Madrid. la comunidad aparta a la seguridad privada de la custodia de sus documentos y archivos

La Comunidad de Madrid limitará la externalización de la guardia y custodia de los documentos y archivos públicos a situaciones "de urgencia" para salvaguardar su seguridad, según informó este martes el Gobierno regional, que ha iniciado los trámites para impulsar una nueva Ley de Archivos y Documentos.

"Los archivos han sido tradicionalmente contemplados en la normativa legal sólo como elementos de nuestro patrimonio histórico y cultural", afirmó la Comunidad de Madrid tras el Consejo de Gobierno.

El anteproyecto que presenta la Comunidad "rompe" con esa dinámica y pone el foco en los documentos que producen los organismos públicos y en la forma de tratarlos, conservarlos y hacerlos accesibles, desde que nacen hasta que son eliminados; o bien son seleccionados para su conservación permanente "como evidencias fieles para nuestra memoria colectiva".

La protección de los documentos públicos, al margen de que puedan ser catalogados como bienes culturales protegidos, quedará asegurada contra la destrucción indiscriminada o dolosa en el propio ámbito administrativo.

Con esta futura ley, los documentos públicos se han de conservar y tratar convenientemente porque "son necesarios para la buena gestión, son garantes de obligaciones y derechos y permiten escrutar las actuaciones de los administradores y sus responsables, contemplando el derecho de acceso a los archivos vinculado a la legislación sobre transparencia", explicó.

En este sentido, las administraciones de la Comunidad de Madrid tendrán obligación de contar con una política de gestión de documentos que asegure la creación de aquellos que sean necesarios, así como su tratamiento, conservación y servicio, con las limitaciones de acceso que la legislación impone.

Además, se contempla que alcance a todos los documentos, independientemente de su formato, cuidando especialmente la gestión de los documentos electrónicos, por los que apuesta la Administración Pública a partir de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

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¿Cómo fue?
Asi que los vigilantes no somos "de confianza". O eso he entendido yo aqui, porque la verdad es que otra cosa no he entendido.

¿Quien va a custodiar al final estos documentos? ¿Quien es más "de confianza? ¿Existe alguien en quien se pueda confiar completamente?

Igual tengo a las neuronas de vacación veraniega, porque no se qué dice esta noticia realmente, si no es sólo eso que he expresado al principio.
¿Me estaré quedando tonta? Qué miedo.