El Ayuntamiento de sevilla licita de nuevo la vigilancia del edificio de la Gavidia y sube la oferta a 65.531 euros

Después de que el Ayuntamiento de Sevilla declarase en octubre desierto el procedimiento negociado sin publicidad, dotado con un presupuesto de 36.529 euros sin IVA, que promovía para la contratación del servicio anual de seguridad, control y vigilancia de la antigua comisaría de la Policía Nacional de la plaza de la Concordia, conocida como comisaría de la Gavidia, ha promovido un nueva licitación para contratar estos servicios por 65.531 euros, según la información consultada por Europa Press.

En concreto, la Administración local promovía un procedimiento negociado sin publicidad con el mencionado presupuesto de 36.529 euros sin IVA, para contratar labores de vigilancia en el citado edificio hasta el 21 de agosto de 2015. Y es que el pasado verano concluía el contrato adjudicado el estío previo a la sociedad limitada Hienipa Seguridad, por 32.511 euros que no incluyen el IVA, para encargarse de este concepto durante un año.

Las labores a contratar, nuevamente, eran la custodia del edificio a través de "un vigilante de seguridad sin arma diez horas diarias, todos los días de la semana, incluyendo domingos y festivos", así como "dos rondas diarias" con un coche de seguridad que habrá de estar disponible ante cualquier eventualidad y el pertinente "sistema de alarmas". La licitación de este contrato anual, no obstante, fue declarada desierta. Ahora, el Ayuntamiento promueve un nuevo procedimiento negociado sin publicidad, por un importe total de 65.531 euros, para adjudicar el contrato en cuestión, ya al segundo intento.

Como es sabido, el Consistorio hispalense, como dueño del edificio, promueve actualmente una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, al objeto de recalificar la parcela de esta antigua comisaría y que los suelos pasen de su clasificación inicial de Interés Público y Social (SIPS), a parcela para "gran superficie comercial", si bien esta maniobra cuenta con pronunciamientos contrarios por parte de la Administración andaluza.

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