen acuerdos con empresas para facilitar la colocación de los recién titulados. “A lo mejor no es posible trabajar al terminar, pero a los dos meses ya está casi todo el mundo trabajando”, aseguran en esta academia valenciana.
No es de extrañar que, con el panorama actual del empleo, la seguridad privada se está convirtiendo en el flotador al que muchos quieren agarrarse. Este sector ofrece, además, oportunidades a los trabajadores menos cualificados, el segmento más castigado por la crisis. Para conseguir el título de auxiliar sólo es necesario el graduado escolar o el título obligatorio de la ESO, tener menos de 55 años, carecer de antecedentes penales y la nacionalidad española o de un país de la UE. El examen del Ministerio del Interior para conseguir el título de vigilante (un test de 80 preguntas y unas pruebas físicas) también es accesible. “Se nota ya mucho movimiento, aunque es verdad que la nueva ley aún no se aplica”, sostienen en otra academia de formación de seguridad privada, en este caso situada en la calle Alozaina de Málaga capital. “Va a hacer que se contrate a más gente y eso ha hecho que haya más interés en los cursos”, aseguran en este centro, que arranca este lunes con otras dos promociones de alumnos.

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Medio: El Mundo (España)
Fecha: 13 de enero

Denuncian a Eulen por no formar a personal de seguridad en hospitales
El sindicato presenta un escrito al Hospital Regional indicando que incumple el contrato
El sindicado CC OO ha denunciado que la empresa Eulen Seguridad, que da servicio al complejo hospitalario regional de Málaga lleva tres años sin formar a sus trabajadores y, por tanto, incumpliendo la normativa vigente y el contrato de arrendamiento con el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Desde la sección sindical de Comisiones Obreras de Eulen Seguridad se ha dirigido un escrito a la gerencia del Hospital Regional, al que ha tenido acceso EL MUNDO de Málaga, donde exige «que se ejerzan las medidas disciplinarias» precisas contra Eulen para obligarle a cumplir el contrato y que forme a los vigilantes de seguridad asignados a todos los centros sanitarios de la provincia. Se trata de una plantilla de 112 vigilantes distribuidos entre el hospital regional universitario de Málaga (antiguo Carlos Haya), el Virgen de la Victoria (Clínico), el hospital de Antequera, las áreas de gestión sanitaria del Norte de Málaga, Este, Axarquía y Serranía y el distrito sanitario Málaga.
Comisiones también pregunta en dicho escrito a la administración si se va a exigir a Eulen que devuelva el dinero público que se ha ahorrado supuestamente al no facilitar los cursos de formación a sus trabajadores, y que según los cálculos del sindicato rondan los 80.000 euros.
Según la denuncia, el actual reglamento de Seguridad Privada establece, en su artículo 57 sobre Formación permanente, que para mantener «la aptitud y conocimientos necesarios para el ejercicio de las funciones atribuidas al personal de seguridad privada», las empresas, a través de los centros de formación autorizados, deben garantizar la asistencia de su personal para su «actualización en las materias que hayan experimentado modificación o evolución sustancial, o en aquellas que resulte conveniente una mayor especialización».
Se recoge además que los cursos de actualización o especialización «tendrán una duración, como mínimo, de veinte horas lectivas; cada vigilante deberá cursar al menos uno por año, y se desarrollarán en la forma que determine el Ministerio del Interior».
Desde la dirección del complejo hospitalario y sanitario de Málaga confirmaron a este periódico la recepción del escrito, pero esgrimieron que se trata de un «conflicto de la empresa con sus trabajadores», aunque el hospital se compromete a «solicitar a sus responsables información relacionada con el plan de formación destinado a estos trabajadores, en base a la normativa vigente en esta materia».
Sin embargo, las mismas fuentes aseguraron que el rendimiento de esta empresa «se encuentra dentro del contrato establecido, sin que haya habido ninguna incidencia hasta el momento en el desempeño de sus funciones».
No obstante, la obligación de la formación de los empleados -con 20 horas anuales por vigilante- queda recogida también en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares elaborado por el SAS al señalar que la adjudicataria «deberá garantizar en todo momento que su personal posee el adecuado nivel de formación y capacitación específico para desarrollar el servicio en óptimas condiciones físicas, psíquicas y de entrenamiento». Además, se especifica que los vigilantes «deberán superar los cursos de reciclaje contemplados en la normativa aplicable a este tipo de contrataciones, así como los cursos de formación permanente previstos en el artículo 57 del vigente Reglamento de Seguridad Privada». También el Pliego de Prescripciones Técnicas alude, en el apartado del marco jurídico, a dicho reglamento.
Es decir, las bases del contrato de la empresa con el complejo hospitalario incluyen por tanto las mencionadas atribuciones, y según el sindicato, «el SAS, o la gerencia en este caso, debe velar por que se cumpla», no sólo por la importancia que tiene la formación de los trabajadores de seguridad, sino por «la exigencia del cumplimiento de los contratos con la administración, al tratarse de dinero público que debe invertirse en la ejecución del contrato».
Sin embargo, desde CC OO insistieron en que el único curso que realizó la plantilla de seguridad del Complejo Carlos Haya de Málaga y, en su mayoría, los referidos centros sanitarios, se remonta al año 2010″, por lo que han transcurrido al menos tres años.
La empresa de seguridad Eulen inició contrato con los hospitales de Málaga, áreas de gestión sanitaria y distrito en septiembre de 2009. Dicha compañía continúa el servicio, ya que resultó adjudicataria del contrato actual con una duración de dos años, por un total de 8.042.303,50 euros, pudiendo prorrogar dos años más según las bases del mismo.

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Medio: 180 (Uruguay)
Fecha: 13 de enero

Guardias de seguridad paran 24 horas
Los guardias de seguridad realizarán un paro de 24 horas a partir de las 22 de este lunes en protesta por la muerte de un trabajador durante un asalto en un supermercado de La Teja.
“Muy a nuestro pesar tenemos que hacer nuevamente este tipo de comunicación”, inicia el comunicado en la web de Unatrase (Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada).
“En el día de ayer (sábado) en el supermercado Express6 de la calle Conciliación (en el barrio La Teja) en un intento de rapiña fue asesinado el compañero Adolfo Fabián Cor Rendo de 38 años de edad”, agrega.
Según Unatrase “la empresa Best Security Uruguay (Mummer SRL) dijo a la familia que nada puede hacer”, por lo qeu el sindicato denunció “la falta de provisión de elementos de protección a la seguridad y la vida de los compañeros en lugares especialmente sensible como son los supermercados”.
El paro de 24 horas comenzará este lunes a las 22 horas.

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Medio: Rioja 2 (España)
Fecha: 14 de enero

Una ley que puede convertir la seguridad en una mercancía que comprar y vender
El Portavoz del Sindicato Unificado de Policía, José María Benito, alerta de que con la aprobación de esta Ley, la seguridad puede dejar de ser un derecho y convertirse en una oportunidad de negocio.
A finales de 2013, el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Seguridad Privada que sustituye al que ahora mismo está en vigor y que data de 1992. A falta de su aprobación en el Senado, el texto ya ha levantado ampollas. El portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José María Benito, describe el nuevo texto “como un proyecto de Ley que rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público que la Constitución atribuye, a nuestro juicio, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Una vez que el Senado dé luz verde a la nueva Ley, “dichas funciones podrán ser ejercidas indistintamente por nosotros o por la seguridad privada. Y el criterio para determinar que sean unas u otras podrá ser el económico, es decir, lo que resulte más barato”.
Pero lo más grave de todo, alerta, “es que los vigilantes de seguridad van a poder privar de libertad al ciudadano que será el que finalmente padezca los cambios”. Los más evidentes, explica, son que “en las calles y espacios públicos los vigilantes privados podrán sustituir paulatinamente a la Policía y a la Guardia Civil y estarán legitimados para detener, cachear e identificar a los ciudadanos”.
Para el portavoz del SUP, “con la aprobación de esta Ley se está renunciando a seguir concibiendo la seguridad como un derecho pasando a ser una oportunidad de negocio. La seguridad será, a partir de ahora, una mercancía que se podrá comprar o vender de forma que cada uno tendrá la seguridad que pueda pagarse”. De hecho, para Benito, las empresas de seguridad privada serán las más beneficiadas tras la aprobación de este texto. “Hasta el punto de que no es exagerado afirmar que con esta nueva ley han alcanzado sus últimos objetivos, la subordinación de la seguridad privada a la seguridad pública ha terminado y ambas se colocan a partir de ahora al mismo nivel”.
De nuevo detrás de todos estos cambios está la falta de personal público. José María Benito calcula que “al año se crean una media de cien nuevas plazas, un número totalmente insuficiente frente a las 2.500 jubilaciones de media”. De esta forma, en cuatro años se pierden unos 10.000 policías y “para suplir esta falta de personal se va a empezar a contratar seguridad privada permitiendo que este tipo de empresas asuman competencias de la Policía Nacional y Guardia Civil”. Desde el último alto el fuego de la banda terrorista, dice, “el negocio de las empresas de seguridad privada ha bajado y, con esta nueva Ley, se están abriendo nuevas expectativas de negocio”.
Desde el Gobierno central son varios los argumentos que utilizan para defender la nueva ley. Así, el ministro del Interior, Jorge Fernández, asevera que “no se trata de privatizar la seguridad”, a la vez que apunta que “viendo los datos de la UE, en España faltan vigilantes y sobran policías”. Un argumento que el portavoz del SUP rechaza porque “nuestra situación en ranking de seguridad es muy diferente. España está a la cabeza en materia de seguridad”. De hecho, y según las estadísticas, dice, “los países con un ratio mayor de seguridad privada que España y menos ratio de seguridad pública tiene niveles de seguridad peores que nosotros”.
En definitiva, resume, “con este proyecto, el Ministerio del Interior pretende cambiar el liderazgo tradicional de lo público en la seguridad de los españoles por la mera apetencia de las grandes empresas por ampliar su negocio y, prueba de ello, son todas las cesiones que se hacen a las mismas en este texto”.

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Medio: Última Hora (España)
Fecha: 16 de enero

Un 30 % de la seguridad municipal será por video vigilancia en 2015
En 2015 un 30 % de la vigilancia de los edificios del Ajuntament de Palma será pasiva, es decir, a través de videovigilancia y control policial. La teniente de alcalde de Funció Pública i Contratació, Irene San Gil, explicó que el objetivo es ir incrementando esta cifra con el paso de los años y sustituir a los agentes de seguridad privada por videovigilancia, acompañada de control policial. San Gil aseguró que aún se desconoce el porcentaje de la seguridad que podrá pasar a ser pasiva, ya que dependerá de los resultados que se vayan obteniendo de su implantación. En este sentido, puso como ejemplo que en Palma Activa ya se utiliza la seguridad pasiva como experiencia piloto y está dando unos resultados muy satisfactorios.
Esta es una de las principales novedades de los pliegos técnicos y administrativos de la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de los inmuebles y las dependencias municipales que aprobó ayer la Junta de Gobierno.

Ahorro a largo plazo
El teniente de alcalde d’Economia, Hisenda i Innovació, Julio Martínez, informó que este concurso sale por un importe máximo de 1.549.325 euros por dos años, prorrogables por otros dos; la misma cantidad que el contrato anterior. Martínez destacó que el adjudicatario tendrá que invertir un 30 % del total en la implantación del sistema de videovigilancia. «Ahora hacemos un esfuerzo para legislaturas futuras; hemos hecho la inversión y en presupuestos futuros el gasto de los ciudadanos de Palma en servicios de vigilancia será menor», argumentó el titular d’Economua. Además, añadido que «la herencia para la próxima legislatura será positiva en este servicio» y recordó que otra medida que permitirá ahorros futuros es pagar la deuda con Endesa.
Otra novedad respecto al concurso anterior es que se incluyen los centros de servicios sociales. En los pliegos aprobados ayer se establece que entrará en vigor en junio de este año y terminará en mayo de 2016, salvo que se prorrogue por dos años.
San Gil precisó que los vigilantes de seguridad privada tendrán las mismas funciones que actualmente.

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Medio: Murcia Economía (España)
Fecha: 16 de enero

Más negocio para la seguridad privada
Opinión Por Javier Gilsanz – Periodista
Esta primavera encontraremos guardias privados de seguridad vigilando calles y centros comerciales, eventos deportivos o culturales, polígonos industriales y hasta el exterior de las cárceles y centros de inmigrantes. Además, podrán pedirnos la documentación, cachearnos e incluso detenernos. Y si hay algún enfrentamiento, disfrutarán de la protección del nuevo Código Penal, como si fueran servidores públicos. Son los cambios que introduce la nueva Ley de Seguridad Privada, que se debate ahora en el Senado y con la que el Gobierno amplía el negocio de la seguridad privada en España. El objetivo es privatizar una parte de la seguridad que ahora prestan las fuerzas de seguridad pública, que apenas crecen por los recortes. Con ello, tendremos una seguridad de peor calidad, con profesionales peor formados, y más centrada en empresas y particulares que la puedan pagar. Otro servicio público, como la sanidad, la educación, la justicia o el agua, que Rajoy privatiza.
España es uno de los países europeos con más fuerzas de seguridad pública: 259.791 vigilantes públicos, casi como Alemania (260.000, con el doble de población), entre Guardia Civil (80.300), Policía Nacional (70.733), policías autonómicas (17.160 Mossos, 8.008 Ertzaintza y 1.090 Policías Forales de Navarra) y policías locales (64.500). Ello da una media de 1 guardia público por 198 habitantes, una proporción mucho mayor que la de Francia (1/271), Alemania (1/326), Reino Unido (1/382), Suecia (1/522) o Italia (1/565). Sin embargo, cuenta con menos guardias privados de seguridad: 82.150, casi la mitad que Alemania (170.000) y la cuarta parte que Reino Unido (365.000). De hecho, España cuenta con un vigilante privado por cada 525 habitantes, una cifra muy inferior a la media europea (1/369) y a países como Francia (1/437), Alemania (1/484), Italia (1/260) o Reino Unido (1/170).
Puede seguir leyendo este artículo en el blog de Javier Gilsanz, Economía a lo claro.

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Medio: La Opinión (España)
Fecha: 16 de enero

Seguridad privada
Opinión Por Pedro S. Limiñana – Doctor en Filosofía
Uno de los rasgos definitorios del Estado, según el célebre filósofo y sociólogo Max Weber, es que se trata de una institución que se reserva para sí el monopolio de la violencia legítima. En mi opinión, más que la violencia legítima, la violencia sobre la que el Estado se arroga la exclusividad es, en realidad, la legal, porque si el propio Estado, que es una entidad esencialmente violenta, carece de legitimidad, pues jamás el individuo encontrará razones morales que le lleven a entregar su libertad al Estado, la violencia que pueda ejercer no será nunca legítima. Sea como fuere, dicho monopolio parece que tiene los días contados, al menos en España. Y es que el Gobierno del PP pretende autorizar a las empresas de seguridad privada, muchas de las cuales ya operan en edificios públicos, a realizar servicios también en la vía pública, lo que hasta ahora venía siendo una función exclusiva de las fuerzas de seguridad del Estado.
La medida de marras tiene a la progresía soliviantada porque, en su opinión, los agentes de seguridad privados no tienen ni de lejos la misma formación que los agentes de la policía o la guardia civil. Con tan escasa formación, dicen, los ciudadanos se verán perjudicados en el trato recibido y, en definitiva, habrá una menor garantía de los derechos individuales. Mas si ese fuera el problema, entonces con exigirles más formación a los empleados de las empresas privadas de seguridad el asunto estaría resuelto. El verdadero problema que se ventila radica en que poner, siquiera sea en parte, la seguridad en manos de empresas privadas deja al Estado, aún más, a merced de los intereses empresariales que muy bien pudieran ser distintos, aun contrapuestos, a los intereses de la ciudadanía. Y si ello se lleva a cabo por iniciativa del propio Estado, a través del Gobierno, entonces todo apunta no tanto a un desmantelamiento del Estado, sino a la privatización parcial de una de sus funciones principales que a buen seguro redundará en el beneficio de los amiguetes de los miembros del Gobierno que se dediquen a esos menesteres. Para decirlo con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, de lo que se trata es de “ayudar a que se consolide un sector económico”. Las explicaciones del Gobierno, ya digo, deberían dejar más tranquilos a todos los que se preocupan por los derechos de los ciudadanos, mas no tanto a quienes les interese saber en qué se gasta el dinero público. Y es que si de lo que se trata es de violar derechos fundamentales, no hace ninguna falta que se privatice la seguridad. Para eso el Estado ha demostrado tener recursos más que suficientes, ya sea para espiar a los ciudadanos, desahuciarlos o agredirlos brutalmente, por poner algunos ejemplos, como se ha constatado en demasiadas ocasiones. Recursos que si nadie lo remedia se verán incrementados con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno, que más bien debiera denominarse ley de inseguridad ciudadana porque deja a los ciudadanos indefensos ante el Estado. De este atentado en potencia, que diría Aristóteles, contra los derechos humanos hablamos otro día, antes de que se convierta en atentado en acto y ya no podamos hablar.

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