El Gobierno todavía no ha pagado la seguridad privada de los atuneros

El Gobierno todavía no ha pagado la seguridad privada de los atuneros

24 junio 2019

Los armadores de los barcos atuneros que faenan en Somalia ya lo habían advertido y el tiempo parece darles la razón. Pidieron que el Gobierno embarcara infantes de Marina en los barcos para evitar ataques de los piratas y el Ejecutivo sólo les ofreció una seguridad privada que, a la vista de lo sucedido la semana pasada, no está a la altura de las circunstancias.

Pero ésto no es lo peor, sino que tres meses después de que la ministra de Defensa, Carme Chacón, se comprometiera en el Congreso de los Diputados a financiar un 25 por ciento del coste de esta seguridad privada, todavía no se ha desembolsado ni un sólo euro. Y los problemas no se quedan ahí, ya que, como avanzó ABC el pasado 20 de diciembre, las armas de gran calibre, unas ametralladoras del calibre 12,70, no pueden entrar en las islas Seychelles, al impedirlo las autoridades.

Problemas

Dos meses después de que unos cien vigilantes de seguridad privada emprendieran su traslado a las islas Seychellles, donde los barcos atuneros tienen su base, han salido a relucir todos estos problemas. La espita de las críticas la ha abierto un grupo de estos vigilantes, que han regresado a España al no superar el periodo de pruebas.


Los armadores consultados por ABC reconocen que ha habido problemas con algunos de ellos, debido a situaciones de estrés y problemas familiares, y quitan importancia a la polvareda que han levantado otros, según su testimonio. Sin embargo, sí advierten que estos problemas son consecuencia de una «selección de personal que se hizo muy deprisa». De hecho, ellos sólo aceptaron la oferta del Gobierno como mal menor y como única salida a una situación insostenible, ya que los tripulantes se habían negado a salir a faenar mientras continuara la ofensiva de los piratas. «Nosotros solicitamos infantes de Marina porque son auténticos profesionales», recuerdan.

Pero mientras algunos vigilantes de seguridad denuncian la situación en la que se encuentran, los armadores cumplen «religiosamente» con lo que se comprometieron y pagan este servicio. Sin embargo, el Gobierno no hace lo mismo. A fecha de hoy, el Ejecutivo todavía no ha dicho cómo pagará el 25 por ciento del coste, al que se comprometió. Pero es que tampoco se reúne con el sector para ofrecerle una solución a un compromiso que, posiblemente, no pueda cumplir.

El problema de las armas no es baladí. El Ejecutivo, en su afán por frenar las críticas del sector, llegó a cambiar la legislación para que la seguridad privada pudiera utilizar armas de guerra, pero se olvidó un detalle, que antes tenía que contar con la autorización de las islas Seychelles.

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«Disparad y poned en el parte: «Sin novedad»»

24 junio 2019

El alicantino Ismael Nettah pidió una excedencia en la empresa de seguridad en la que trabaja para embarcarse como vigilante en el atunero «Txori Gorri», atraído por la posibilidad de vivir una nueva experiencia y por el salario prometido: 5.000 euros brutos al mes.

Apenas una semana después de subir a bordo, tuvo su primer contacto con los piratas. «Sobre las nueve de la mañana, avistamos un buque nodriza del que descendieron dos esquifes», relata. «Nos siguieron durante 20 minutos, pero luego abandonaron la persecución, porque hubieran tardado más de dos horas en alcanzarnos».

Desde que, el pasado 13 de noviembre, se inició la operación para proteger a los atuneros españoles en aguas de Somalia, los vigilantes de seguridad sólo han tenido que abrir fuego una vez. El 29 de noviembre, el «Ortube Berria» fue atacado con un lanzagranadas desde dos esquifes. Los agentes embarcados a bordo respondieron con fuego de ametralladora y fusil.


Los 54 vigilantes españoles tenían instrucciones precisas por parte de la empresa que les reclutó. «Nada más aterrizar en Seychelles -explica Ismael- nos dijeron: ante cualquier ataque, disparad, hundid el barco y luego ponéis en el parte: Sin novedad». Concluido el primer relevo de dos meses, la empresa rescindió el contrato de Ismael y otros cinco compañeros, alegando que no han superado el período de prueba.

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