D.Jesús Argudo Cano. La Audiencia Nacional investiga 38 años después el atentado en las oficinas de GM.

El caso prescribió, pero la Fiscalía intenta que la familia del fallecido sepa qué pasó.

La Audiencia Nacional ha decidido abrir diligencias e investigar el atentado ocurrido hace 38 años en las oficinas que tenía General Motors en la calle del Capitán Portolés número 1 cuando se estaba instalando en Zaragoza. La fiscal Carmen Monfort se puso a trabajar en el caso hace unos meses tras reunirse con el hijo del vigilante de seguridad Jesús Argudo Cano, al que mataron de un disparo tres terroristas encapuchados el 2 de mayo de 1980. "Es un asunto tan extraño que algo tenemos que hacer", dijo la fiscal a la familia de la víctima, sin ocultar, eso sí, que después de casi cuatro décadas, el delito ha prescrito. De hecho, lo único que pretende es saber qué paso realmente para poder aliviar su dolor.

La Guardia Civil está investigando el atentado entrevistándose con personas que conocían a los grupos terroristas Frava (Frente Revolucionario Antifascista Vascoaragonés) y FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), que reivindicaron la muerte del vigilante mediante llamadas telefónicas a los diarios ‘El País’ y ‘Aragón Express’. También ha cursado visitas a diferentes archivos, pero poco ha trascendido, ya que las diligencias son secretas.

El hijo del fallecido acudió al Archivo Histórico Provincial y solicitó información sobre el asesinato de su padre. Fue entonces cuando le sacaron una carpeta con abundante documentación y con una única palabra en la portada: "Sensible". De hecho, a Jesús Argudo solo le permitieron leer una página, la reivindicación del FRAP. Ahora espera que los investigadores de la Guardia Civil accedan a esos datos.

El atentado nunca se investigó, ya que el Juzgado de Instrucción número 3 lo archivó a los veinte días y la Audiencia de Zaragoza, mes y medio después. Pese a ello, en una respuesta en el Congreso de los Diputados, el entonces ministro del Interior, Juan José Rosón, dijo: "Se ha producido la aparición, afortunadamente hasta el momento como embrión, de otros grupos, como al parecer, fue la reactivación del FRAP con un atentado en Zaragoza".

Aunque dos ejecutivos de la General Motors (Norman Parker y Richard Yutendake), que fueron testigos del suceso, llegaron a declarar en el juzgado, el atentado hizo que cinco directivos regresaran en un avión de la Base americana a su país poco después. "Un ejecutivo de la GM se personó en nuestra casa y le dijo a mi madre que la muerte de mi padre no tenía nada que ver con su empresa", recuerda Jesús Argudo, quien añade que la compañía contrató seguridad quince días antes del atentado, aunque llevaban cuatro meses instalados en las oficinas de Capitán Portolés.

El hijo de la víctima lamenta que, pese a que la muerte de su padre fue "un atentado terrorista reivindicado por bandas terroristas", ningún político aragonés fue al entierro ni se publicó una sola esquela en los periódicos. "Está claro que a nadie le interesaba que se investigara este atentado", dice Argudo.

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Gracias RafaVS , por traernos estas noticias de compañeros que murieron como héroes y nadie ni gobiernos ni ayuntamientos ni comunidades autónomas han tenido los huev.. de al menos tener un detalle . Gracias

J. J. escribió:... , por traernos estas noticias de compañeros que murieron como héroes y nadie ni gobiernos ni ayuntamientos ni comunidades autónomas han tenido los huev.. de al menos tener un detalle...

Este es el objetivo.
Gracias a tí J.J. , por haberlo entendido así.
Saludos.

El Juzgado de Instrucción 3 de Zaragoza ha remitido a la Guardia Civil el sumario del atentado contra un vigilante de seguridad en las oficinas de la General Motors (GM) ocurrido el 2 de mayo de 1980. La juez María Mercedes Terrer responde así a la solicitud que hizo en julio y reiteró recientemente el grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza. Esta información se compartirá con efectivos de Madrid para investigar el caso como un atentado terrorista, a pesar de que durante muchos años se consideró como un "ajuste de cuentas" o un "atraco".

La muerte del vigilante Jesús Argudo Cano se produjo en el edificio de la calle Capitán Portolés número 1, donde estaban ubicadas las oficinas de GM, cuando la multinacional estaba en plena construcción de la nave de Figueruelas. Estando sentado en una silla, vigilando dos entradas de las oficinas de la multinacional, la víctima recibió un disparo en el cuello por parte de tres individuos que llevaban pasamontañas y que iban en busca del director general de la multinacional Theodor R. Faber, aunque no lo hallaron.

El atentado fue reivindicado por la banda terrorista Frava (Frente Revolucionario Antifascista Vascoaragonés) con una llamada a la agencia Efe y por el FRAP en otra llamada al diario ‘Aragón Exprés’, pero la investigación policial no dio fruto. El Juzgado de Instrucción 3 de Zaragoza dictó el sobreseimiento provisional del sumario el 27 de junio de 1980, dos meses después...

...Fuentes de la Benemérita señalaron que esta solicitud obedece a la actitud de la institución para ayudar a las víctimas en la resolución de los atentados terroristas pendientes de resolver....

...Hasta 1999, casi veinte años después, el Ministerio del Interior no reconoció a la familia que el ataque fue un atentado terrorista, a pesar de que fue reivindicado en 1980 por la banda Frava, como detalla el atestado realizado por la Policía Nacional.

Declaración de dos americanos

El juez de instrucción tomó declaración a dos súbditos norteamericanos, trabajadores de la GM, que estaban en el lugar del crimen a las 19.40 de aquel 2 de mayo, concretamente en el pasillo del séptimo piso de la calle Capitán Portolés número 1. Richard Yutendale y Norman Parker coincidieron en que el disparo al vigilante se produjo en un periodo de tres a cinco segundos desde que los tres encapuchados salieron del ascensor. Uno disparó y dos les apuntaron a ellos. Ni siquiera dio tiempo a que se cerrara la puerta por la que escaparon.

Los dos ejecutivos de la multinacional se escondieron en una de las oficinas de GM que había en el rellano del piso y estuvieron durante un minuto, que les pareció "una eternidad".

Un informe de balística que no llegó

Jesús Argudo era un guardia civil jubilado que trabajaba como vigilante de seguridad en la empresa Prosesa. Aunque su puesto habitual estaba en Balay, ese día un compañero le cambió el turno para vigilar las oficinas de la GM. Le dispararon un proyectil de 9 milímetros corto que fue encontrado en el Hospital Miguel Servet. La bala fue remitida al gabinete central de identificación de la Dirección General de la Policía para realizar un informe pericial, pero no aparece en el sumario. El cartucho presentaba una ligera deformación en la ojiva y fue hallado en una habitación contigua a la que fue atendido Jesús Argudo Cano, después de ser cambiado de camilla en la primera.

La Policía reseña que el diario ‘Aragón Exprés’ recibió una llamada en la que se identificaron como los autores del atentado y anunciando que iban a seguir "atacando a los yanquis en Zaragoza". Además, cita la publicación en HERALDO de la reivindicación del atentado por el Frente Revolucionario Antifascista Vascoaragonesa en una llamada anónima a ‘Efe’ por "la invasión de los americanos a Aragón"

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heraldo.es
RAMÓN J. CAMPO.
31.03.2019

La Delegación del Gobierno no halla en su archivo información del atentado de la GM.
La comprometida documentación policial, relativa al asesinato de un vigilante de Opel en 1980, podría haber desaparecido hace años del registro oficial.

Las huellas del atentado contra Jesús Argudo, el vigilante jurado de las oficinas de General Motors en Zaragoza que fue asesinado el 2 de mayo de 1980 por un grupo terrorista, fueron borradas probablemente poco después dl suceso. La Delegación del Gobierno de Aragón no ha encontrado en su archivo los informes policiales del atentado terrorista, después de una concienzuda búsqueda junto a los responsables del Archivo Histórico Provincial y en colaboración con la investigación de Jesús Argudo, hijo de la víctima, y HERALDO.

Toda la documentación policial que se generó entre los días 1 y 7 de mayo de 1980 ha desaparecido del archivo del antiguo Gobierno Civil. No se puede consultar el parte diario de novedades que enviaba la Jefatura Superior de Policía de Aragón con todos los sucesos que ocurrían en la capital aragonesa. Las consecuencias de este ocultismo se dejan ver también en el Archivo Histórico Nacional, que ha sido consultado por el hijo de la víctima, quien ha comprobado que no incluye documentación alguna sobre el asesinato de Jesús Argudo.

En el archivo del Gobierno Civil (que se guarda en la Universidad Laboral desde 2013 y se consulta a través del Archivo Histórico Provincial) solo constan los papeles oficiales del registro de entrada con el extracto de todos los documentos policiales que se enviaron. Entró el "oficio" sobre el "asesinato del vigilante jurado Jesús Argudo", con fecha 3 de mayo de 1980, y menciona la empresa donde trabajaba, Prosesa. Pero este documento consta como desaparecido.

En el registro de salida del 13 de mayo de 1980, unos días después del atentado, se menciona que la empresa General Motors ha contratado dos servicios de vigilantes jurado: uno en la oficina de la calle del capitán Portolés (donde tres encapuchados perpetraron el asesinato) y otro en la urbanización Las Abdulas (donde vivía uno de los directivos norteamericanos, que era el objetivo de la banda terrorista).

La desaparición ilegal de la comprometida documentación probaría que había intereses de distina índole para evitar esta investigación e interés en dejar un atentado terrorista en un "ajuste de cuentas", como lo calificó un télex de la agencia Efe publicado la noche del 2 de mayo.

La tesis ocultista, que sostuvo el Gobierno Civil en 1980, fue seguida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, que archivó la investigación a los 20 días del suceso, sin haber recibido el informe de balística de la Policía Nacional (nunca se hizo), clave para encontrar a los autores del crimen.

Estas decisiones oficiales se adoptaron a pesar de que el atentado fue reivindicado por los grupos terroristas FRAP (Frente Revolucionario Antifascista) y FRAVA (Frente Revolucionario Antifascista Vasco Aragonés) en varias llamadas a los diarios ‘El País’ y ‘Aragón Express’. La Audiencia Nacional, sin embargo, solo inició la investigación de los hechos 38 años después del suceso.

La fiscal Carmen Monfort abrió las diligencias con la Guardia Civil en mayo de 2018. Aunque el delito ha prescrito, la fiscal recibió al hijo de la víctima, consideró que es un "caso extraño" y le dijo que tenía todo el derecho a conocer la verdad. Recientemente, la representante del ministerio público amplió el plazo inicial de seis meses para concluir la procelosa investigación, que incluye entrevistas con más de 30 personas.

La colaboración de algunos conocedores de los tres sospechosos del atentado, que estuvieron ligados con la Joven Guardia Roja antes de pasar a la lucha armada, puede alumbrar los "motivos políticos y económicos" que bloquearon la investigación en 1980, según las fuentes consultadas.

Asimismo, la Guardia Civil ha buceado en las pesquisas policiales y judiciales de otros atentados atribuidos también a esta banda terrorista entre los años 1978 y 1980: un atentado en el cuartel de la Policía Local de Zaragoza (fue juzgado por la Audiencia Nacional), un asalto en una oficina de Credit Lyonnais (los documentos policiales también han desaparecido), la muerte de un policía municipal en Madrid o el secuestro de un empresario catalán que liberaron en Candasnos tras pagar un rescate.

Una falsa carta bomba.
Entre la escasa documentación relacionada con el atentado que consta en el Archivo Histórico Provincial, se ha localizado el parte diario de la Policía Nacional del 25 de marzo de 1980, que incluye que el director de relaciones de la GM denunció haber recibido una carta sin remite y acudió un equipo de desactivación de explosivos, que comprobó que era una falsa alarma de bomba y solo contenía una muestra de acero.

"La General Motors había contratado a los vigilantes jurados apenas doce días antes del atentado de mi padre", apunta Jesús Argudo. "Además, mi padre tuvo la mala suerte de que cambió el turno con un compañero por un bautizo, porque él trabajaba en Balay. Los terroristas le dispararon en la puerta de la oficina".

Entre los papeles del Gobierno Civil, en la serie de vigilantes jurados, encontraron el historial laboral de Jesús Argudo, que antes de vigilante fue guardia civil. La documentación se la entregaron a su hijo. La delegada del Gobierno, Carmen Sánchez, le recibió el pasado jueves para transmitirle el apoyo de la Administración en su batalla para descubrir la verdad del atentado ocultado durante casi 40 años.

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Y luego queremos ser el único colectivo que se ajusta perfectamente al cumplimiento de las leyes, preguntándonos si es correcto o no llevar al curro una extensible por si acaso.
Un bazooka llevaría yo a currar si estuviese en un servicio peligroso. Y ni leyes ni gaitas.
Nadie cumple las leyes. Y cuando nos matan ocultan el caso y aquí paz y después gloria.

Prefiero que me pillen con un bazooka a que me maten y el Gobierno tire mi cadáver a una cuneta olvidada.

heraldo.es
RAMÓN J. CAMPO.
31.05.2019

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva el atentado del vigilante en la GM en 1980.

La Guardia Civil apunta que fueron tres miembros del grupo terrorista FRAP, pero aún no hay pruebas sólidas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional dio un plazo de un año al servicio de información de la Guardia Civil para investigar el atentado del vigilante de seguridad Jesús Argudo Cano, que murió el 2 de mayo de 1980 en las oficinas de la General Motors, en la calle Capitán Portolés, de un disparo en un atentado cometido por tres encapuchados, pero concluido ese tiempo lo han archivado a falta de pruebas contundentes. Aun así, la fiscal Carmen Monfort ha abierto la posibilidad de que ante la llegada de nuevas pruebas y del informe definitivo de la Guardia Civil pueda reabrirse el caso para cumplir la búsqueda del derecho a la verdad que reclama el hijo de la víctima de terrorismo. Como este caso solo hay cinco en España, en los que no es necesario llegar a juicio porque el caso está prescrito.

La prolija investigación del servicio de Información de la Guardia Civil, que ha entrevistado a más de veinte personas, apuntó que el director general adjunto de la General Motors (GM)recibió llamadas de sujetos, que se identificaban como miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista Patriota), en las que le exigían el pago de impuesto revolucionario. Esta denuncia presentada después de los hechos, el 15 de julio de 1980, se guardaba en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. En este mismo centro. HERALDO pudo comprobar que había desparecido buena parte de la documentación respecto a los hechos de la semana en la que ocurrió el atentado.

El decreto del fiscal jefe de la Audiencia Nacional Jesús Santos reconoce que "dado el tiempo transcurrido, no existe constancia de las llamadas telefónicas a la Agencia Efe y al ya inexistente periódico ‘Aragón Express’ reivindicando el atentado". Aun así, se publicaron esas informaciones de que esas llamadas se hicieron en nombre del FRAP.

Asimismo, la Guardia Civil solicitó información a los agentes policiales, al Juzgado de Instrucción 3 de Zaragoza, a la Jefatura Superior de la Policía Nacional, a la Policía Local y a los archivos históricos y locales sobre el atentado cometido el 2 de mayo de 1980, como a otros que hubieran cometido en aquellos años las organizaciones terroristas FRAP y FRAVA (Frente Revolucionario Antifascista Vasco Aragonés).

El Juzgado de Instrucción 3 de Zaragoza les comunicó que no existían archivos con los efectos intervenidos el día del atentado, ni se habían practicado diligencias ampliatorias tras el archivo del sumario(que se produjo dos meses después de suceder el asesinato y ni siquiera se practicó la prueba de balística del disparo).

Fuentes de la investigación señalan a este periódico que parte del ímprobo trabajo por la Guardia Civil se ha encontrado con que hubo "voluntad de ocultarlo". Afectó tanto al Juzgado como el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y al Gobierno Civil en sus documentos.

De hecho, la noche del atentado los directivos de la General Motors se personaron en casa del fallecido para decirles que la muerte de Jesús Argudo fue "un ajuste de cuentas y no tenía nada que ver con la empresa". Aun así, el trabajo de los efectivos del Servicio de Información no ha concluido y todavía no ha presentado su informe definitivo que están elaborando para conocer todos los detalles obtenidos.

Es otra paradoja que la General Motors cambió de posición el 8 de mayo de 1980 (seis días después del atentado y las reivindicaciones del FRAP) y se publicó en los periódicos que había decidido entonces subcontratar trabajos con empresas aragonesas para la construcción de los coches en lugar de que provinieran de otra procedencia.

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heraldo.es
Ramón J. Campo.
18/02/2020.

Un atentado sin resolver.

El asesinato del vigilante de la General Motors en 1980 de la banda terrorista Frava se tapó en la Transición y lo reabrió la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

El programa ‘Objetivo’ de Aragón TV se hizo eco anoche del atentado en el que Jesús Argudo, un vigilante de General Motors, murió en 1980 en sus oficinas en la calle Capitán Portolés cuando tres integrantes de la banda terrorista Frava (Frente Revolucionario Antifascista Vasco Aragonés) cometieron el crimen disparándole tres tiros. Han pasado 40 años del crimen sin resolver y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto la posibilidad de que su viuda y su hijo Jesús Argudo conozcan la verdad, aunque esté prescrito.

La investigación de la Guardia Civil puede conocerse en las próximas semanas para determinar a qué obedecía la creación de esta banda terrorista, entre los miembros de la extrema izquierda de Aragón (procedentes de la Joven Guardia Roja), a la que nombró el entonces ministro del Interior, Juan José Rosón, sobre el riesgo de que pudiera multiplicarse ante el ejemplo cercano de los miembros de ETA Político-militar.

Aunque fue un grupo terrorista casi desconocido, el Ministerio del Interior reconoció a la familia de Jesús Argudo en 1999 (después de denegarlo en 1985 por presentarlo fuera de plazo) su condición de víctima de terrorismo, les indemnizó y les entregó una medalla al mérito civil. Ningún terrorista de esta banda fue detenido y juzgado, hasta el punto de que los documentos que se guardaban sobre la investigación oficial en la Delegación del Gobierno desaparecieron.

Pasados 40 años, la sociedad aragonesa tiene el derecho de conocer por qué no se investigó el atentado o por qué los ejecutivos americanos de GM lo bautizaron como un mero «ajuste de cuentas».

ondacero.es
Brenda Pérez.
25/06/2020.

Zaragoza homenajea a la víctima del terrorismo Jesús Argudo después de 40 años de su asesinato.

Después de 40 años llenos de dolor, soledad y lucha por parte de sus familiares, Jesús Argudo ha sido reconocido como víctima del terrorismo tras ser asesinado un 2 de mayo de 1980 por el Frente Revolucionario Antifascista Vasco Aragonés mientras trabajaba como vigilante de seguridad de la General Motors.

Jesús Argudo era exguardia civil, tenía 58 años, estaba casado y era padre de tres hijos. Llevaba un tiempo como empleado de una empresa de seguridad que prestaba su servicio a la multinacional recién instalada en Zaragoza.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha colocado ahora una baldosa conmemorativa en su honor en una de las calles de la ciudad en un acto en el que el hijo de Argudo ha lamentado que ningún grupo político enviara sus condolencias a la familia cuando mataron a su padre.

En el encuentro, el alcalde Jorge Azcón ha recalcado que este acto ha sido el primero de muchos que llevará a cabo el consistorio en la ciudad para no olvidar a las víctimas del terrorismo.