El Gobierno refuerza la protección de los funcionarios ante las agresiones

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Los centros y administraciones afectadas han recibido un protocolo de actuación que todavía es un borrador




El aumento de los ciudadanos en las oficinas del paro u otros centros de las adminsitraciones públicas ha hecho que muchos lleguen a situaciones extremas. Los funcionarios sufren a diario agresiones verbales o físicas, según denuncia el sindicato CSIF. Ante esta situación, el Gobierno y este sindicato han puesto en marcha un protocolo de actuación para prevenir las agresiones a los trabajadores públicos.




"Llevábamos tiempo denunciando esto y no se hacía nada para proteger a los funcionarios.Ahora, este protocolo, que todavía es un borrador, establecerá medidas de seguridad para que no ocurran agresiones y en caso de que ocurran, reforzar el apoyo a los trabajadores", explica Marian Moore, Secretaria Técnica de Igualdad de CSIF. Según el borrador de ese protocolo, al que ha tenido acceso LA SER, algunos departamentos y organismos más afectados ya han empeza a aplicar "protocolos especíicos" para evitar agresiones, pero el objetivo es crear un "modelo común" que apueste por las "medidas y estrategias preventivas y aporte también un instrumento de común actuación".




Insultos, miradas desafiantes, agresiones físicas, daños materiales a los vehículos de los funcionarios... Estas son algunas de las situaciones violentas que tienen que vivir "a diario" los trabajadores públicos, según denuncia Moore. Según el borrador, el protocolo actuará contra las agresiones físicas, como coacciones y lesiones, y contra las agresiones verbales, como insultos, amenazas, calumnias o injurias. El protocolo tiene un procedimiento de actuación que se divide en varias fases.




Diagnóstico de la situación Antes de empezar a aplicar el protocolo es necesario un análisis para identificar los peligros que existen en cada oficina o puesto de trabajo. Para ello, según señala el borrador, "será especialmente valiosa la opinión de los funcionarios que son quienes desarrollan los trabajos y tienen la experiencia y el conocimiento de primera mano". Además se hará un diagnóstico específico de los puestos que más peligro conlleven. "Mira cómo está el desempleo... A veces hay tantísima gente esperando en las oficinas, se deniegan prestaciones... Esto son puntos calientes", señala la secretaria de CSIF. Será útil también indicar cuáles son las causas de la agresión. Aquellas relacionadas con el tiempo de espera, con la falta de información o señalización, con estar disconforme con la información recibida o el trato por parte de los trabajadores públicos, entre otras.




Medidas preventivas en los centros Tras ese primer análisis, se empezarán a tomar las medidas necesarias para evitar las agresiones. En el borrador redactado por el sindicato y el Ministerio de Hacienda, se proponen medidas tales como: zonas de espera apropiadas, información clara a los usuarios, más personal de seguridad, timbres de alarma, pantallas de separación... "Es importante que no llegue a producirse las agresiones, pero en caso de que se produzcan, que la persona esté protegida", apunta Moore. Una vez detectada una situación de riesgo, en borrador incluye un prodecimiento de actuación que consiste en mantener la calma, avisar al vigilante de seguridad, en caso de una situación muy violenta avisar al superior y si es necesario a la policía. Además, en la medida de lo posible, tener identificado al responsable de la agresión.

"La persona tiene que sentirse protegida antes de una agresión, y en caso de que ocurra, que después también cuente con el apoyo necesario", explica la secretaria de CSIF. Para ello, el documento señala que habrá apoyo jurídico, para la denuncia, y también psicológico en caso de que se sufran secuelas. En ambos casos la administración asumirá el coste de estos servicios. "Muchas veces no era fácil que los trabajadores denunciaran, les suponía un coste, no existía un conducto oficial para hacerlo...", explica Moore.

Crear un registro de las agresiones Se creará un registro que permita recopilar y ordenar la información de las agresiones. Un registro de los indicentes, modelos para que se presenten denuncias y también informes periódicos de los responsables de los centro. Para dar a conocer y documentar cualquier incidente de violencia, según se lee en el documento.

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas señala que el protocolo aún es un borrador, que se ha enviado a los centros y ministerios implicados para que se hagan recomendaciones o posibles cambios. Por parte de CSIF, esperan que esta nueva medida pueda aplicarse antes de diciembre de 2014.
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