LA PASIVIDAD DEL DEPARTAMENT D´INTERIOR

LA PASIVIDAD DEL DEPARTAMENT D´INTERIOR

Mayo 2018

Vergonzoso, solamente han interpuesto 35 sanciones entre el 2016 y 2017.
Según nota de prensa: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] (Siguiente post ésta noticia)

El pasado mes de Febrero del 2018 solicitamos por registro al "Departament d'Interior" una revisión de todas las denuncias que habíamos puesto en los años 2015, 2016 y 2017, ya que aún no teníamos ninguna respuesta. Es penoso, que estando en Alerta 4 en terrorismo, estén con esta pasividad y descontrol permitiendo a las mismas Administraciones Públicas realizar tareas de Seguridad Privada con controladores o Auxiliares; entre Administraciones se tapan. Eso sí, después para sacar concursos Públicos de Vigilancia se permite la temeridad. Ya habréis leído en las publicaciones anteriores como el "Departament d'Interior" sanciona a empresas pero no al ICUB Ayuntamiento de Barcelona. Para finales de Junio 2018 empieza el montaje del "Teatre Lliure" que lo realiza el ICUB "Ajuntament de Barcelona",y ya están pidiendo a la empresa DIMOBA auxiliares para Vigilar durante 24h todo el material...

Si dedicasen más medios y eficacia con la cantidad de información con denuncias que presentamos seguro que se duplica anualmente. ADN Sindical Seguridad y Servicios de Cataluña como siempre al pie del cañón.

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El pánico a los okupas crea un nuevo sector dedicado a los desalojos privados

La polémica comenzó con los métodos al límite de la ley de Desokupa, una empresa que ficha luchadores de artes marciales, los llama mediadores y los envía a convencer okupas para que abandonen las viviendas donde han entrado. Pero su idea ha creado escuela. Siguiendo su estela han aparecido empresas como Gestokupa y Desokupación Legal, que tienen web propia y se anuncian en Google. Otras personas o grupos, más irregulares, ofrecen servicios similares en portales de clasificados como Milanuncios.com. Mientras tanto, Desokupa continúa su expansión. El dueño, Daniel Esteban, explicó al ARA previsto abrir pronto una nueva oficina en Mallorca, donde ya han hecho media docena de desalojos. Es un sector económico nuevo: el de los vaciadores de pisos, ya sea con métodos legales o más irregulares.

"No damos abasto -dice Esteban-. Recibimos unas 150 llamadas de toda España cada día ", asegura. Añade que Mallorca es una de las zonas más calientes, que ya actúan aunque no tengan oficina, y que justo esta semana tiene previsto realizar un desalojo en Ibiza. Siempre defensa que actúan cumpliendo la ley estrictamente, pero el Observatorio DESC se ha querellado en contra por sus "prácticas irregulares", que la concejala del distrito barcelonés de Ciutat Vella, Gala Pin, no duda en definir directamente como " mafiosas ".

........ (trozo que no pongo, ver enlace para todo completo)

Las peculiaridades del sector llegan hasta el punto de que una compañía de servicios inmobiliarios -Expannia- ha llegado a anunciar en el mismo portal de anuncios clasificados buscando un "director de seguridad titulado" para una "nueva empresa de desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente ". Pretendían subcontratar los desalojos a algún autónomo con titulación y sin antecedentes penales que estuviera dispuesto a actuar por encargo en la zona de Barcelona. La empresa ofrecía "trabajos por horas o días completos bien remunerados, según el volumen de servicios", a los aspirantes a desallotjadors de okupas.

Multa por La Bienaventurada

Algunas maneras de desalojar okupas oscilan entre la falta de ética y la ilegalidad. El jefe del Servicio de Seguridad Privada del Gobierno, Joan Camps, comunicó el mes pasado a ADN Sindical que había abierto un procedimiento sancionador a la empresa Elite Control por una presunta infracción muy grave de la ley de seguridad privada que podría llevar a una multa de entre 30.000 y 600.000 euros. El sindicato de vigilantes privados había denunciado esta empresa dos años antes. Trabajadores de Elite Control habían participado en el desalojo de La Bienaventurada, una casa ocupada en el barrio de Les Corts de Barcelona, ​​haciendo -como mínimo- tareas de vigilancia y control de acceso. Pero, tal y como avanzó ya entonces este diario, la empresa no tenía ninguna autorización para realizar tareas de seguridad privada.

Fuentes de ADN Sindical lamentan que haya costado dos años abrir el procedimiento sancionador y critican la "pasividad" del Gobierno ante el elevado intrusismo del sector de la vigilancia privada. El departamento de Interior sancionó 35 infracciones administrativas a la normativa de seguridad privada los años 2016 y 2017, según ha comunicado a la ARA. La mayoría de multas fueron por intrusismo, aunque también hubo para la contratación de personal sin la formación mínima exigida para este sector.

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