Fremap dio un contrato de seguridad a la firma de uno de sus directivos

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Fremap, una mutua de accidentes de trabajo sin ánimo de lucro y adscrita al Ministerio de Empleo, adjudicó en 2012 la seguridad de su hospital en Sevilla a Segurisa por 563.570,64 euros. Esta empresa está presidida por Enrique Sánchez González, que a su vez es vocal de la junta directiva de Fremap. El decreto que regula la colaboración entre las mutuas y el Ministerio de Empleo y la Ley General de la Seguridad Social impide a los miembros de las junta de las mutuas pecibir cualquier remuneración ni prestar servicios a las mutuas. Ni Fremap ni Sánchez González han querido comentar ese contrato.

El 2 de octubre de 2012, el Boletín Oficial del Estado anunció que Segurisa (Servicios Integrales de Seguridad, SA) había ganado la seguridad del hospital que Fremap tiene en Sevilla durante dos años, prorrogables por otros dos. Era “la oferta económicamente más ventajosa”, explica el anuncio de licitación publicado en julio. Eso le valió a Segurisa para ser la elegida entre las 15 que se habían presentado al concurso. Se ponía fin así a un expediente que había arrancado en febrero de 2012.

Sánchez González es miembro de la junta directiva y vocal de la comisión directiva de Fremap, al menos desde 2007, según las memorias anuales de la mutua. Es dueño, presidente y consejero delegado de Segurisa, y del grupo Sagital. Además es directivo del Real Madrid y viajó a Johanesburgo en marzo de 2008 con el hoy presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que declaró entonces que había pagado su viaje y el de su esposa (8.000 euros) en metálico. La empresa de Sánchez González recibió contratos por 59 millones la seguridad del Canal y de Metro. Sánchez González se niega a comentar su contrato con Fremap pese a estar en la junta directiva: “No tengo nada que añadir, publique lo que quiera pero no lo hará con mi consentimiento”.

El presidente de Fremap, Mariano de Diego, asegura desconocer todo lo referente al expediente y el contrato con Segurisa: “No tengo ni idea, no lo sé, son cuestiones ejecutivas”. De Diego deriva al gerente, Josu Esarte, que el viernes no contestó al teléfono.

El decreto que regula las mutuas y su colaboración con el Ministerio de Empleo señala que no podrán estar en la junta directiva “cualquier persona, ni por sí mismo ni en representación de empresa asociada, que mantenga con la Mutua relación laboral, de prestación de servicios de carácter profesional o que, por cualquier otro concepto, perciba de la entidad prestaciones económicas”, salvo el representante de los trabajadores. Ya en 2009, el Tribunal de Cuentas emitió un informe crítico con el sistema de contratación de las mutuas (entre las examinadas no estuvo Fremap). Tras el informe, el Ejecutivo hizo cambios para controlar que la contratación de la mutuas y sus retribuciones se ajustaba a la ley.

Fremap manejó el año pasado 2.376 millones de euros procedentes de la cotizaciones a la Seguridad Social para gestionar accidentes laborales y bajas y prestaba cobertura a casi 3,8 millones de trabajadores. Es la mayor mutua y está en una situación delicada porque la Intervención General de la Seguridad Social le pide que devuelva 43,2 millones gastados indebidamente. La mayor parte son por pagos a comerciales, algo no permitido por la Seguridad Social y ratificado por los tribunales. Pero también hay viajes, dietas y mariscadas de la junta directiva.

En esa junta hay 16 vocales elegidos por la propia junta con el visto bueno de Empleo. Entre ellos está Pedro Barato, presidente del sindicato agrario Asaja y de la Intersectorial de Autónomos (CEAT), José de la Cavada, exdirector de Relaciones Laborales de la patronal CEOE, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, representantes de las empresas mutualistas y algunos abogados.

En marzo de 2010, la misma junta directiva aprobó una dieta por asistir a las reuniones de 2.000 euros. Lo hizo un mes después de que una orden ministerial limitara a 800 euros el máximo de dieta.

Dentro de la junta directiva han surgido críticas a la política de gastos de Mariano de Diego, que una vez al año organiza una “junta directiva itinerante” que incluye un programa de gastos pagados para los miembros de la junta y sus parejas en algún rincón de España.

El lunes hay convocada una reunión en la cúpula para analizar la situación de la dirección después de que EL PAÍS desvelase los ajustes presupuestarios a los que la intervención sometía a la mutua.

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"A lo mejor ha sido excesivo"

José María Cobos Ruíz-Ayúcar es vocal de la junta directiva de Fremap desde 1991. Allí están representantes de las 392.846 empresas asociadas, pero este abogado tiene un despacho con solo cinco empleados. “La junta directiva antes era de Mapfre. Mi padre era consejero de Mapfre de toda la vida y cuando cesó entré yo”, explica por teléfono, confirmando la idea que hay puestos hereditarios.
Cobos defiende el cobro de 2.000 euros de dieta por reunión con dinero de la Seguridad Social. Y apoya los viajes para los directivos —con sus parejas— y un completo programa de actividades y comidas: “Todo puede ser más modesto, pero es solo una vez al año y en el volumen enorme [que maneja la mutua] no es nada y tenía una finalidad: tratar con los empleados”.
Su argumento es que “a lo mejor ha sido excesiva alguna cosa, pero no ha sido un escándalo”, ya que considera a Fremap como una empresa y no como una entidad sin ánimo de lucro tutelada por Empleo: “Entiendo que sí es una empresa. Mantenemos que es gestión privada. Si fuera una empresa mercantil estaría en el IBEX” y que hay “suledos mayores en la privada”. También quita hierro a las mariscadas que la intervención considera excesivas: “A veces ponemos algo de marisco pero somos 20 personas”.
Pese a llevar más de 20 años en la junta directiva de Fremap, Cobos se desliga de la gestión. “Solo firmamos las cuentas anuales [...] Los temas nos los suelen dar hechos pero los firmamos con la buena fe de que está correcto”.
Cobos admite que la situación es delicada, con el patrimonio histórico de la mutua que —a falta de que lo confirmen los tribunales— no da para pagar los ajustes que pide la Seguridad Social: Los ajustes vendrán siempre y el patrimonio histórico desaparecerá, técnicamente ya ha desaparecido”.
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