El Estado 'ahoga' a las empresas de seguridad con contratos públicos al exigirles cotizaciones ajenas.

En 2018 entró en vigor la doctrina Somoza derivada de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determina que, cuando empresa se hace con un contrato público de prestación de servicios en sustitución de otra que ha entrado en concurso de acreedores, la nueva adjudicataria debe hacerse cargo de los débitos de sus trabajadores que, por supuesto, han de ser subrogados.

Las empresas de servicios de Canarias, entre ellas las de limpieza y seguridad privada, han hecho los deberes en los últimos cuatro años y «como han podido» han hecho frente a esta obligación, cubriendo las deudas de sus antecesores y que desconocían cuando se presentaron al concurso.

Cuando ellos se hacen con los contratos los propios licitadores desconocen la deuda, así que asumen el riesgo. Especialmente sangrante ha sido la situación en el sector de la seguridad privada de las islas, debido a las quiebras que han protagonizado grandes empresas como Seguridad Integral Canaria, Sinergias y Novosegur, que abarcaban mucho mercado. Sin embargo, las nuevas concesionarias han conseguido ir saliendo para adelante «con gran esfuerzo».

Un «palo» de la Tesorería que genera «indefensión».
Ahora, en 2022, cuando parecía que estaban saldadas sus cuentas con la administración por las deudas y mala praxis de otros, la Tesorería de la Seguridad Social «ha decidido subirse al carro» de la doctrina Somoza y ha empezado a mandar cartas a las empresas de seguridad exigiéndoles el pago de las cotizaciones que sus antecesores no abonaron o que infrapagaron.

Para más 'inri' las reclamaciones están llegando con un 20% de recargo por los intereses de demora generados . En total se trata de unos 5 millones de euros a abonar por poco más de una docena de pequeñas empresas de Canarias. Hay casos de empresas que van a cobrar por el contrato menos de los que se les pide por cotizaciones debidas.

« Esto es la muerte de las pequeñas empresas del sector», indica el vocal de la Asociación de las Pequeñas y Medianas Empresas de Seguridad (Apemes), José Luis Adeva. Como explica, las grandes tienen «más músculo» para soportar esta situación pero las pequeñas están condenadas a desaparecer. « Va a haber un aluvión de concursos y contratos que van a quedar al descubierto», advierte otro de los vocales, Miguel Ángel R. Cordero, que añade que entonces serán las grandes las que se 'coman' el mercado isleño.

Los grandes se van a quedar el mercado.
Ya está ocurriendo, la empresa que se encargaba de la seguridad en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acaba de presentar el concurso de acreedores y su contrato lo ha asumido Prosegur.

El responsable de servicios jurídicos de Apemes, Pablo Jorge, considera que la Tesorería de la Seguridad Social debería esperar primero a ver cómo acaba el concurso de acreedores de las empresas que generaron la deuda para reclamar a la nueva adjudicataria estos pagos. «Pudiera ser que en el concurso hubiera dinero para cubrirlo y si no, ¿qué hacen? ¿Lo pagamos nosotros y el que dejo el agujero se va después de fiesta?», se pregunta R. Cordero.

Jorge critica que la administración fuera parte del problema en su día y ahora reclame. Como apunta, las administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, adjudicaron los contratos de seguridad privada con bajas temerarias que llevaron a algunas empresas, al amparo de la reforma laboral, a descolgarse del convenio y pagar salarios y cotizaciones que estaban por debajo de lo estipulado.

«Se beneficiaron de aquella situación y provocaron que las empresas que utilizaron estas prácticas se comieran gran parte del mercado a cuenta de generar deuda mientras los demás, mirábamos sin poder competir. Cuando estas empresas quebraron entramos nosotros y asumimos sus deudas, a regañadientes pero lo hicimos. Lo que no puede ser es que ahora la Seguridad Social nos exija algo que ellos provocaron en parte y que es nuestro fin», señala Adeva.

Las empresas de seguridad privada de las islas se sienten «indefensas» y reclaman a las administración que cambien la normativa para evitar una «injusticia» y «desaparición en cadena» del sector.

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Grano a grano, se levanta la montaña.

Las empresas de seguridad demandarán al Gobierno por «responsabilidad patrimonial».

Buscan que se les abone por las cantidades que han desembolsado por la doctrina Somoza y que tendrán que pagar a la Tesorería de la Seguridad Social. Quieren que se unifique el criterio normativo y se aplique la Ley de Contratos Públicos.

Las empresas de seguridad privada de Canarias iniciarán un procedimiento por «responsabilidad patrimonial» contra el Gobierno de Españapor la aplicación de la doctrina Somoza y que obliga a las empresas de servicios que entran en un contrato público a asumir las deudas con los trabajadores que dejan sus antecesores.

Las empresas de seguridad buscan que se unifiquen los criterios y prevaleza la Ley de Contratos del Sector Público, que dice que cuando un contratista entra en un contrato «no tiene ningún tipo de responsabilidad» frente a la doctrina Somoza «que impone esa obligación».

Así lo indica el responsable de la Asociación de las Pequeñas y Medianas Empresas de Seguridad (Apemes), Pablo Jorge, tras el comité ejecutivo de la organización celebrado ayer y en el que se decidió dar este paso.

En el caso de que no se reconozca la responsabilidad patrimonial, Apemes está dispuesta a ir a un contencioso en al vía judicial.

Tal y como publicó esta semana CANARIAS7, las empresas de seguridad de Canarias han ido asumiendo en los últimos años la doctrina Somoza y abonado las deudas con los trabajadores de sus antecesores en sus contratos públicos pero ahora se ven «asfixiadas» porque la Tesorería de la Seguridad Social ha comenzado a exigir las cotizaciones no abonadas y las cifras son millonarias.

Apemes ha iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios a nivel nacional y en Canarias para lograr su apoyo. También se han reunido con el senador por la comunidad autónoma, el nacionalista Fernando Clavijo, que se ha comprometido a plantear una serie de preguntas en la Cámara Alta. En este sentido, como indica Pablo Jorge, el objetivo es conseguir los apoyos políticos para que se promueva una iniciativa legislativa dirigida a cambiar la norma.

Al tiempo, Apemes está recomendando a las empresas afectadas por los pagos exigidos por la Tesorería de la Seguridad Social que soliciten aplazamientos y vayan pagando. De lo contrario, serán objeto de certificados negativos y no podrían seguir concursando en futuras licitaciones.

En un segundo paso y si la responsabilidad patrimonial del Gobierno es reconocida, podrían tramitar el reíntegro de las cantidades que abonen. «Hay empresas que no tendrán patrimonio suficiente y no van a poder responder y seguir adelante», indica Jorge.

Apemes va a mantener encuentros con las organizaciones sindicales para advertirles de que va a empezara a haber concursos de empresas. El sector emplea en las islas a unos 7.000 trabajadores.

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Grano a grano, se levanta la montaña.

El problema es que muchas empresas pequeñas en el afan de crecer rompen el mercado y se meten en licitaciones publicas a cual mas barato y solo prima el precio y no se dan cuenta de los pufos que han dejado otras y que ellas heredan como si no tuvieran abogados que las pudieran asesorar pero no, a lo facil , una licitacion publica que asi subrogan a los vigilantes y cuando la pierden tampoco se quedan con estos asi no tienen riesgo y suma y sigue pero en las licitaciones tambien hay riesgos aparte de lo dicho hasta ahora de deudas adquiridas de otros tambien esta que hay que meter avales , que hay que cobrar mas tarde casi siempre, que se cobra menos y tambien se paga menos con la conflictividad laboral que eso puede representar y si, tal y como decis, solo quedaran las grandes , las unicas que pueden asumir estos clientes pero esto tambien pasara en otros ambitos y yo me pregunto si realmente no es lo que necesita nuestro sector en la actualidad , una limpieza total del mismo donde solo queden quienes sean mas rentables y responsables