La Seguridad Social da la vigilancia de sus sedes en Ciudad Real a una empresa denunciada por Empleo

La Seguridad Social da la vigilancia de sus sedes en Ciudad Real a una empresa denunciada por Empleo

El departamento de Fátima Báñez adjudica la vigilancia de sus locales a una empresa 'low cost' vinculada a Miguel Ángel Ramírez, conocido como el 'capo' de la seguridad privada, que aplica un convenio anulado dos veces en los tribunales, a instancias del propio Ministerio.

CIUDAD REAL.- La vigilancia de los centros dependientes de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la provincia de Ciudad Real estarán en manos del 'capo' de la seguridad privada durante el próximo año, tras la adjudicación del contrato a Marsegur, del conglomerado patronal Acosepri, al que está ligado el empresario canario Miguel Ángel Ramírez.

Un contrato que acaba de ser adjudicado a esta empresa, sobre la que pesan cientos de denuncias por incumplimientos laborales y alrededor de doscientas actas de infracción de la propia Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, y a la que el mismo Ministerio de Empleo ha denunciado ante la Audiencia Nacional por su convenio colectivo, anulado dos veces en los tribunales.

Antecedentes que no han impedido que esta empresa 'low cost', conocida en el sector por 'dinamitar' los concursos públicos con sus ofertas a la baja, gracias a contar con un polémico convenio colectivo muy por debajo del estatal del sector en materia salarial y en derechos de sus trabajadores, se haya hecho con un nuevo contrato en Castilla‑La Mancha.

Adjudicación que sorprende más aún después de que el propio Ministerio de Empleo, al frente del cual se encuentra Fátima Báñez, denunciara ante la Justicia las prácticas de estas empresas, y de las medidas que desde otros ámbitos de la Administración se han venido tomando al respecto para rescindir los contratos ya en marcha.

En este sentido, cabe recordar que el beneficiario de este contrato es el mismo empresario al que el Ministerio de Defensa adjudicó en su día la vigilancia de sus sedes, entre las que se encontraba el Museo del Ejército, en Toledo. Un centro cuyos trabajadores protagonizaron un paro de dos días el pasado mes de septiembre, tras la adjudicación del contrato de vigilancia y seguridad por parte del departamento de María Dolores de Cospedal a la empresa Marsegur. Los incumplimientos y las continuas denuncias llevaron hace dos meses a Defensa a iniciar los trámites para rescindir el contrato con esta empresa, elegida en un primer momento por haber presentado la oferta más barata.

Misma medida por la que también optó la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que en un primer momento adjudicó el servicio a otra de las empresas vinculadas a Ramírez, Sinergias Seguridad, pero terminó "expulsándola" tras comprobar el incumplimiento del convenio estatal y las malas prácticas de la empresa con los trabajadores.

Pero tampoco hace falta buscar ejemplos en otras administraciones, puesto que la propia Tesorería General de la Seguridad Social ha excluido a Marsegur de diversos concursos de adjudicación de la vigilancia de sus sedes en otras provincias. Huelva, Alicante, Valencia o Murcia son algunos de los territorios en los que las empresas del 'capo' de la seguridad privada no han tenido opción de hacerse con estos contratos.

Sin embargo no ha sido el caso de Ciudad Real, donde los órganos de contratación de la Tesorería General han optado sin dudarlo por la oferta más económica. Así, con un presupuesto base de licitación que ascendía a 363.069,69 euros han visto en la rebaja superior al 15 por ciento presentada por Marsegur una 'ganga', y se lo han adjudicado por 307.447,41 euros.

"INAUDITO, ESCANDALOSO E INTOLERABLE"

Una oferta a la baja que los sindicatos denuncian que "pagarán íntegramente" los trabajadores, al aplicárseles el convenio de Marsegur en lugar del estatal de seguridad privada. De este modo, explica el responsable de Acción Sindical de CCOO-Construcción y Servicios en Ciudad Real, Antonio Sánchez-Carnerero, "pasarán a cobrar alrededor de 500 euros mensuales menos".

De este modo, en las nóminas de los 16 trabajadores que hay en Ciudad Real, Marsegur se "ahorrará" 8.000 euros al mes, lo que multiplicado por las catorce pagas anuales supondrá 120.000 euros en el año de concesión, más del doble de la rebaja sobre el precio base de licitación que presentaba.

Desde el sindicato consideran esta decisión como "inaudita, escandalosa e intolerable", por lo que instan tanto a la ministra Báñez como al secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, a rectificarla.

Recuerdan que a lo largo del proceso del concurso, CCOO-Construcción y Servicios de Ciudad Real intentó hasta en cinco ocasiones mantener una reunión con los responsables de contratación y con el secretario de la Tesorería General de la Seguridad Social en la provincia, pero "no fue posible".

Y es que les resulta "incomprensible" que la Seguridad Social, organización administrativa que junto con la Inspección de Trabajo debe velar por el cumplimiento de las normas de orden social, "adjudique contratos a una empresa que no cumple el convenio sectorial estatal e impone a sus trabajadores un convenio colectivo propio anulado por los tribunales a instancias del propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social”, denuncia Sánchez Carnerero.

Comisiones Obreras insiste así en la necesidad de cambiar "de una vez por todas" el peso que tiene la oferta económica en la adjudicación de los servicios, puesto que mientras el precio sea el criterio de principal valoración, "empresas sin escrúpulos" seguirán siendo las más económicas, "a costa de abaratar los salarios y de suprimir derechos a sus trabajadores".

Ante esta situación, se ha preparado un calendario de movilizaciones y protestas que darán comienzo el próximo 19 de diciembre, con una concentración, y terminará previsiblemente en huelga indefinida a partir del 1 de enero de 2018 si finalmente la empresa Marsegur inicia la prestación del servicio ese día.

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Volvemos a ver otra nueva contratación low cost por parte de la administración antes de que entre en vigor el 9 de marzo el nuevo reglamento de la ley de contrataciones públicas.

Y los que volveremos a ver antes de esa fecha, porque claro, la ley esa serà aplicable a los contratos que se celebren A PARTIR DEL 9 DE MARZO, pero no a los de antes.

Preparaos todos a principios de año a ser subrogados en las administraciones por el señor low cost, si los contratos de vuestros servicios estàn finalizando.

Si comienzan nuevos contratos ahora, pues ya me direis cuando acabaràn. En un año, dos, tres, cuatro... depende del tiempo contratado. Y hasta que no acaben no tendràn la obligacion de aplicar esa ley.

No es que despues del 9 de marzo ya se aplique a TODOS, no. Solo a los contratos CELEBRADOS DESPUES.
Y los nuevos contratos de despues se redactaràn cuando acabe el tiempo de vigencia de los contratos que se vayan celebrando ahora.

Quien hizo la ley, hizo la trampa, pero bien hecha.
Que alguien me explique porqué han puesto de fecha el 9 de marzo para que entre en vigencia, en vez de ya.
Pues para poder contratar ANTES a esas empresas pirata.

Y tal vez, solo tal vez, mientras estos contratos low cost estén "contratados" vuelva a cambiar la ley de contrataciones de nuevo a peor para nosotros y asi las administraciones eludiràn el tener que contratar "empresas normales".

Esto solo es un amaño para que los trabajadores de servicios CREAMOS que hemos conseguido un avance.
Pero en el fondo ya vemos lo que està sucediendo ya. Y hay un montón màs de contratas de las cuales no nos enteramos de qué està pasando con sus nuevos contratos en la admin porque solo miramos lo nuestro.

Nos engañan por todas partes.

Toda una victoria de... la administración.