**.Inquietud en Policía y Guardia Civil por la ley que limita el uso de balizas, troyanos y micros

La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para aumentar el control sobre los dispositivos tecnológicos de investigación despierta recelos en las Fuerzas de Seguridad por la burocratización

El Parlamento está ultimando la tramitación de una reforma legal que va a provocar cambios sustanciales en el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El Gobierno de Mariano Rajoy se ha fijado como objetivo que antes de que termine 2015 entre en vigor la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regulará, por primera vez en casi 30 años, la intervención de las comunicaciones en investigaciones contra el terrorismo y grupos de delincuencia organizada abordando expresamente nuevos supuestos como el uso de balizas de posicionamiento, troyanos o software para espionaje informático y sistemas de escucha y videovigilancia, entre otros dispositivos.

Los cambios tienen como objetivo adaptar la ley a los avances tecnológicos que se han producido desde que entró en vigor en 1988 el único artículo que en la actualidad se adentra en esta cuestión, el 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija los criterios bajo los que pueden ser intervenidas las comunicaciones con autorización judicial. La nueva norma que tramita ahora el Parlamento y que está en el Senado desde el pasado 6 de julio a la espera de los últimos retoques se centra casi por entero en esa laguna, cubierta sólo parcialmente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

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En general, los profesionales de las Fuerzas de Seguridad agradecen que la norma tase de forma tan precisa los criterios que deberán tenerse en cuenta para solicitar medidas avanzadas de investigación tecnológica y que el articulado establezca los mecanismos necesarios para garantizar que la información obtenida no haya sufridoningún tipo de alteración a lo largo de las pesquisas, por muy compleja que sea la técnica empleada para conseguirla. En opinión de los expertos consultados, esas modificaciones permitirán que el debate que suele producirse actualmente en los juicios sobre la legalidad de los medios tecnológicos empleados se desplace, tras la reforma, a las propias pruebas que se han recabado con ellos.


Pero el texto también introducirá novedades que ya han generado inquietud en los investigadores de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Por un lado, la norma obliga a ser mucho más preciso en las solicitudes de autorización judicial para controlar movimientos e interceptar comunicaciones. Con la reforma, los agentes deberán detallar específicamente qué datos pretenden conseguir con esa diligencia y desechar cualquier otra información que aparezca en el curso de las pesquisas. El articulado acaba con la laxitud actual imponiendo que cualquier novedad relacionada con el uso de medios tecnológicos (desde una prórroga al uso de información de otro procedimiento, pasando por el cese y la destrucción de los registros) deberá ir acompañada de la solicitud y la argumentación judicial correspondiente. Las pesquisas de carácter prospectivo desaparecen, por graves que sean los hechos que se estén investigando.


El trabajo de oficina se multiplica
En algunos casos, los cambios van a ser aún mayores. En la actualidad, ni siquiera se exige mandamiento judicial para colocar una baliza de posicionamiento en un coche al considerar que se trata de una medida poco intrusiva. Sin embargo, a partir de noviembre, esa diligencia requerirá la aprobación de un juez y tendrá una duración limitada, con la consiguiente mayor carga de trabajo de oficina para los agentes y la inevitable ralentización de las indagaciones, que ahora dependerán del tiempo que tarde en pronunciarse el magistrado correspondiente. La única medida que se salva de la autorización judicial es la grabación de investigados en espacios públicos, tras concluir que esa prueba no lesiona ningún derecho fundamental.


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Hay más novedades. La reforma obligará a los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad a detallar ante el juez los medios tecnológicos concretos que quieren utilizar en una investigación y aclarar después que información se ha obtenido con ellos. La norma deberá tenerse en cuenta en la utilización de sistemas de escucha, troyanos o programas informáticos de espionaje, sistemas de escucha, localización de teléfonos móviles, balizas de posicionamiento y cualquier otro dispositivo habitual en las investigaciones actuales. La medida aspira de nuevo a mejorar las garantías procesales, pero los agentes consultados advierten de que, con esta imposición, los datos aparecerán reflejados en las diligencias judiciales y llegarán a los acusados. Los criminales sólo van a tardar unos meses en averiguar qué recursos utilizan las Fuerzas de Seguridad para combatir su actividad.


Recta final de la tramitación
Las fuentes preguntadas por El Confidencial coinciden en que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal arrojará luz sobre unos métodos de investigación que han ido ganando importancia por los avances tecnológicos, protegiendo el respeto de derechos fundamentales. Pero los investigadores también advierten de que la norma burocratizará las pesquisas policialessobrecargando un sistema judicial que ya está al borde del colapso y restará agilidad a la lucha contra el crimen y el terrorismo en un entorno cada vez más volátil y permeable.

La norma completó el pasado mes de junio su tramitación en el Congreso y entró en el Senado el 6 de julio. El periodo para la presentación de enmiendas en la Cámara Alta concluye en principio este mismo viernes. Si se plantean modificaciones, el texto deberá volver al Congreso antes de entrar en vigor. La norma fija un periodo de carencia de dos meses desde su publicación en el BOE.

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