Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tiemblan: denuncian a dos ministros en Francia por no actuar a tiempo contra el coronavirus.

okdiario.com
M.A. Ruiz Coll.
21/03/2020.

Aunque ahora la prioridad es salvar vidas y frenar el avance de la pandemia, llegará el momento de exigir responsabilidades penales por los más de mil muertos registrados hasta ahora en España a causa de la epidemia del coronavirus.

España puede seguir así los pasos de Francia, donde tres médicos han presentado una denuncia contra el primer ministro, Edouard Philippe, y la ex ministra de Sanidad Agnès Buzyn, por no haber tomado medidas a tiempo para detener la epidemia de Covid-19.

La denuncia ha sido presentada, en representación de un grupo de ciudadanos afectados, ante el Tribunal de Justicia de la República (CJR), el órgano competente para juzgar los actos cometidos por miembros del Gobierno francés en el ejercicio de sus funciones, según informó el jueves el diario Le Monde.

Los tres médicos que firman la demanda –Philippe Naccache, Emmanuel Sarrazin y Ludovic Toro– sostienen que tanto el primer ministro Philippe como la ex ministra de Sanidad «eran conscientes del peligro y tenían los medios de acción, que sin embargo decidieron no ejercer» .

«Un enemigo invisible y evasivo»

En su denuncia han incluido las declaraciones realizadas por la ex ministra Agnes Buzyn al diario Le Monde, en las que asegura que en enero advirtió al primer ministro sobre la gravedad de la epidemia del coronavirus y le avisó de que «las elecciones municipales probablemente no podrían celebrarse «.

Francia celebró el pasado fin de semana la primera vuelta de sus elecciones municipales con un récord de abstención: apenas participaron el 45% de los votantes. Tan sólo 24 horas después, el presidente de la República, Emmanuel Macron, canceló la segunda vuelta de los comicios y anunció drásticas medidas para frenar el coronavirus: decretó 15 días de cuarentena (que probablemente habrá que prorrogar, como en España) y el cierre de sus fronteras.

En ese momento, Francia alcanzaba los 6.633 casos de contagio y 148 muertes por coronavirus. «Estamos en guerra, en una guerra sanitaria. No luchamos contra un Ejército ni contra una nación, pero el enemigo está ahí, invisible y evasivo, y avanza. Esto requiere nuestra movilización general», declaró Macron en un discurso televisado.

Sin embargo, los tres médicos que han presentado la denuncia sostienen que, ya el pasado mes de enero, el Gobierno francés tenía datos suficientes para aconsejaban prohibir todos los eventos masivos y aplicar medidas de confinamiento, lo que hubiera permitido salvar decenas de vidas.

Las ministras infectadas en el 8M.

En España (donde este viernes se han superado las mil muertes por coronavirus), no sería muy difícil reunir las evidencias necesarias para demostrar ante los tribunales la responsabilidad penal del Gobierno de Pedro Sánchez, que autorizó y promovió las manifestaciones feministas del 8M, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea ya pedían que los Gobiernos cancelaran cualquier acto de participación masiva.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha reconocido en rueda de prensa que el domingo 8M a las 2 de la tarde ya conocía que la epidemia estaba totalmente fuera de control, pese a lo cual los dos partidos que forman el Gobierno, PSOE y Podemos, siguieron llamando a participar masivamente en las manifestaciones feministas.

En aquel momento, España ya llevaba más de 10 muertos por coronavirus, aunque el Ministerio de Sanidad dejó de contabilizar la cifra de afectados durante el fin de semana, para ocultar los riesgos. En los diez días que han transcurrido desde el 8M, la cifra de muertos por coronavirus ya supera las mil personas y España ya es el país en el que más rápido crece la epidemia. Con el principal foco de infección en Madrid, donde la manifestación feminista superó las 100.000 participantes.

Tanto la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, como las ministras Irene Montero y Carolina Darias, que también participaron en la manifestación, se encuentran infectadas por coronavirus, por lo que todo indica que el contagio entre las asistentes a las marchas feministas pudo ser masivo. Desde aquel momento, el crecimiento de la epidemia en España ha sido exponencial.

Sánchez no hizo nada en un mes.

Aquel mismo domingo se celebraron otros eventos con menor participación, como el Congreso de Vox en Vistalegre y partidos de fútbol con las gradas repletas de público en toda España. El Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias evitó suspender todos estos eventos pero, apenas 24 horas después, reconoció que la situación de la epidemia era crítica y comenzó a poner sobre la mesa las primeras medidas de confinamiento. Demasiado tarde para las más de 1.000 personas que ya han perdido la vida por el coronavirus en España.

Durante las cuatro semanas posteriores a la primera muerte por coronavirus (registrada el 13 de febrero en un hospital de Valencia), el Ministerio de Sanidad se limitó a aconsejar a los ciudadanos que se laven las manos. No hizo acopio de mascarillas (que ha comenzado a incautar ahora a empresas privadas) ni compró test de detección de la enfermedad, por lo que todavía hoy sólo se pueden realizar a las personas que presentan síntomas graves.

A lo largo de los últimos días, Podemos ha intentado tapar su responsabilidad en estos hechos dirigiendo ataques contra la sanidad madrileña y convocando una cacerolada contra el Rey Felipe VI. Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la epidemia en una gran campaña publicitaria en la que promete un «escudo social» a los trabajadores que se vean afectados por los efectos económicos del coronavirus.

RafaVs escribió:"Grano a grano se levanta la montaña"

Y clavo a clavo esté gobierno con su incompetencia e inmoralidad está clavando su ataúd político. Lo malo es que para éso está usando clavos humanos, y ya lleva más de mil...

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M.A. Ruiz Coll.
22/03/2020.

Denuncian a Sánchez ante el juez por prevaricación por permitir las marchas del 8-M en plena epidemia.

Un abogado ha presentado ante el Juzgado de Guardia una denuncia contra el presidente Pedro Sánchez y contra los delegados del Gobierno de 18 provincias por presunta prevaricación, por autorizar las multitudinarias manifestaciones feministas del 8M en plena epidemia del coronavirus.

La denuncia fue interpuesta el pasado jueves, 19 de marzo, ante los Juzgados de la Plaza Castilla de Madrid por el letrado Víctor Valladares, aunque deberá ser tramitada por el Tribunal Supremo, ya que el presidente del Gobierno tiene la condición de aforado.

En su escrito, Valladares señala que el 1 de febrero de 2020 se registró en La Gomera el primer caso de coronavirus en España, si bien esta enfermedad ya había provocado una grave alerta sanitaria en otros países como China e Italia.

El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades envió el 2 de marzo un informe a todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE), un informe titulado «Evaluación rápida del riesgo: brote de la nueva enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19): mayor transmisión a nivel mundial – quinta actualización».

El dictamen explica que «el 31 de diciembre de 2019, se notificó un grupo de casos de neumonía de etiología desconocida en Wuhan, provincia de Hubei, China. El 9 de enero de 2020, China CDC informó un nuevo coronavirus como agente causante de este brote. A partir del 2 de marzo de 2020 a las 08:00, se han notificado más de 89.068 casos de COVID-19 en todo el mundo, principalmente en China y en todas las provincias chinas».

«De estos casos», añade, «se notificaron alrededor de 9.000 casos de otros países. Hasta el 2 de marzo, 66 países habían notificado casos. El riesgo asociado con la infección por COVID-19 para las personas en la UE y el Reino Unido se considera actualmente de moderado a alto, según la probabilidad de transmisión y el impacto de la enfermedad».

El informe pedía a todos los Gobiernos de la UE que dictaran «medidas de distanciamiento social individual» y les instaba a UE «considerar la cancelación de las concentraciones masivas en casos excepcionales» , donde hubiera existido algún contagio local de coronavirus. El informe también pedía a los Gobiernos que recomendaran a sus ciudadanos «evitar acudir a actos multitudinarios«, como medida preventiva.

En aquel momento, 2 de marzo, tenía 114 casos contabilizados de coronavirus, una enfermedad sobre la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había dictado una alarma sanitaria «muy alta».

Pese a ello, señala la denuncia presentada por Víctor Valladares, seis días después y «sin seguir las pautas marcadas por la UE», las Delegaciones del Gobierno autorizaron la celebración de las multitudinarias manifestaciones del 8M, «con la anuencia, sin que existiera indicación o resolución alguna por parte del Gobierno central» para prohibir estas convocatorias.

La denuncia recuerda que en la manifestación del 8M de Madrid, a la que asistieron cerca de 120.000 personas, participaron la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, que pocos días después han dado positivo en el test de coronavirus.

España pasó de tener 114 casos de coronavirus el 2 de marzo (cuando la UE dictó su resolución) y 580 el 8 de marzo (día que se celebraron las manifestaciones feministas del 8M) a un total de 6.319 casos el 14 de marzo. De este modo, señala la denuncia, el número de casos por coronavirus ha crecido 45 veces más en España que en Italia, en el citado período. En estos momentos, España es el país en el que más rápidamente se propaga la enfermedad.

La denuncia acusa a Pedro Sánchez y a los delegados del Gobierno de un delito de prevaricación administrativa, de acuerdo con el artículo 404 del Código Penal, que establece una pena de 9 a 15 años de inhabilitación para la «autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo».

Según el denunciante, esta «resolución arbitraria» que ha lesionado el interés general fue adoptada por las Delegaciones del Gobierno, al autorizar las manifestaciones del 8M, «correspondiendo la responsabilidad criminal en concepto de cooperador necesario a Don Pedro Sánchez, presidente del Gobierno», por permitir la celebración de estos actos multitudinarios «plegándose a cualquier tipo de interés, salvo el de velar por la seguridad y salubridad de todos los españoles».