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Delegación del Gobierno exigirá al empresariado del Tarajal que contrate seguridad
Dom 07 Dic 2014, 16:08
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El Gobierno de la Plaza de los Reyes comunicó que iniciará los trámites de acuerdo con la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.
Nuevo episodio en la retirada de Seguriber, empresa contratada para el suministro de auxiliares de seguridad, de los polígonos del Tarajal. La Delegación del Gobierno desveló ayer que va a iniciar los trámites previos para exigir a los empresarios el cumplimiento de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, es decir, obligará a los comerciantes a contratar los servicios de una mercantil de vigilancia privada.
Esta representación de la Administración General del Estado en Ceuta reconoció hace un mes que la seguridad privada constituye un servicio fundamental en los polígonos.
La Comunidad de Propietarios comunicó a Seguriber que cancelaba el contrato a finales de octubre, como atestiguan los escritos remitidos a la mercantil, con la falta de recursos económicos como motivo. Por su parte, el responsable de la empresa apuntó a la alta deuda que los empresarios aún hoy mantienen con la compañía, unos 100.000 euros de mayo en adelante.
¿Quién se encargó de mantener el orden desde 2006 ante el incumplimiento de los representantes de las naves? La UIP de la Policía Nacional, lo cual generó un gasto para las arcas públicas que, según pudo conocer este diario, asciende a 20 millones de euros. La contratación de la empresa tenía entonces un coste de entre 69 euros –la más barata– y 200 euros –la más cara– por mes y nave, según el informe de ese año.
El servicio de Seguriber pasó de 16 auxiliares a seis en el transcurso del mes pasado, hasta que el despliegue quedó definitivamente cancelado con el comienzo de diciembre.
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El Gobierno de la Plaza de los Reyes comunicó que iniciará los trámites de acuerdo con la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.
Nuevo episodio en la retirada de Seguriber, empresa contratada para el suministro de auxiliares de seguridad, de los polígonos del Tarajal. La Delegación del Gobierno desveló ayer que va a iniciar los trámites previos para exigir a los empresarios el cumplimiento de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, es decir, obligará a los comerciantes a contratar los servicios de una mercantil de vigilancia privada.
Esta representación de la Administración General del Estado en Ceuta reconoció hace un mes que la seguridad privada constituye un servicio fundamental en los polígonos.
La Comunidad de Propietarios comunicó a Seguriber que cancelaba el contrato a finales de octubre, como atestiguan los escritos remitidos a la mercantil, con la falta de recursos económicos como motivo. Por su parte, el responsable de la empresa apuntó a la alta deuda que los empresarios aún hoy mantienen con la compañía, unos 100.000 euros de mayo en adelante.
¿Quién se encargó de mantener el orden desde 2006 ante el incumplimiento de los representantes de las naves? La UIP de la Policía Nacional, lo cual generó un gasto para las arcas públicas que, según pudo conocer este diario, asciende a 20 millones de euros. La contratación de la empresa tenía entonces un coste de entre 69 euros –la más barata– y 200 euros –la más cara– por mes y nave, según el informe de ese año.
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