Nuevo fracaso de Miguel Ángel Ramirez en su intento de silenciar a la USO

Nuevo intento de D. Miguel Angel Ramírez, SIC, de amordazar la libertad de expresión e información de este sindicato recogida en la Constitución Española.

El Juzgado nº 34 de Madrid, inadmite la querella de Seguridad Integral Canaria contra la FTSP-USO y su Secretario General Antonio Duarte Álvarez.

Este sindicato, FTSP–USO, viene a manifestar que le ha sido notificada en el día de hoy, Querella criminal por parte de D. Miguel Ángel Ramírez Alonso (propietario de la empresa Seguridad Integral Canaria – S.I.C.- y Presidente del Grupo Ralons y la Unión Deportiva Las Palmas), junto al Auto que inadmitía esta, por no tener amparo en el derecho penal.

Igualmente se viene a señalar que dicha querella va dirigida contra Antonio Duarte Álvarez y contra la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO, (FTSP-USO) y se fundamenta en presuntos delitos contra la intimidad, calumnias, y coacciones, los cuales se han archivado por el Juzgado, por no tener cabida legal alguna.

Los hechos de la querella, están basados según el Querellante, D. Miguel Angel Ramírez Alonso, en un envío masivo de Dossier y Cartas, los cuales informaban a clientes de SIC de prácticas irregulares (delitos económicos e infracciones sociales y administrativas) de dicha empresa, y que a juicio de D. Miguel A. Ramírez no son ciertos y si constitutivos de hecho penal. Se centra en una carta que ha sido supuestamente enviada por esta organización sindical y por Antonio Duarte, a la entidad BBVA, en el que se alerta a la misma, de las prácticas en contra de derecho, que entiende el sindicato FTSP USO que realiza la empresa Seguridad Integral Canaria y que igualmente entiende que son constitutivas de hecho criminal.

Sin embargo se debe de expresar, como no podía de ser de otra manera, que esta Querella no ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción Nº 34 de Madrid (D.Prev. nº 1150/2015) por no constituir hecho criminal alguno, y entender dicho Juzgado que de los hechos objeto de la querella no se desprende ningún delito contra la intimidad, coacciones ni calumnias.

En concreto debemos destacar que el Juzgado, de un modo ajustado a derecho, a resuelto con respecto al Delito contra la intimidad que ninguno de los hechos denunciados son subsumibles en el ámbito penal y por lo tanto solo cabe inadmitirla.

En lo que se refiere al delito de calumnias, entiende el Juzgado que tampoco debe prosperar por no cumplir la forma. Finalmente y en cuanto al delito de coacciones que también se atribuye a este sindicato y Dirigente, el Juzgado expresa que no constituye tipo penal alguno, y siendo contundente el Juzgado al entender que nunca podría ser D. Miguel A. el sujeto pasivo de dicha supuesta ofensa, sino y en todo caso el BBVA, el cual obviamente no ha iniciado acción legal alguna.

Desde la FTSP-USO valoramos muy positivamente el amparo que nos ha ofrecido este Juzgado instructor, ante un nuevo intento de D. Miguel Angel Ramírez, de amordazar la libertad de expresión e información de esta organización sindical recogida en la Constitución Española y por ello aprovechamos para emplazar una vez más, a D. Miguel Ángel Ramírez y a la empresa Seguridad Integral Canaria (S.I.C.), la cual es la principal del GRUPO RALONS, a cambiar la política laboral y económica de su empresa, sin dejar de recordarle que deje de instigar o denunciar, sin base legal, a este sindicato y a sus Dirigentes, que sólo persiguen informar y buscar el bienestar social de los trabajadores, junto con la vigilancia del cumplimiento correcto, de las normas y leyes laborales vigentes del sector de seguridad privada.

Finalmente no debemos dejar de expresar que esta organización sindical continuará, por ser su obligación estatutaria y legal, usando los medios legales necesarios para denunciar a las “empresas piratas” del sector de la seguridad, es decir que no cumplan con la legalidad vigente (infracciones sociales, como criminales u otras). En el mismo sentido es obligación de esta FTSP-USO, velar por los trabajadores, como sindicato representativo del sector, como informar a los clientes de estas, para que puedan cumplir en su caso, con el deber y obligación de velar que sus subcontratas cumplan toda la legalidad vigente.

Debemos destacar, por lo tanto, no solo a la empresa “Seguridad Integral Canaria” del GRUPO RALONS y de su Presidente, D. Miguel A. Ramírez, sino igualmente otras casos, análogos, judiciales como “ESABE”, que igualmente han transcendido noticias, por su importancia en el sector, en los medios de prensa, al estar imputadas por delitos contra la Hacienda Pública y la Tesorería General de la Seguridad Social, en las retribuciones salariales de los trabajadores y donde esta organización sindical, está personada como Acusación para velar por los intereses de los trabajadores y de la Administración Pública.



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