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El 12.5% de las empresas de seguridad privada que operan en México son piratas
Lun 05 Ene 2015, 07:25
México.- El 12.5% de las empresas de seguridad privada que operan en México son piratas. De las 975 empresas de seguridad en México, 121 carecen de control y ofrecen sus servicios de manera irregular.
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Así lo revela el estudio Evaluación externa de consistencia y resultados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicado al programa presupuestario Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito con el propósito de tener un control de las compañías del ramo.
Con la detección de las anomalías en las compañías, el estudio de la UNAM que evalua el programa de la Secretaría de Gobernación (Segob) advierte que está en riesgo la estrategia federal para regular a los particulares que ofrecen servicios de vigilancia y custodia.
“Las instituciones que prestan servicios de seguridad no lo hacen de manera confiable ni efectiva, es decir, que no están adecuadamente reguladas, no cumplen con estándares mínimos de calidad y, por tanto, proveen un servicio deficiente”, de acuerdo con el análisis universitario.
El estudio realizado por la Facultad de Economía detalla que una empresa de seguridad informal es fundada, generalmente, por expolicías, ofrece sus servicios sin un análisis previo de vigilancia y custodia, y contrata personal de manera inmediata.
En consecuencia, los expertos consultados sugieren el fortalecimiento de los mecanismos implementados para la detección de prestadores de servicios sin autorización, mediante acuerdos de coordinación con gobiernos locales.
El análisis de la UNAM también determinó que el esquema de la administración federal para regular a particulares y vigilar instalaciones estratégicas es deficiente.
“El programa no se considera consistente. No se detecta que las unidades responsables actúen de manera coordinada para alcanzar el objetivo”; agrega que “las instituciones que prestan servicios de seguridad no lo hacen de manera confiable ni efectiva, es decir, que no están adecuadamente regulados, no cumplen con estándares mínimos de calidad y, por tanto, proveen un servicio deficiente”.
El programa Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito, analizado por la UNAM, depende de la Segob y su ejecución corresponde a la Comisión Nacional de Seguridad, encabezada por Monte Alejandro Rubido, a través de la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) y del Servicio de Protección Federal (SPF).
El objetivo de este programa es lograr que las instituciones que otorgan seguridad pública lo hagan de manera confiable y efectiva, es decir, que estén reguladas, cumplan ciertos estándares de calidad y que provean un servicio eficiente, con el fin de que las personas e instalaciones a las que protegen estén realmente seguras.
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Así lo revela el estudio Evaluación externa de consistencia y resultados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicado al programa presupuestario Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito con el propósito de tener un control de las compañías del ramo.
Con la detección de las anomalías en las compañías, el estudio de la UNAM que evalua el programa de la Secretaría de Gobernación (Segob) advierte que está en riesgo la estrategia federal para regular a los particulares que ofrecen servicios de vigilancia y custodia.
“Las instituciones que prestan servicios de seguridad no lo hacen de manera confiable ni efectiva, es decir, que no están adecuadamente reguladas, no cumplen con estándares mínimos de calidad y, por tanto, proveen un servicio deficiente”, de acuerdo con el análisis universitario.
El estudio realizado por la Facultad de Economía detalla que una empresa de seguridad informal es fundada, generalmente, por expolicías, ofrece sus servicios sin un análisis previo de vigilancia y custodia, y contrata personal de manera inmediata.
En consecuencia, los expertos consultados sugieren el fortalecimiento de los mecanismos implementados para la detección de prestadores de servicios sin autorización, mediante acuerdos de coordinación con gobiernos locales.
El análisis de la UNAM también determinó que el esquema de la administración federal para regular a particulares y vigilar instalaciones estratégicas es deficiente.
“El programa no se considera consistente. No se detecta que las unidades responsables actúen de manera coordinada para alcanzar el objetivo”; agrega que “las instituciones que prestan servicios de seguridad no lo hacen de manera confiable ni efectiva, es decir, que no están adecuadamente regulados, no cumplen con estándares mínimos de calidad y, por tanto, proveen un servicio deficiente”.
El programa Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del Delito, analizado por la UNAM, depende de la Segob y su ejecución corresponde a la Comisión Nacional de Seguridad, encabezada por Monte Alejandro Rubido, a través de la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) y del Servicio de Protección Federal (SPF).
El objetivo de este programa es lograr que las instituciones que otorgan seguridad pública lo hagan de manera confiable y efectiva, es decir, que estén reguladas, cumplan ciertos estándares de calidad y que provean un servicio eficiente, con el fin de que las personas e instalaciones a las que protegen estén realmente seguras.
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