La Generalitat de Cataluña paga 3 millones de euros al mes por dos cárceles que aún no están abiertas

La nueva prisión de Figueras (Gerona) no estará operativa hasta el mes de junio y la de El Catllar (Tarragona), a finales de 2015
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La Dirección General de Servicios Penitenciarios de Cataluña tiene dos cárceles construidas pero vacías: los recortes en el número de funcionarios de prisiones impedían ponerlas en funcionamiento. Ahora ya ha puesto fecha a la apertura de las prisiones de Figueras (Gerona) y El Catllar (Tarragona). Mientras tanto, la Generalitat tiene que abonar cada mes 1,5 millones de euros por cada una a las empresas concesionarias.

La orden de construir estos dos centros penitenciarios la dio el Gobierno catalán del tripartito que, con Pascual Maragall primero y José Montilla después, estuvo apoyado por el PSC, ERC e ICV-EUiA.

Las nuevas prisiones de Monte de las Basses (en Figueras) y de Mas d'Enric (en El Catllar) fueron construidas por un consorcio de empresas a coste cero: la amortización del pago se irían haciendo en forma de alquiler, a lo largo de 50 años.

Sin embargo, aunque ha pasado más de un año desde que terminaron las obras en ambas, y de que se encuentran listas para entrar en funcionamiento y acoger ya a presos, las dos cárceles continúan cerradas.

Millón y medio de euros al mes por cada cárcel vacía

Funcionarios de prisiones de Cataluña explican a El Confidencial Autonómico que la Generalitat está pagando cada mes, desde hace ya un año, un total de tres millones de euros a las empresas que construyeron los nuevos centros penitenciarios: 1,5 por el de Figueras y otro 1,5 por el de El Catllar.

Este pago mensual causa indignación entre los funcionarios de prisiones. “Es dinero que va a la papelera”, aseguran desde el sindicato CSIF.

También afirman que, a pesar de que este sea de hecho el método de retribuir a las constructoras, lo que no entienden es que las cárceles sigan vacías: “El gobierno catalán prefiere tenerlas inoperativas y seguir pagando cada mes este dineral”.

Hasta junio de este año y hasta finales de 2015

La Dirección General de Servicios Penitenciarios de Cataluña (que es la única autonomía con las competencias penitenciarias transferidas) les ha prometido a los sindicatos de funcionarios que en junio de este 2014 la prisión de Monte de las Basses, en Figueras, empezará a funcionar.

El retraso en la apertura de este centro penitenciario se cuenta por años: se empezó a construir en junio de 2008 y estaba previsto que estuviera operativo a finales de 2010 o principios de 2011.

En cuanto a la nueva cárcel Mas d'Enric de El Catllar, el Gobierno de Artur Mas no tiene previsto abrirla hasta finales de 2015.

Destinadas a aliviar la masificación carcelaria

Fuentes penitenciarias consultadas por El Confidencial Autonómico explican que, además de los tres millones de euros mensuales, la permanencia de estos centros cerrados provoca otros problemas. En primer lugar, de mantenimiento, ya que, aunque hay un retén de funcionarios encargado de velar por sus instalaciones, la no utilización hace que algunas de sus prestaciones se estén deteriorando.

Además, el objetivo de las prisiones de Figueras y de El Catllar era sustituir a las viejas cárceles de Gerona y Tarragona, respectivamente. Las nuevas cuentan con las instalaciones más modernas y unos sistemas de seguridad actualizados, mientras que los otros “son centros centenarios, sin las condiciones necesarias de salubridad, ni tallares de reinserción, y con problemas de seguridad”. De hecho, los funcionarios recuerdan la fuga de dos presos de Tarragona en mayo de 2013, cuando agredieron brutalmente a un mosso d'Esquadra que vigilaba el perímetro.

Por otro lado, está el asunto de la sobrepoblación carcelaria que soportan los centros penitenciarios que actualmente funcionan en Cataluña. Y, por último, las fuentes consultadas por ECA recuerdan que hay un grupo de 400 funcionarios de prisiones que aprobaron sus oposiciones para trabajar en las nuevas cárceles.

Sin embargo, la Generalitat aseguraba que no tenía dinero para pagar a esos nuevos funcionarios. Provisionalmente fueron repartidos por diversas prisiones, mientras que 500 trabajadores interinos fueron despedidos.

Muchos funcionarios que habían conseguido su plaza en Figueras o en El Catllar empezaron a planificar sus vidas de esa forma, y algunos se llegaron a comprar una casa en estas localidades. Sin embargo, aún no han podido empezar a trabajar en las prisiones que siguen vacías.

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