Las cámaras en Pamplona, ¿atentado a la libertad o garantía de seguridad?

Las cámaras en Pamplona, ¿atentado a la libertad o garantía de seguridad?

10-12-17

Sociólogos y juristas coinciden en que los cambios sociales y el avance de las nuevas tecnologías han dejado la privacidad en un segundo plano: “Hoy lo que la gente quiere es vivir segura”

La apuesta por la videovigilancia en las ciudades parece moverse en el terreno de lo obvio. ¿Quién se va a negar a utilizar un dispositivo destinado, entre otros usos, a persuadir a malhechores para que no atenten contra nosotros o contra nuestros hijos? ¿Por qué no usar una tecnología que tenemos al alcance de la mano, más desarrollada que nunca, para ayudar a resolver conflictos ciudadanos de muy diferente índole?


El argumento del miedo nos ha llevado a que cada vez con más frecuencia transfiramos nuestra responsabilidad y subjetividad a esa especie de máquinas automatizadas de percepción que son las cámaras de videovigilancia. Ojos siempre abiertos, más ágiles y eficaces que los nuestros y a los que otorgamos credibilidad por su singular textura, verdadera, objetiva, real.


Y lo cierto es que hace casi tres décadas que las cámaras forman parte del entramado urbano de Pamplona y ya ni siquiera nos incordian. Ni a los ciudadanos, ni tampoco a los partidos políticos. Porque pese al cambio de signo político en el Ayuntamiento, las cámaras se han seguido demandando y colocando. “Estamos en un mundo muy confuso y la gente lo que quiere es vivir segura”, razona el sociólogo Mario Gaviria. “El ser humano se encuentra inmerso en la mayor de las posibilidades de desorden de las que nunca antes fue capaz”, apostilla Jesús Hernández Aristu, profesor jubilado del Departamento de Trabajo Social de la UPNA. Los dos coinciden en que el ser humano ha encontrado la respuesta a ese nuevo paradigma en las nuevas tecnologías -videocámaras, pantallas de todo tipo, webs, detectores, sensores…. - que, concluye Aristu, “hacen que nuestra vida privada se haga pública, incontrolada e incontrolable para el individuo mismo, y controlada por los agentes e instituciones que ostentan el o algún poder. El poder político controla las calles y plazas, los que administran centros comerciales vigilan sus establecimientos, igual que los bancos, las escuelas controlan a sus alumnos, profesorado y a quien se mueve alrededor y los hospitales están bajo vigilancia, igual que el tráfico”.


Pero no siempre las cámaras se vieron con tanta naturalidad en la ciudad. Hubo un tiempo en el que en Pamplona se cuestionaba su instalación o, al menos, ésta era objeto de debate público. En junio de 2009, el entonces grupo de Nafarroa Bai en el Ayuntamiento llegó a preguntar en Comisión de Presidencia por la motivación que había llevado al equipo de gobierno de UPN a instalar cámaras en las calles Curia y Mercaderes. El grupo pidió que “se aportaran los informes preceptivos de la Delegación del Gobierno, así como de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, a los que obliga el Artículo 4 del RD 569/1999”. Un debate que propició que se hablara de la intimidad de las personas y de su derecho a la protección de datos de carácter personal. Se aludió, incluso, a una instrucción de la Agencia de Protección de Datos sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, “que establece que sólo se considerará admisible la instalación de cámaras o videocámaras cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las personas y para su derecho a la protección de datos de carácter personal”.


El gerente de la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios del Casco Viejo, Carlos Albillo, ha sido testigo directo del cambio de opinión de políticos y ciudadanos de a pie sobre la instalación de cámaras en las calles. “Antes protestaban por su presencia, pero ahora no dicen nada ante la enorme proliferación de cámaras por toda la ciudad”. Para Albillo las cámaras no son por sí mismas buenas o malas y lo realmente importante es el buen o mal uso que se haga de ellas. “Parece que hoy la ciudadanía no le da tanta importancia a estos temas. Nos hemos acostumbrado a su presencia que, como hemos visto, puede ser útil en muchas ocasiones”, reflexiona. Asegura que en este cambio de percepción ciudadana también ha tenido que ver la sobreexposición de las personas en los medios digitales que hace que estos y otros agentes sepan de los ciudadanos mucho más de lo que ellos mismos son conscientes. “Nuestra imagen, nuestras fotos aparecen diseminadas por las redes sociales. Creo que la ciudadanía ha bajado bastante la guardia en este aspecto de la defensa de la intimidad y la propia imagen”, concluye.


Porque, como reconocen los sociólogos y juristas consultados, ahora lo que la gente quiere es vivir seguro. “Hace 20 años instalar una cámara parecía un atentado a los derechos humanos, a la privacidad, a la libertad personal y ahora la gente la percibe como un elemento de seguridad. Nunca la humanidad había sido tan abundante en videovigilancia. Hay casi 8.000 millones de personas y una cifra parecida de smarthphones. Con un móvil puedes llamar si te atacan o intentan agredir y la gente ha elegido la seguridad frente a la libertad y eso hay que respetarlo”, expone Gaviria. Completa su argumento aludiendo a uno de los lemas con los que 14 de julio de 1789 dio inició la revolución francesa. “Ahora se hablaría de libertad, igualdad y seguridad”. Pero el debate viene de más lejos. “El marxismo era revolucionario y consideraba que el estado era el enemigo. También los anarquistas abogaban por suprimirlo para que no nos pueda vigilar. Pero ya hay muy poca gente que diga que el estado es el enemigo de todo”, concluye. En la misma línea Aristu alude al panóptico, “esa torre penitenciaria ideada para que el vigilante pudiera tener bajo su control visual a todos los internos, que fue una vieja aspiración del estado del siglo XVII y XIX”. Recuerda que la misma obsesión también apareció en la primera industrialización “para que el capitalista pudiera tener bajo control a los trabajadores de la fábrica y a su producción”. Hoy, asevera, “prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana están bajo el gran panopticón, la vigilancia total y absoluta en un mundo de desorden y descontrol máximo. Es la gran paradoja de la vida moderna: lo público se hace privado y lo privado público, con su precio: estrés, ansiedad, disrupción, falta de vínculo… y su ganancia: conseguir que aquellos que tienden a destruir la propia sociedad a través de robos, infracciones, transgresiones, violaciones… no escapen impunemente del orden y de la convivencia”.

El número de de cámaras de titularidad privada se ha duplicado en la Comunidad foral en apenas cinco años


Igual que su vecino, su jefe, su compañero de trabajo… sepa que usted también forma parte de esa película colectiva que en fragmentos se almacena en la memoria de un disco duro. Le pueden haber grabado mientras llegaba a su casa, en la compra, sacando dinero en el cajero… Aunque eso sí con límites en los enfoques y siempre que se cumplan los requisitos previstos en la instrucción que regula el tratamiento de datos personales con fines de videovigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámara. Aunque resulta imposible saber el número exacto de cámaras que observan y registran nuestros movimientos, los ficheros de videovigilancia contabilizados por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en Navarra permiten una aproximación fiable a un dato que ni la Policía Nacional ni el Gobierno tiene registrado. En el caso de Navarra a fecha de 1 de noviembre la AEPD tenía activos un total de 4.368 ficheros de titularidad privada y 76 de titularidad pública (entre los que se encontrarían las 200 cámaras controladas por el Ayuntamiento de Pamplona) lo que arroja un total de 4.444, una cifra similar a la de Guipúzcoa, donde existen 4.205, pero muy superior a la cifra de ficheros que la AEPD tiene contabilizados en La Rioja: 2.423. Según explican desde la agencia estatal, cada fichero declarado por una entidad pública o privada supone, al menos, una cámara. Pero puede haber varias bajo la declaración de un fichero. Eso significa que la cifra real de ojos vigilantes repartidos por diferentes puntos de la región podría ser mayor, pero no menor.


Lo que reflejan los datos facilitados por la AEPD es que la videovigilancia en el ámbito privado de la comunidad está creciendo a pasos agigantados. En solo cinco años, la cifra de ficheros de vigilancia de titularidad privada se ha duplicado, pasando de los 1.942 contabilizados a noviembre de 2012 a los 4.368 de este ejercicio. La evolución de los ficheros de titularidad pública también ha sido notable al pasar de los 47 de 2012 a los 76 de este año. Un incremento incesante que se aprecie en toda España donde el número de ficheros, que dejan constancia de al menos una cámara, asciende ya a 341.267, cuando en noviembre de 2012 era apenas 134.614.


El crecimiento del número de cámaras se ha producido en todos los sectores, pero especialmente en el comercio y la hostelería que junto a las comunidades de propietarios concentran el mayor volumen de dispositivos. En el caso de las comunidades de vecinos la cifra de cámaras se ha cuadriplicado en sólo cinco años a nivel estatal (de las 9.956 de noviembre de 2012 se ha pasado a las 32.433 de este año), según los registros de AEPD que no ofrece información regionalizada sobre los diferentes sectores de actividad.

Claves escribió:

CLAVES

1. Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos. Podrían tomarse imágenes parciales y limitadas de vías públicas cuando resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de ubicación (por ejemplo, si una cámara debe ubicarse necesariamente en la puerta de entrada de una entidad bancaria, debería orientarse de modo que la parte de vía pública que recoja se limite al acceso vigilado sin recoger más porción de la vía pública que la imprescindible).

2. Debe existir una relación de proporcionalidad entre la finalidad perseguida y el modo en el que se traten los datos (por ejemplo, sería desproporcionado instalar una videocámara para vigilar el acceso a un garaje y utilizar sus características técnicas -movilidad, orientación, zoom...- para obtener imágenes del interior de los vehículos que circulan por la vía pública o de las comunidades de vecinos próximas). Su uso sólo es admisible cuando no exista un medio menos invasivo.

3. -Si el sistema de videovigilancia graba y conserva las imágenes debe notificarse previamente a la Agencia Estatal de Protección de Datos. En el caso de las Administraciones Públicas debe crearse el fichero mediante una disposición de carácter general publicada en el correspondiente diario oficial para, posteriormente, inscribir el fichero.

4. Informar mediante carteles informativos de la existencia de videocámaras, como mínimo en los accesos a las zonas vigiladas. Asimismo, debe disponer de impresos con la información a la que se refiere el artículo 5 LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos), acerca de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal; de la finalidad de la recogida de los datos y de los destinatarios de la información, y de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, entre otros aspectos.

5. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las imágenes y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

6. Eliminar las imágenes en el plazo máximo de un mes desde su captación.

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