El mundo oculto : Sograndio un polvorín

Miér 03 Feb 2016, 02:21

01/02/16

Sograndio, un polvorín

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-En menos de un año, se han producido decenas de fugas, agresiones, intentos de suicidio, un incendio provocado, y un motín. La empresa Alcor cobra 1,4 millones al año por la vigilancia

Lo llaman Centro Juvenil de Sograndio. Pero es una cárcel de menores, rodeada por una valla de seis metros de altura, que la separa del mundo exterior. Y como en cualquier prisión, hay altercados y conflictos entre los internos.

El año pasado se produjeron varias fugas, un incendio provocado, un intento de suicidio, agresiones, peleas, y el consumo de drogas no ha sido erradicado. Y 2016 comenzó con un motín.

El día de Año Nuevo, cinco jóvenes se atrincheraron en el comedor, y retuvieron a cuatro trabajadoras, hasta que fueron reducidos. La ‘revuelta’ ha vuelto a encender las alarmas en un centro inseguro para sus trabajadores y vulnerable en sus medidas de seguridad. Y así lo refleja el continuo goteo de fugas.

Los educadores denuncian falta de seguridad, y los vigilantes (35) aseguran que carecen de material (medios) para hacer frente a las situaciones violentas.

La empresa Alcor recibe del Principado 2,82 millones (468 millones de las antiguas pesetas) por realizar las labores de seguridad y vigilancia, pero es incapaz de evitar las fugas y los altercados.

Alcor, que también ‘vigila’ la Ciudad de Vacaciones de Perlora (510.000 euros) y el centro de menores de Miraflores, en Noreña (315.458), es propiedad del empresario gallego Carlos Somozas, detenido en octubre por fraude fiscal y a la Seguridad Social.

La redada y registro de sus oficinas, también alcanzó a Sograndio, donde fue detenida la coordinadora de seguridad del centro y delegada de Alcor en Asturias, Belén Rodríguez.

Cinco vigilantes por turno
Según el Principado, Sograndio cuenta con 35 vigilantes y 3 auxiliares. Pero solo hay 5 en cada turno de 8 horas. Cada vigilante controla uno de los cuatro pisos, y el otro está en el control de los accesos, un puesto que no puede abandonar.

Cuando hay un problema, y tienen que acudir en refuerzo de un compañero, casi todas las plantas y edificios del centro quedan sin vigilancia.

Así ocurrió el 1 de enero
cuando una pelea alertó a los trabajadores, que acudieron a separar a los jóvenes, momento en el que otros cinco internos aprovecharon para ‘atrincherarse’ en el comedor. Apilaron las sillas contra la puerta y arrancaron la pata de una mesa de acero, para utilizarla como arma. Retuvieron a cuatro educadoras, según los vigilantes, aunque el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, lo ha negado.

Hasta hace año y medio, había seis vigilantes por turno, pero ahora solo hay cinco. Aunque ahora hay unos 40 jóvenes cumpliendo condena, Sograndio tiene capacidad para 66. Casi 17 internos por cada vigilante.

Los trabajadores del Centro Juvenil de Sograndio han remitido una carta al Principado reclamando mayores medidas de seguridad en el centro, dirigido desde hace más de dos décadas por Manuel Ramos. Eva Hernández, educadora y portavoz del comité de empresa, reconoce que en Sograndio “el riesgo siempre está presente”, pero “la seguridad es muy mejorable”. Los educadores, que en ocasiones tienen que reducirlos y esposarlos, comparten el mismo punto de vista.

En Sograndio impera “la inseguridad”.
Las bajas laborales se han disparado, los puestos vacantes no se cubren, y se contrata a personal sin experiencia.
La “falta de control” es absoluta. El centro cuenta con 66 plazas, y unas 40 celdas están ocupadas por jóvenes conflictivos o con antecedentes penales. Los internos más peligrosos -violadores, asesinos- están en la primera planta (máxima seguridad), el resto se reparten entre la segunda y la tercera, y la cuarta planta reservada para las chicas.

Algunos internos superan la mayoría de edad, y rondan los 25 años. Fueron condenados siendo menores, y cumplirán sus penas en Sograndio. También hay internos extranjeros sin documentación, que afirman tener menos de 18 años, para evitar ser ingresados en Villabona.

Los trabajadores aseguran que la dirección del centro actúa “por decreto”. El director decide que chicos pueden disfrutar de permisos de fin de semana, a quienes están vetados (sin consultar a los tutores responsables de cada interno), y quién debe ser deportado (en caso de los internos extranjeros).

Algunos familiares han presentado varias denuncias por haberse vulnerado en Sograndio la Ley del Menor, pero la Fiscalía y el Principado siempre han respaldado a la dirección del centro. Colocar grilletes en los tobillos de un interno, o grabarles en sus celdas, está prohibido, pero los responsables del centro actúan con ‘manga ancha’. Por su parte, los jóvenes también infringen las normas. En las peleas, no solo utilizan los puños, tambien se han producido golpes con una bola de billar y amenazas con destornilladores.

El motín de Año Nuevo certificó que hay internos dispuestos a utilizar la violencia, provocando una situación de máximo riesgo, reteniendo a educadoras, y amenazando de muerte a los vigilantes. Aunque son menores, muchos cumplen condena por apuñalamientos, palizas y hasta homicidios. Y no tienen nada que perder, y además tienen fácil acceso a objetos punzantes y peligrosos.

En 2003, se pusieron en marcha los talleres de mecánica y construcción de Sograndio. Pero poner a su alcance martillos, destornilladores, o una radial, siempre implica riesgos.

El pasado lunes por la mañana, 3 de los 5 internos que se encontraban en el taller, se negaron a cumplir las órdenes, y arremetieron contra el monitor y el vigilante, lanzándoles herramientas y rompiendo cristales. Los incidentes durante las clases son una de las situaciones más peligrosas a las que se enfrentan vigilantes y educadores. “En un segundo, sin que te des cuenta, puedes tener a cuatro o cinco chicos armados a tu alrededor”.

Sin esposas ni porras
La empresa Alcor cobra 1,4 millones anuales por sus servicios de seguridad, pero los vigilantes de Sograndio aseguran que no tienen material suficiente para hacer frente a una situación violenta. “Durante una intervención nos quedamos sin grilletes (esposas) para inmovilizar a los chicos”.

En todo el centro solo hay tres escudos antidisturbios, y el personal no cuenta con la formación necesaria para utilizarlos (no se emplearon durante el motín de Año Nuevo).

Las defensas y porras también escasean, y las máscaras de protección antincendios están obsoletas. Por otra parte, los vigilantes que realizan las rondas nocturnas, tendrían que llevar armas de fuego, además de ir acompañados por un vigilante auxiliar. “La empresa cobra un plus de 150 euros por cada trabajador con permiso de armas, pero los revólveres han desaparecido. O no están, o los tienen bajo llave. No tenemos armas para patrullar”.

Intentos de suicidio
El centro de Sograndio cuenta con un psicólogo, responsable de jóvenes con desórdenes mentales y sociales, pero algunos familiares denuncian que la atención es insuficiente.

El año pasado, un interno que se encontraba en una de las celdas de aislamiento, intentó ahorcarse con una toalla. Un vigilante llegó a tiempo y pudo evitar su asfixia. Episodios como este son muy poco frecuentes, pero los cortes en los brazos son habituales. Los internos utilizan CDs para cortarse. “No se quieren matar, solo llamar la atención o conseguir una visita al hospital para intentar fugarse”.

Larisa, la asesina de Vallobín, continúa en Sograndio
Los 42 internos de Sograndio cumplen condena por robo, agresión, tráfico de drogas y hasta homicidio. Es el caso de Larisa L.R., condenada por los crímenes de Vallobín.

En 2009, cuando ocurrieron los hechos, era menor de edad, y fue sentenciada a la pena máxima: diez años de internamiento y tres de libertad vigilada. Larisa cumplió 21 años en marzo de 2013, y tendría que haber abandonado el centro para ingresar en Villabona. Pero el juzgado, la Fiscalía, la defensa, la acusación particular y los psicólogos de Sograndio recomendaron que permaneciera en el centro de menores. Y allí sigue, sometida a un fuerte tratamiento farmacológico.

En dos meses cumplirá 24 años, y comenzará una cuenta atrás. Cuando cumpla 25, y a menos que logre una rebaja de la condena, tendrá que ingresar en prisión.

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Otras fuentes.

02/02/16

Sograndio controlará el acceso de los menores a las sábanas «para evitar fugas»

Sograndio controlará el acceso de los menores a las sábanas «y cualquier otro material susceptible de poder ser utilizado en una fuga». También se ha levantado la valla y podado los árboles. Además, los vigilantes de seguridad tienen que incrementar los cacheos a los menores cuando entran en el centro.

Así lo aseguró ayer el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, durante su comparecencia ante la Junta General para responder a una pregunta del grupo parlamentario de Foro sobre los problemas que envuelven, desde hace un año, al único centro asturiano de reclusión de menores con condena.

Martínez volvió a reiterar que el equipamiento «es modélico para el conjunto del país» y recordó que es uno de los pocos centros «de carácter público que quedan».

Sus palabras, sin embargo, no convencieron al portavoz de Foro, Pedro Leal, quien le recordó todos los casos adelantados por EL COMERCIO. «En solo un mes llegó a haber tres fugas». Una de ellas, la más sonada, fue la protagonizada por dos jóvenes que se descolgaron por las vallas del centro utilizando las sábanas de su habitación.

«Hay 34 protocolos»
Para el diputado de Foro, «en el centro hay problemas», sobre todo porque un informe realizado por la propia familia y enviado, en mayo pasado, al departamento que dirige Guillermo Martínez «indica que el 61% de los profesionales está expuesto a riesgo y que la mayoría de la plantilla está insatisfecha».

Además, Leal llevó a la Junta las reclamaciones presentadas por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) sobre la ausencia de protocolo de seguridad y los fallos en el control de los internos, como el empleo de la fuerza o las cámaras de vigilancia.

A este respecto, el consejero evidenció su malestar contra la asociación de profesionales. «Se han dicho muchas falsedades y tergiversado cosas con un afán de notoriedad que no comparto. Se dice que no hay protocolo de seguridad y yo le puedo decir que hay 34», aseguró. Apuntó, además, que fue «la Defensora del Pueblo las que nos pidió que instaláramos cámaras de vigilancia. Pero aquí se dijo que eran ilegales».

En cuanto al enfado de la plantilla con la dirección de Sograndio, Martínez respondió que el dispositivo cuenta «con 35 vigilantes y 30 auxiliares para 30 internos», una cifra que, confesó, «no es la mejor», pero aseguró que tiene las manos atadas «por una reforma laboral que su partido votó y el mío rechaza».

Justicia sin recursos
Leal y Martínez también evidenciaron sus diferencias respecto a la inversión del Principado en Justicia. Mientras para el diputado de Foro «el servicio se encuentra en una situación lamentable y no lo digo yo, lo dicen los jueces y fiscales», para el consejero el problema radica en que «no nos han aprobado los presupuestos». Leal sentenció: «No hicieron nada desde 2013 y sí tenían presupuesto».

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Jue 04 Feb 2016, 18:40

Y tanto que es un polvorín, es el infierno en vida y entre rejas, para esos nenes que les han tratado mal en la vida cuando eran delincuentes.

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