Los vínculos entre la seguridad privada, la policía y los ladrones

02/08/15


Los vínculos entre la seguridad privada, la policía y los ladrones

En medio del escándalo en Robos y Hurtos, surgió un documento en el que se describe una sugestiva conexión.

El negociado de la prevención privada. Un cóctel de guardias que portan armas de dudosa procedencia –a las que hasta alquilan a terceros– vinculados con la seguri dad oficial. Un entramado cada vez más complejo que, poco a poco, parece ir develándose a nivel judicial... Aunque despacio, como capas espesas, difíciles de separar para que queden limpias, intactas, sin impurezas.

En el medio de todas esta historia, la sensible división de Robos y Hurtos de la Policía de Córdoba, que es el área encargada de investigar todos los delitos contra la propiedad (robos, asaltos, arrebatos, tanto en la vía pública como en empresas, galpones y domicilios particulares).

Desde el 10 de junio a esta parte, Robos y Hurtos es el centro de distintas sospechas.

Existen al menos tres causas judiciales (dos en la Justicia provincial y otra en la federal) que tienen a uniformados en la mira, por supuesta connivencia con delincuentes.

En el marco de una de estos expedientes, La Voz del Interior accedió a un documento que por estas horas ocupa (y preocupa) a demasiadas miradas.

Se trata de un informe elaborado por un oficial de esta división, que en las intervenciones telefónicas a una banda de presuntos delincuentes que ofrecían servicios de seguridad privada simulando ser gendarmes en actividad, detectó que uno de los investigados mantenía una conversación asidua con una mujer que sería policía de Robos y Hurtos.

Agente que, al parecer, informaba a los sospechosos de los movimientos internos de esa área para prevenirlos de otros pesquisas o de allanamientos.


Sin embargo, según se presume en la fiscalía provincial de Distrito 3 Turno 7, a cargo de Raúl Garzón, esta información que surgía de las escuchas no habría sido aportada en tiempo y forma a la Justicia, sino que fue demorada de manera llamativa.

Lo mismo investiga, por cuerda separada, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, según informaron fuentes de la Jefatura.

Cuatro páginas
Se trata de un documento de cuatro páginas, que lleva la firma del oficial principal Oscar Alberto Copetti y que transcribe el contenido de distintos CD con intervenciones telefónicas (caratulados como CD 2, 3, 4, 5 y 6).

En esas páginas, Copetti describe las conversaciones por mensajes de texto que mantenía un hombre de apellido Barrionuevo, sospechado de ser uno de los líderes de la banda que pasó a ser conocida como “los falsos gendarmes”.

Se trataba de un grupo delictivo cuyos integrantes simulaban ser miembros de esa fuerza de seguridad (utilizaban uniformes verdes, además de armas, insignias y chalecos) para ofrecer protección privada en empresas.

Tres hombres y una mujer quedaron detenidos en septiembre del año pasado.

Pero jamás se supo, hasta junio último, que en las escuchas telefónicas se había registrado un diálogo telefónico que involucraría a una mujer policía y a uno de los sospechosos, en el que la uniformada le enviaba, al parecer, datos sobre los móviles de civil (no identificados) de la división, además de los lugares donde se iban a realizar algunos allanamientos.

Según se cree, esta policía sería la oficial Maribel Soria, que fue licenciada en junio, aunque, conviene aclarar, hasta ahora no fue imputada.
Copetti describió en estas cuatro páginas cómo los investigados manipulaban distintas armas de origen poco claro (se habla del “alquiler” de una itaka, por ejemplo), a qué empresas brindaban el servicio de seguridad privada –cuyos propietarios imaginaban que se trataba de gendarmes de verdad– y dio cuenta de sugestivos diálogos sobre allanamientos de los que habían sido alertados.

“La persona identificada con el nombre de Maribel es quien y por algún motivo (...) va a avisar los dominios y vehículos de personal de Robos y Hurtos y en qué momento se van a librar órdenes de allanamientos, información que finalmente fue otorgada a estas personas”, dejó asentado el oficial Copetti en su informe, siempre según el documento que ahora también se investiga.

En la página dos, Copetti informa que en otra intervención, asentada en el CD 5, se establece que el sospechoso recibe un mensaje de texto de un teléfono Nextel en el que se le indican tres patentes de autos, que coinciden con los vehículos no identificados de Robos y Hurtos.

“El dicente confirma –se lee en la página siguiente– que se refieren a las placas patentes de dos de los móviles policiales no identificables, que se encuentran bajo el cargo de Robos y Hurtos, coincidiendo las marcas, modelos, los dominios y sus respectivas matrículas internas”.

Causas
Ahora, este documento originó dos investigaciones en la fiscalía de Garzón.

Por un lado, determinar si es Maribel Soria la policía “infiel” o, en caso de no ser así, intentar identificar de quién se trata.

Paralelamente, la fiscalía debe esclarecer por qué se demoró la entrega de esta documentación con información tan sensible.

A partir de este punto, las versiones son contradictorias.

Por un lado, se indica que Copetti fue presionado por un superior para tapar a los policías que se cree corruptos.

Por otro lado, otras fuentes de Jefatura aseguran que no existió ninguna anomalidad y que todo se presentó “cuando fue pertinente”.

Hoy, Copetti está de licencia y la explicación oficial asegura que se trata de vacaciones.

Pero otros informantes con acceso a la Central de Policía sostienen que fue apartado hasta que se esclarezca si omitió informar a tiempo estos registros telefónicos.

Otra vez
No es la primera vez que Copetti aparece vinculado en diligencias poco claras.

Hace tres años, en agosto de 2012, el presunto traficante de drogas René “Chancho” Sosa fue absuelto por el Tribunal Oral Federal 1.

En los fundamentos del polémico fallo, los jueces remarcaron que no podían condenarlo porque existía una “duda insuperable” originada en un operativo con distintas cuestiones poco claras.

De manera textual, los magistrados reprocharon a los dos policías que habían realizado el procedimiento, los oficiales Oscar Copetti y Carlos Palaver.

Copetti dejó Drogas Peligrosas y pasó a una brigada del Comando de Acción Preventiva (CAP), y meses después recaló en Robos y Hurtos.



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