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Cáritas, Cruz Roja y la ONCE advierten sobre el riesgo de criminalizar la pobreza
Sáb 21 Mar 2015, 11:52
Varias ONG, integradas en la Plataforma del Tercer Sector, denuncian que el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana del gobierno supone una lesión para los Derechos Humanos y las personas más vulnerables.
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La Plataforma del Tercer Sector es una organización de ámbito estatal, sin ánimo de lucro y cuyo objetivo es su labor es la defensa de lo social, así como promover la igualdad entre las personas. Está constituida por siete organizaciones: Plataforma de ONG de Acción Social , Plataforma del Voluntariado de España, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cáritas, Cruz Roja y la ONCE.
En un comunicado difundido esta semana, la Plataforma hace un llamamiento para que se incorporen sus observaciones al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que está siendo tramitado en las Cortes con el único apoyo parlamentario del Grupo popular. Se trata de “evitar una deriva que conlleve la criminalización de la pobreza, como en otros países de nuestro entorno europeo está sucediendo”.
Entre otros aspectos del Proyecto de Ley, la Plataforma critica que se siga castigando con sanciones económicas, que pueden llegar a los 30.000 euros, a las personas que por su situación de vulnerabilidad se ven abocadas al ejercicio de la prostitución en la calle, el consumo de drogas, o vivir sin techo. También considera impropias las llamadas “expulsiones sumarias” que se producen en las fronteras y que tienen lugar sin asistencia letrada ni garantía de los derechos reconocidos internacionalmente.
“La oposición a la Ley de Seguridad Ciudadana es compartida por una gran mayoría social y política. Junto a movimientos sociales y la Plataforma NoSomosDelito, hemos sumado esfuerzos para pedir que las personas más vulnerables y excluidas puedan ejercer sus derechos y libertades en plenitud. Con este propósito, recibimos positivamente el pacto ratificado públicamente por la mayoría de partidos políticos en la oposición para derogar o modificar la ley cuando sea posible.” (La Plataforma del Tercer Sector)
Las entidades que integran la Plataforma valoran positivamente las últimas medidas adoptadas por el Gobierno, como los proyectos de Ley del Tercer Sector de Acción Social y del Voluntariado, al Plan Integral de Apoyo a la Familia, el Marco de Actuación de las personas mayores, el Plan Especial para la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y salarial, o la Ley de segunda oportunidad, pero se lamentan de que no hayan llegado antes y recuerdan que con medidas individuales no será posible resolver una situación que, a lo largo de estos años, ha dado como resultado las peores cifras de desigualdad y exclusión en nuestro país.
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La Plataforma del Tercer Sector es una organización de ámbito estatal, sin ánimo de lucro y cuyo objetivo es su labor es la defensa de lo social, así como promover la igualdad entre las personas. Está constituida por siete organizaciones: Plataforma de ONG de Acción Social , Plataforma del Voluntariado de España, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cáritas, Cruz Roja y la ONCE.
En un comunicado difundido esta semana, la Plataforma hace un llamamiento para que se incorporen sus observaciones al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que está siendo tramitado en las Cortes con el único apoyo parlamentario del Grupo popular. Se trata de “evitar una deriva que conlleve la criminalización de la pobreza, como en otros países de nuestro entorno europeo está sucediendo”.
Entre otros aspectos del Proyecto de Ley, la Plataforma critica que se siga castigando con sanciones económicas, que pueden llegar a los 30.000 euros, a las personas que por su situación de vulnerabilidad se ven abocadas al ejercicio de la prostitución en la calle, el consumo de drogas, o vivir sin techo. También considera impropias las llamadas “expulsiones sumarias” que se producen en las fronteras y que tienen lugar sin asistencia letrada ni garantía de los derechos reconocidos internacionalmente.
“La oposición a la Ley de Seguridad Ciudadana es compartida por una gran mayoría social y política. Junto a movimientos sociales y la Plataforma NoSomosDelito, hemos sumado esfuerzos para pedir que las personas más vulnerables y excluidas puedan ejercer sus derechos y libertades en plenitud. Con este propósito, recibimos positivamente el pacto ratificado públicamente por la mayoría de partidos políticos en la oposición para derogar o modificar la ley cuando sea posible.” (La Plataforma del Tercer Sector)
Las entidades que integran la Plataforma valoran positivamente las últimas medidas adoptadas por el Gobierno, como los proyectos de Ley del Tercer Sector de Acción Social y del Voluntariado, al Plan Integral de Apoyo a la Familia, el Marco de Actuación de las personas mayores, el Plan Especial para la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y salarial, o la Ley de segunda oportunidad, pero se lamentan de que no hayan llegado antes y recuerdan que con medidas individuales no será posible resolver una situación que, a lo largo de estos años, ha dado como resultado las peores cifras de desigualdad y exclusión en nuestro país.
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